La eficiencia del gasto público: el gran reto pendiente

Aunque no se conoce todavía el dato del déficit de las administraciones públicas correspondientes al ejercicio 2019, el promedio de las estimaciones del consenso de analistas lo sitúa en torno al 2,5%, lo que supondría una ausencia de ajuste con respecto al año anterior. Por su parte, el nivel de deuda pública continúa siendo muy elevado (96% del PIB), y sus tímidos descensos con relación al producto tienen que ver más con el avance en términos nominales de este último y no tanto, o no en absoluto, con la estabilización del 'stock' de deuda pública viva. A ello se le añade la cada vez mayor madurez del ciclo económico, cuyo deterioro se puede ver precipitado además por distintos shocks externos de incidencia global.

Todo lo anterior ha hecho emerger las lamentaciones sobre la "oportunidad pérdida" para haber llevado a cabo una decidida consolidación fiscal cuando el dinamismo de nuestra actividad parecía no encontrar techo. En todo caso, de poco sirve afligirse por el pasado. En su lugar, se debe aprovechar que el pulso de nuestra economía todavía responde para abordar, de una vez por todas, la urgente y necesaria consolidación presupuestaria.

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Habida cuenta de lo avanzado del ciclo, la forma en la que se lleve a cabo esta consolidación importa. En este sentido, se desaconseja en el actual contexto que el ajuste se realice vía incremento de los impuestos, ya que sus efectos negativos son de mayor intensidad y se extienden durante varios períodos: por cada punto de aumento de presión fiscal se produce una disminución real del producto de medio punto a corto plazo y de casi dos puntos a medio plazo. En su lugar, la corrección debería estar sustentada por el lado de la mejora de la eficiencia del gasto, manteniendo el nivel y la calidad de los servicios públicos, pero reduciendo su coste. Dicho de otra forma, la mejora de la eficiencia del gasto es el único ajuste factible que permite consolidar nuestras finanzas públicas sin comprometer nuestro crecimiento y empleo.

De momento, el gobierno presentó ayer una propuesta de un nuevo límite de gasto de 127 mil millones para el 2020 y de 131 millones para el 2021, lo que supone un incremento de casi el 7 por 100. Este aumento de la presencia del sector público implica una distorsión significativa para el crecimiento, ya que existe una fuerte correlación entre aumentos significativos del gasto público y el empeoramiento de su eficiencia. El sector público en España, al ser poco eficiente, absorbe una cantidad excesiva de recursos, sin, a la postre, cumplir sus objetivos de eficacia, pero siempre hipotecando el diseño de nuestro sistema fiscal. En este sentido, baste decir que la presión fiscal normativa es de un orden de un 8% superior en España a la media de la UE.

"De hecho, solo con esta medida nuestras finanzas públicas podrían cambiar su actual situación deficitaria por una de superávit estructural"

En economía lo que no se puede medir no existe, por muy importante que sea, lo que implica que no se puede tampoco evaluar y, por ende, mejorar. Por ello, el Instituto de Estudios Económicos ha intentado elaborar un nuevo "Índice de Eficiencia del Gasto Público" que pretende sintetizar y aglutinar las métricas internacionales que abordan esta cuestión, como la del Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. Según este nuevo indicador, para converger con el promedio de la OCDE, la eficiencia del gasto público en España tendría que mejorar en un 14%, lo que pone de relieve que el potencial de mejora de la administración pública española en este ámbito es significativo. De hecho, solo con esta medida nuestras finanzas públicas podrían cambiar su actual situación deficitaria por una de superávit estructural, sin necesidad de subir los impuestos.

Una reforma institucional clave es que la totalidad de agentes públicos rinda cuentas en tiempo real y de modo público no solo de su liquidación presupuestaria, sino también de sus indicadores de desempeño (output), como, por ejemplo, el número de usuarios, satisfacción del servicio, procesos gestionados, etc. Además, deben presentar también el volumen de inputs empleados en la producción, para que todos puedan construir ratios de eficiencia, y se puedan identificar, de este modo, las mejores prácticas al respecto en cada ámbito como condición previa para su generalización.

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La obligación de monitorizar y hacer pública la eficiencia por sí misma puede ser un motor de mejora continua, al contrario que en la situación actual, en la que las acciones positivas que en ocasiones asumen algunos gestores públicos, no solo no tienen reconocimiento, sino que son criticadas con el pretexto de que perjudican el servicio, ya que la única métrica de seguimiento es el volumen del gasto, mientras que la eficiencia en ocasiones permite reducir el gasto mejorando el servicio.

Una palanca obligada de eficiencia debe ser el aumento de la competencia, para lo que es necesario generalizar la colaboración público-privada en aquellas actividades donde sea posible. La externalización de servicios por parte de la administración permite apoyarse en el mayor grado de especialización y eficiencia de las empresas que los proveen, así como en los ahorros de costes derivados de sus economías de escalas, y en la mayor flexibilidad para ofrecer una respuesta rápida ante picos y situaciones extraordinarias de demanda. Tanto es así que se observa un estrecho vínculo entre el gasto externalizado por el sector público y la eficiencia de este último; y en este sentido, España se sitúa considerablemente por debajo de la media en lo que se refiere a la proporción de gasto público que se delega, directa o indirectamente, en el sector privado.

"Las deficiencias en la gestión del gasto público en nuestro país dan lugar a que se malgasten recursos de los servicios públicos que reciben la ciudadanía"

Las deficiencias en la gestión del gasto público en nuestro país dan lugar a que se malgasten recursos que no redundan en una mayor satisfacción o bienestar de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Esto es, que los recursos actuales bien gestionados deberían dar lugar a servicios públicos de mayor calidad de los que efectivamente se prestan, o si se quiere, que se podría lograr una calidad en el servicio público similar a la que ya disfrutamos con menos recursos de los actualmente disponibles.

Además, se ha demostrado empíricamente que la disposición de los ciudadanos a pagar sus impuestos está directamente relacionada con el nivel de eficiencia de su gasto público, y viceversa: en los países con mayor ineficiencia del gasto, suele haber un mayor nivel de incumplimiento fiscal, que se traduce en mayores pesos de la economía sumergida. Más allá de las consideraciones económico-financieras, es una cuestión de justicia social, tanto que acostumbran en la actualidad nuestros políticos a escudarse en este término, que los ciudadanos disfruten de un nivel de prestaciones públicas acorde a las contribuciones que realizan y que tanto esfuerzo le suponen.

Gregorio Izquierdo *Director General del Instituto de Estudios Económicos