La distorsionada imagen del futuro de Puigdemont
La conclusión que se extrae de todo este panorama, incluida la reciente decisión de la JEC, es que el 'expresident' catalán ha hecho un buen negocio en lo económico
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Doy por supuesto que el lector que me honre con su atención está al corriente de los acontecimientos que se han enlazado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunció su sentencia sobre el surgimiento de la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras, con la correspondiente inmunidad, lo cual a su vez dio a fundamento a la extensión de la misma condición a Puigdemont y Comín.
A renglón seguido, se abre un debate, que, por cierto, no está cerrado sobre lo que ha de suceder si, siguiendo la opinión de la Abogacía del Estado, se pone en práctica el acceso de Junqueras a la toma de posesión como eurodiputado, pero acompañada de un regreso inmediato al cumplimiento de la pena impuesta, dejando de lado, por supuesto, la posibilidad de que en los acuerdos “secretos” entre el PSOE y ERC se haya incluido, como sugieren o denuncian algunos, la inmediata concesión de un indulto al líder de Esquerra.
La eventualidad de la concesión del indulto no es imposible, y a ello no se opone, aunque se diga, el rechazo que el interesado puedas haber mostrado hacia esa vía, cuyo inicio no está condicionado a que lo solicite el condenado. El indulto - por no hablar de una Ley de Amnistía que exigen en algunos sectores del independentismo- podría ser recibido como escándalo mayúsculo por buena parte de la ciudadanía, que, posiblemente, no reaccionaría tan críticamente con la más discreta vía del acceso a un grado penitenciario que permitiera la libertad de Junqueras.
Lo único realmente cierto es que la sentencia del TJUE "destinada" a Junqueras, ha beneficiado indirectamente a Puigdemont
Por otra parte, muy difícil sería indultar a Junqueras dejando en la cárcel a los demás condenados por la sentencia del 14 de octubre agitando pañuelos de despedida al compañero redimido, y, continuando con especulaciones carentes de base, es igualmente inimaginable que se indultara solamente a los condenados que pertenecen a ERC, excluyendo de la gracia a los que pertenecen al PDeCAT o Junts per Catalunya, bajo el argumento de que su Partido o Movimiento ha boicoteado las conversaciones entre el Gobierno y ERC. Si eso se hiciese, la dañada imagen de la función del indulto acabaría de corromperse definitivamente.
Todo eso es sabido y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que tiene más dificultades de entendimiento y explicación, por lo visto, aunque no debiera ser así, es la situación de Puigdemont. Lo único realmente cierto es que la sentencia del TJUE “destinada” a Junqueras, ha beneficiado indirectamente a Puigdemont y a Comín, y gracias a ella han podido obtener, de momento, una acreditación como europarlamentarios, a la espera del acta formal que conseguirán cuando el Parlamento comience sus sesiones ordinarias.
A partir de ese hecho cierto se han disparado, en relación con lo que significa la inmunidad parlamentaria del eurodiputado, ideas y afirmaciones que no son simplemente “voluntaristas” sino, simplemente, y desde el punto de vista jurídico, extravagantes o delirantes. Todas ellas se extraen de una particular visión de lo que supone la inmunidad parlamentaria. En opinión de Puigdemont y su corte de defensores y asesores, y esa es la quintaesencia de su pensamiento sobre la cuestión, el reconocimiento de la condición de eurodiputado comporta la inmunidad y una substanciosa compensación económica (lo cual es cierto) y esta supone la imposibilidad de que Puigdemont pueda ser detenido en ningún punto del territorio de la Unión Europea y que no pueda ser sometido a ningún proceso penal por hechos anteriores al acceso a la condición de eurodiputado (lo cual es falso).
En la cadena de dislates que se van acumulando destacan algunos con esplendor propio, como la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la Generalitat (imposible sin renunciar previamente a la condición de eurodiputado) o la de pasearse por Barcelona o Madrid acompañado de Comín sin poder ser detenido (también falso). Por supuesto que esa situación de intangibilidad e irresponsabilidad penal se extendería a toda la legislatura europea. Falso todo.
Algunos comentaristas se han lamentado abiertamente de la posibilidad de que Puigdemont haya conseguido una tribuna altoparlante para zarandear al Estado español, que, según sus partidarios, ha sido humillado por el TJUE. Desde su escaño europeo liderará a su Partido, gobernará Catalunya y, cual Moisés del siglo XXI, la conducirá a un Canaán de independencia.
Cuesta entender la facilidad con la que esa descripción de la situación se ha ido imponiendo, y cómo, una vez más, la negación de la realidad ha podido afirmarse como verdad indiscutible y triunfo del independentismo. Tal vez sea una necesidad táctica para mantener el fuego encendido, pero lo cierto y real es que, en primer lugar, el contenido de la inmunidad no es el que se ha divulgado interesadamente, sino algo mucho más concreto y reducido que solo alcanza a las opiniones y votos expresados en calidad de eurodiputado, y a nada más.
Cuestión diferente es que el eurodiputado no pueda ser sometido a un proceso penal, por cualquier hecho ajeno a la indicada condición de acto propio del eurodiputado, sin la venia de la Eurocámara, a la cual debe dirigirse la petición en forma de suplicatorio para someter a juicio al diputado. Ahí aparece con toda su fuera y significación un dato que el independentismo niega, a saber, que el Parlamento europeo concede más del noventa por ciento de los suplicatorios que recibe, y, a la vista de la composición de la cámara, no hay motivo para suponer que se vaya a hacer una excepción con Puigdemont cuando para la concesión del suplicatorio basta con la mayoría simple de la Cámara.
Concedido el suplicatorio, cuya tramitación puede durar más o menos meses, podrá ser juzgado, porque el Europarlamento habrá suspendido su inmunidad. Este extremo resulta de especial importancia para quién, como sucede en su caso, se encuentra huido y en situación de rebeldía, lo cual supone que se podrá o deberá cursar nueva orden de arresto y entrega, descartada la posibilidad de que el afectado decida acudir voluntariamente para someterse a juicio.
En esa situación, y conociendo la gallardía del personaje, no es descartable que opte por regresar a su escondite de Waterloo o de donde sea. Pero entonces su situación sería más complicada que la que hasta ahora ha tenido, pues sería poco probable – aunque no imposible, conociendo el percal – que los Tribunales belgas decidieran amparar a Puigdemont también en contra de la opinión del Parlamento Europeo.
La conclusión que se extrae de todo este panorama es que el Sr. Puigdemont ha hecho un buen negocio en lo económico, pues mantendría el escaño europeo y el sueldo hasta que en España se dictara sentencia condenatoria que incluyera la inhabilitación, pero seguramente se ha quedado sin la “tutela de Flandes”. Tras esa eventual condena ya no tendría nada, si bien hay que anotar que, según tradición europarlamentaria, no podría ser objeto de medidas como la prisión provisional, lo cual tal vez pudiera dar lugar a una nueva huida tras el juicio. Pero cualquiera convendrá conmigo que todo eso difícilmente se podrá presentar por el secesionismo como una nueva victoria del líder.
Por lo tanto, el discurso independentista sobre cual será el desarrollo de los acontecimientos es, en el mejor de los casos, voluntarista, cuando no abiertamente falaz.
*Gonzalo Quintero Olivares es Catedrático de Derecho penal y abogado.