¿Cuál es la justificación del estado de alarma?

El Estado no puede garantizar que la gente no se muera, ni que no se contagie.

Puede y debe hacer sus mejores esfuerzos para evitarlo, pero no puede garantizarlo. Conviene aclararlo porque parece que el estado de alarma debe durar hasta que haya garantía absoluta de que no se producen ni muertes ni contagios.

Lo que justifica realmente el estado de alarma es evitar el colapso del sistema sanitario que se ha producido en los primeros momentos del brote de coronavirus en España. Dicho colapso podría llevar a un perjuicio irreparable del propio sistema de salud y a que no pudiese atenderse ni a los pacientes de coronavirus, ni a los de otras enfermedades.

Pero una vez se descongestionen los hospitales y se ponga de manifiesto que hay capacidad para atender a repuntes de la enfermedad, el estado de alarma perderá su razón de ser. Piénsese que en IFEMA se están clausurando ya algunos de los pabellones, aunque dejando las instalaciones de aire y gas por si hubiese una nueva urgencia.

Es también necesario recordar que, según datos del INE, se produjeron en España 427.721 defunciones en el año 2018 (1.172 al día o 51.568 en los 44 días que llevamos contando muertos por coronavirus en España), de los cuales 10.222 por neumonía y 1.175 por gripe. Son cifras sin duda inferiores a las del Covid-19 pero no desdeñables y que en ningún caso han motivado que se plantease la posible declaración de un estado de alarma. Tampoco han justificado restricciones a la movilidad el que hubiese 1.943 fallecidos por accidentes de tráfico, o 3.057 por "caídas accidentales", o 3.116 por "ahogamientos, sumersión y sofocación accidentales", o 3.679 por suicidio, o 325 por homicidio (según datos y denominación del propio INE referidos todos ellos a 2018).

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Si el Estado tuviese la responsabilidad de evitar todas las muertes debidas a causas distintas de la edad del fallecido, deberíamos vivir en un permanente estado de alarma. Dicho sea de paso, según las estadísticas del INE, nadie se muere "de viejo". No hay una edad oficial para morirse. De ahí que las 427.721 muertes de 2018 pudieran computarse como de causas anómalas distintas a la edad, y que contra todas ellas debiera luchar denodadamente el Estado. Lo que ocurre en realidad es que, a partir de cierta edad, es mucho más fácil contraer alguna de las enfermedades que sí aparecen especificadas como causa de muerte en las estadísticas del INE. Lo mismo parece estar ocurriendo con el Covid-19.

Desgraciadamente, nadie se atreve a decir que tenemos que convivir con la muerte, que tenemos que sufrirla todos los días, y que el Estado no puede garantizar la inmortalidad. El mero hecho de hacerlo puede hacerte parecer "poco compasivo" en el mejor de los casos, y "cómplice de asesinato" en el peor. La retórica política no tiene límites. Se oye mucho decir últimamente que "lo que nos importa son las personas". Pero es que, precisamente, en ese interés por las personas, no hay que olvidarse de los vivos. No hay que olvidarse de aquellos a los que se está condenando a muchos años de desesperanza y angustia, porque todavía les quedan muchos años que vivir sobre esta Tierra, y con muchas responsabilidades.

El estado de alarma tiene una gravedad extraordinaria desde un punto de vista económico, social y político y amenaza con producir unas consecuencias muchísimo más graves que las sanitarias derivadas de la epidemia. Millones de personas en paro, millones de alumnos sin formación y sin perspectiva concreta de vuelta a las aulas, sectores económicos enteros desmantelados o arrasados, cosechas pudriéndose, y un largo etcétera. Además, el actual estado de alarma está cercenando de forma gravísima derechos fundamentales, sin tener la habilitación constitucional para hacerlo.

¿Alguien se atreverá a decir que no es admisible cercenar derechos fundamentales a través de estados de alarma sin propósitos definidos?

En el próximo debate sobre prórroga del estado de alarma ¿alguien se atreverá a decir que su única justificación válida es evitar el colapso de un servicio público como la sanidad? ¿Alguien se atreverá a decir que la lucha contra la muerte tiene un límite ante el cual debe aceptarse la impotencia del Estado? ¿Alguien se atreverá a decir que no hay un máximo de muertes anuales tolerables por el Estado? ¿Alguien se atreverá a decir que no es admisible cercenar derechos fundamentales a través de estados de alarma sin propósitos definidos? ¿Alguien se atreverá a decir que las restricciones a la movilidad, al derecho de reunión, a la actividad laboral, a la libertad de culto, al derecho de manifestación y otros similares son atentados gravísimos contra la libertad y que deben durar el mínimo imprescindible?

¿Alguien se atreverá a ser tachado de poco compasivo con los muertos?

Espero que sí. Ese sin duda será el más compasivo con los vivos, y también con los propios muertos.