Ciudadanos y el centralismo democrático, ¿qué hacer?

La democracia liberal consiste en un juego de pesos y contrapesos, y aquí se han eliminado todos ellos: son impuestos por la ejecutiva nacional

Foto: Inés Arrimadas. (EFE)
Inés Arrimadas. (EFE)

Mucho se ha hablado estos días de la necesidad de que la próxima asamblea de Ciudadanos reoriente el partido y rectifique los errores que lo llevaron a la pérdida de más de 40 escaños en las pasadas elecciones. A la espera del resultado del debate, que se realizará en la próxima asamblea, nuestra gestora ha hecho públicos los dos documentos esenciales que propone para corregir dichos errores: el documento de estrategia y la propuesta estatutaria.

En primer lugar, el documento de estrategia recoge adecuadamente la necesidad de reorientar el partido al centro y plantear la posibilidad de pactos con los partidos constitucionalistas, excluyendo y tratando por igual a los populistas de ambos extremos. Es un buen punto de partida al que agarrarse. En mi opinión, faltan referencias a uno de los problemas graves de nuestro sistema en estos momentos, como es el surgimiento de partidos provinciales, provocado por el desapego de los ciudadanos de la España olvidada de los partidos tradicionales. También sería de agradecer un análisis más detallado autonomía por autonomía, dado lo diferente de las circunstancias históricas y políticas que condicionan nuestras decisiones en ellas. Sin embargo, creo que es un buen documento para comenzar el análisis.

El documento de propuesta estatutaria es asunto distinto. No existen cambios sustanciales en la estructura orgánica del partido ni en la toma de decisiones. Se crean dos nuevos órganos que son meramente cosméticos. Son órganos deliberativos, así se los llama, sin poder ejecutivo real, ni siquiera para fijar los asuntos a deliberar. En el caso de la convención (reunión de los coordinadores de agrupación), el orden del día lo fija la ejecutiva y el reglamento, el consejo general. En el del consejo de coordinación territorial, su composición se ve alterada por la presencia de todo el consejo permanente de la ejecutiva y el sistema de designación de los representantes autonómicos. Todos ellos dependen de la ejecutiva y ninguna de sus decisiones tiene carácter vinculante.

Todos los órganos del partido dependen del presidente. El/la presidente/a nombra a la ejecutiva, que nombra, a su vez, a los comités autonómicos y provinciales y a todos los coordinadores (antes conocidos como portavoces) autonómicos y provinciales. No existe, pues, participación alguna de los militantes, ni a nivel provincial ni autonómico, en la designación de sus órganos de gobierno. Desaparece, por tanto, el concepto de rendición de cuentas.

Los cargos solo rinden cuentas ante la ejecutiva, lo que provocará sin duda que quienes quieran progresar en el partido estén más atentos al dedo que los designa que a la voluntad de los militantes en el territorio. Esta decisión, aparte de carecer del espíritu democrático que se supone a un partido como el nuestro, entraña un notable riesgo político. Si nuestros cargos orgánicos, y nuestros candidatos, solo miran para arriba en la estructura del partido, perderán de vista los intereses y afectos de quienes sustentan el partido en el territorio. Si queremos que nuestro partido combata eficazmente el localismo, deberíamos pensar si esta es la estrategia correcta. En este partido se dice con frecuencia que no queremos 17 PSC, y yo lo comparto, pero deberíamos pensar si no estamos consiguiendo que un único PSC controle los 16 restantes.

No existe, pues, participación alguna de los militantes, ni a nivel provincial ni autonómico, en la designación de sus órganos de gobierno

La democracia liberal consiste en un juego de pesos y contrapesos, y aquí se han eliminado todos ellos. Todos ellos son impuestos por la ejecutiva nacional. Esta decisión, contraria a los principios liberales, no solo afecta a todo el poder orgánico, afecta también a nuestro poder judicial. La ejecutiva nombra directamente el comité disciplinario. Nuestros jueces son, por tanto, nombrados por nuestro poder ejecutivo.

Este comité sería el encargado de aplicar un régimen disciplinario que incluye un extenso catálogo de faltas graves y muy graves (curiosamente, no existen prácticamente faltas leves). Entre el catálogo de faltas, hay múltiples referencias a delitos de opinión. Cualquier manifestación grave de discrepancia con el partido, o que sea entendida como tal por el comité disciplinario, es constitutiva de falta grave o muy grave. El régimen disciplinario ocupa 10 páginas del total del documento.

Es casi el 20% total, si se incluyen las referencias a los deberes y los derechos, que en gran parte son también deberes. Debemos, por tanto, reflexionar si esta propuesta, de momento es solo una propuesta, refleja bien el espíritu de un partido que se dice liberal. En mi opinión, esta propuesta de estatutos está más cerca del modelo de centralismo democrático que de lo que debería ser la vida de un partido liberal del siglo XXI. Por tanto, es nuestra intención, la intención de un buen número de militantes y cargos públicos del partido, presentar enmiendas a estos documentos. Unas enmiendas que consigan el objetivo que todos deseamos: un partido liberal, fuerte por dentro y creíble por fuera. Un partido cohesionado, con unos militantes respetados y comprometidos. Un partido que ya cuenta con la mejor líder posible, Inés Arrimadas, pero que necesita una inyección de esperanza y de libertad en su funcionamiento interno.

Tribuna
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