Los Pactos de la Moncloa. Segundas partes

Segundas partes nunca fueron buenas. Hagamos algo diferente esta vez, porque la situación general también es diferente

Foto: Fotograma con doble exposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno celebrado el pasado jueves en el Congreso. (EFE)
Fotograma con doble exposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno celebrado el pasado jueves en el Congreso. (EFE)

Los Pactos de la Moncloa fueron la brillante respuesta de la joven (e inexperta) democracia española a la complicada situación económica que la conjunción de dos poderosas tesituras estaba produciendo. Se firmaron el 25 de octubre de 1977 en el Palacio de la Moncloa. Se trataban del 'Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía' y del 'Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política'. Las Cortes constituyentes los ratificaron entre el 27 de octubre (el Congreso) y el 11 de noviembre (el Senado) del mismo año.

Por un lado, el creciente impacto que la crisis del petróleo, ya bien instalada en los países avanzados, estaba empezando a producir en la economía española, que había empezado a sufrir tasas elevadas de desempleo e inflación, lo que era una combinación muy peligrosa, poco vista con anterioridad. Causada por un 'shock' de oferta (la restricción de la producción global de petróleo y su consiguiente encarecimiento), esta combinación, conocida como 'estanflación' (estancamiento con inflación), era el peor de los escenarios económicos: desempleo y debilitación de los estabilizadores automáticos.

Por otro lado, el cambio de régimen que trastocó el modelo económico imperante hasta entonces y las bases económicas y sociales que lo sostenían. Un modelo basado en, primeramente, la fuerte connivencia entre los poderes financiero, empresarial y político (sin división de poderes, a su vez), de corte 'corporatista', firmemente asentado en la recién industrializada economía española de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Y, en segundo lugar, un 'sindicalismo vertical', no de clase ni de gestión (como era el europeo), paternalista y 'protector' del empleo gracias al relativo aislamiento de la economía.

La fuerte dependencia energética de la economía y la rigidez del modelo productivo y social de la segunda mitad de los setenta, ambos rasgos permanentes durante todo el desarrollismo de los lustros precedentes, hicieron que la economía española no pudiera resistir el envite de tan intenso y repentino encarecimiento del petróleo cuando, al mismo tiempo, estaban saltando por los aires todas las mordazas de contención salarial y estabilidad del empleo o sociales y políticas en general. Añádase a esto la ausencia de estabilizadores automáticos suficientes (prestaciones de desempleo, pensiones, imposición progresiva, etc.) ante el creciente desempleo (del 5,7% en 1977 al 7,6% en 1978, según la EPA) y la inflación (que superó el 28% anual en agosto de 1977).

En resumen, una situación que resultaba de la conjunción de un grave 'shock' de oferta y un cambio de régimen socioeconómico y político en cuyo seno se jugaba la prosperidad del país y su propio destino político recién iniciada la vía demográfica.

El reto era mayúsculo y las fuerzas políticas y sociales, escasamente acostumbradas a jugar sus bazas democráticas, o tentadas incluso de aparcarlas momentáneamente para concentrarse en la supervivencia de empresa y empleos, lograron trabar unos pactos que abarcaban un gran número de dimensiones y compromisos. Para crear una verdadera Administración tributaria moderna que allegase los recursos de una gran reforma fiscal (aprobada el 14 de noviembre de 1977, tres días después de la ratificación de los pactos) y, con el tiempo (esto le correspondería al PSOE tras su victoria de 1982), desarrollase el Estado de bienestar, que era una aspiración general tan sentida, si no más, como la propia democracia.

En 1977, solo UCD y PSOE estaban en condiciones de liderar los Pactos de la Moncloa y comprendieron bien que la única forma de sacarlos adelante en aquella situación era incluir todas las demás fuerzas políticas y a los agentes sociales. Todos los partidos democráticos representados en las Cortes entonces fueron convocados, incluidos los grupos nacionalistas del momento, PNV y CiU, además de una efímera Convergencia Socialista de Cataluña y la Federación Catalana del PSOE (actual PSC). Alianza Popular solo se sumó al acuerdo económico. Entre los agentes sociales que los firmaron estaban CEOE y CCOO (pero no todas sus secciones), porque UGT y la CNT no quisieron sumarse.

Hoy, para vencer el Covid-19 y, sobre todo, para 'reconstruir' la economía española tras el desplome de las cadenas productivas y de pagos (y contrapartidas) y el consiguiente, pero derivado, 'shock' de demanda, se reclama desde el Ejecutivo un gran pacto. El nombre es lo de menos, se dice, pero todo el mundo evoca los Pactos de la Moncloa. Y se subraya: entre todas las fuerzas políticas y sociales.

Si se compara la composición de fuerzas políticas (parlamentarias) y sociales de 1977 con la de hoy, se constatan diversas diferencias que, en nuestra opinión, no van a hacer más fácil la consecución de ese gran acuerdo 'entre todos' (los actores políticos, se entiende). Se pueden señalar varias. En primer lugar, que los partidos nacionalistas de ayer son los partidos independentistas de hoy. Segundo, que los casi inexistentes partidos extremistas de ayer son los muchos partidos populistas de todo signo ideológico de hoy. Tercero, que hoy (damos por supuesto) no nos jugamos la democracia, aunque sí hay bastante que ganar en el sentido de una democracia avanzada.

Algunas de las diferencias anteriormente señaladas llevan a pensar que, muy probablemente, no es posible un acuerdo unánime. O que ni siquiera es deseable. Lo que dejaría como única alternativa con cierta viabilidad una 'gran coalición' entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP. Con adhesiones de partidos menores que no aspiren a desviar el carro económico y social de su ruta.

Los interlocutores sociales, CEOE, CCOO y UGT, deberían apoyar este acuerdo, unánimemente esta vez, porque les va en ello la supervivencia de las empresas, del empleo y, con el debido impulso a la productividad, de la justicia salarial.

España se encuentra también hoy ante un reto descomunal y doloroso: vencer el virus. Lo que va a exigir un elevadísimo precio económico y social. Un pacto es necesario, político, empresarial y sindical. Pero un pacto que, una vez vencido el virus, encauce los no menos enormes retos económicos y sociales de la 'reconstrucción'. Sin perderse en contenciosos territoriales, ni de derechos inabarcables, o que erosione la base de recursos accesibles, o que, por fin, desconsidere la realidad de los mercados y el avance de los competidores globales.

Los Pactos de la Moncloa. Segundas partes

Un pacto que encauce la 'revolución de la productividad' que necesita la economía española para encajar y, a la vez, beneficiarse de la era digital. Un pacto, en fin, que lleve al Estado a ordenar, lo antes posible, racionalmente, sus recursos para evitar que sigan ampliándose todas las brechas de la desigualdad. Y, tanto cuanto sea posible, revertirlas.

Segundas partes nunca fueron buenas. Hagamos algo diferente esta vez, porque la situación general también es diferente.

*José Antonio Herce es economista.

Tribuna