La reforma del acceso a la carrera judicial en el nuevo pacto de gobierno

Los modelos de acceso a la carrera judicial y fiscal respetan la división de poderes y son escrupulosos con el derecho de igualdad, mérito y capacidad

Foto: Imagen de Sang Hyun Cho en Pixabay.
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La obsesión es una perturbación anímica producida por un idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente del paciente. Con carácter general, conlleva una insaciable necesidad de poseer y dominar el objeto del delirio, por eso su origen etimológico procedente de la palabra latina 'obsessio' significa asedio. Parece bastante razonable el considerar que si dicha anomalía trasciende de la mera esfera individual al superior juego político, aspirando a convertirse en un relato mediático, sus repercusiones pueden ser mucho más perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos.

La Justicia, lamentablemente, no ha sido ajena a la necesidad obsesiva de construir relatos que permitan poseer y dominar su campo de actuación. De este modo, el pasado 30 de diciembre de 2019, se desveló ante la opinión pública el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos denominado 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España', en cuyo punto 2.12 de forma escueta se abordaba el tema de una Justicia eficaz en cuatro apartados en que se dedica especial interés al modelo de acceso a la carrera judicial.

El referido apartado dice que se pretende modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual se inspirarán en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera judicial a través de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y la situación socioeconómica de los aspirantes.

Nada es nuevo en este punto, salvo que se pretenda seguir la consigna de Giuseppe Tomasi di Lampedusa cuando decía que “todo cambie para seguir igual”, puesto que se repite lo que ya se anunció el 3 de septiembre, por el presidente de Gobierno en funciones a la sociedad civil y al conjunto de fuerzas progresistas, sobre la 'Propuesta abierta para un programa común progresista' en la que se contenía el mismo propósito que el del actual acuerdo de gobierno, al que ahora se une la diferente condición sexual del aspirante y elude cualquier referencia a la carrera fiscal.

De igual modo a lo que tuvo lugar en septiembre, la gran mayoría de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales han vuelto a mostrar su rechazo a esta propuesta, particularmente porque este acuerdo pone el acento de su independencia en el modelo de acceso y considera que las diferencias socioeconómicas de los aspirantes son una cuestión que impide la igualdad de oportunidades. Además, ahora se introduce como novedad la necesidad de superar la desigualdad por razón de sexo en el modelo de acceso, desconociendo que el número de mujeres que acceden a la carrera judicial y fiscal es superior al 70%, todo ello sin perjuicio de que se pueda avanzar en una mayor representación femenina en la cúpula judicial y fiscal.

La propuesta en sus estrictos términos sigue ciñendo la reforma a una cuestión estrictamente ideológica, cuando el núcleo del debate debería aunar el máximo consenso de las fuerzas parlamentarias así como las del colectivo afectado, con independencia de etiquetas, al modo de un Pacto sobre la Justicia en que se aborden de forma completa todas las cuestiones pendientes.

Como ya decíamos en otro artículo, el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal no es una cuestión controvertida y no es políticamente responsable asediar al poder judicial en este momento creando relatos o supuestas necesidades sobre cuestiones que no son perentorias. El modelo actual es respetuoso con los principios constitucionales de igualdad del artículo 23.2 y mérito y capacidad del artículo 103 de la C, como se desprende del escaso número de recursos y la reducida litigiosidad en comparación a otros procesos selectivos. No existe, además, una demanda social sobre las supuestas desigualdades socioeconómicas o de género, menos aún para convertirlas en eje central de cualquier programa reformador de Justicia, salvo que existan otras intenciones.

Evidentemente, como ya se ha mantenido en numerosas ocasiones, se puede discutir la necesidad de establecer modificaciones a las pruebas de acceso para mejorarlas y que estas modificaciones contribuyan a un modelo de excelencia que ha dado hasta este momento buenos resultados. En este sentido, al igual que en otros países del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE, se podría añadir alguna otra prueba (idiomas, test de personalidad, etc.) que puedan completar el modelo técnico jurídico de acceso o incluso valorar ayudas económicas a través de becas a los opositores que les permitan dedicarse al largo periodo de estudio hasta su ingreso en la Escuela Judicial o Centro de Estudios Jurídicos (segunda parte del proceso selectivo), donde ya cobran como funcionarios en prácticas.

Un poder judicial sin independencia no es poder, los modelos de acceso a la carrera judicial y fiscal respetan la división de poderes y son escrupulosos con el derecho de igualdad, mérito y capacidad. No incurramos en obsesiones, ni generemos un debate sobre relatos inexistentes, bastantes tenemos ya, cuando lo que se encuentra en juego es el interés superior de España reflejado en la calidad de su Justicia.

*Antonio Zárate Conde, fiscal provincial de Madrid y exdirector del Centro de Estudios Jurídicos.

Tribuna
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