La censura no cura el coronavirus
Con las acciones que el CIS planteaba en su pregunta no se pretende de entrada actuar sobre los enfermos y su entorno. Tiene evidentemente un alcance de mucha mayor amplitud
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En su última encuesta, el CIS preguntaba a los ciudadanos si "creen que habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales". Más tarde, a raíz de unas declaraciones de su jefe de Estado Mayor, la Guardia Civil reconocía en su cuenta oficial de Twitter que, junto a las demás Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), realiza labores de "monitorización", destinadas "exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud".
La normativa sobre alarma y la relativa a la lucha contra las enfermedades infecciosas facultan a las autoridades sanitarias para adoptar medidas restrictivas de nuestros derechos y libertades, entre ellos la libre circulación, el derecho de propiedad o la libre empresa. La interacción de ambas normas, junto a las de privacidad, posibilita incluso acciones restrictivas de esta, en la medida en que sea "necesario y oportuno" para controlar a personas enfermas o a quienes hayan entrado en contacto con ellas. En esta línea se inscriben las recientes medidas de utilización de recursos tecnológicos, orientadas a un control y por tanto a una lucha más eficaz contra esta pandemia.
"Es claro que lo que el CIS da a entender en su pregunta no es otra cosa que la censura previa de contenidos informativos"
Con las acciones que el CIS planteaba en su pregunta no se pretende de entrada actuar sobre los enfermos y su entorno. El control sobre la información tiene evidentemente un alcance de mucha mayor amplitud. Y es cierto que de nuevo la interacción de la normativa de alarma y la de enfermedades infecciosas hace posible implementar las que en esta última se denominan "medidas preventivas generales", así como las que fueren "necesarias" para controlar la enfermedad.
Ahora bien, es claro que lo que el CIS da a entender en su pregunta no es otra cosa que la censura previa de contenidos informativos. Cuesta mucho creer que quienes en 1986 elaboraron esa ley que permite hacer frente a este tipo de enfermedades tuvieran en mente esa actuación para combatir estos males. Pero aun cuando así fuera, y por expreso mandato constitucional, ni siquiera el peldaño superior de nuestra legislación sobre emergencias, el llamado estado de excepción, permite recurrir a la censura previa a la hora de limitar derechos a través de ella. Si así ocurre con la excepción, tanto más con la alarma, como es natural.
La "monitorización" de las FCSE, por su parte, y por más que la nota referida no le atribuya otro fin que el de "detectar" bulos y desinformación, ¿qué otro cometido podría tener sino la retirada de contenidos? Evidentes razones de salud pública general permitirían considerar que desinformaciones escandalosas, como la que aseguraba la curación ingiriendo lejía, generan un "gran nivel de estrés y alarma social". Parece pues justificado instar su retirada, con la colaboración, se entiende, de los propios proveedores de Internet. Tampoco es difícil extender esta consideración, y subsiguiente reacción, a bulos sin directa incidencia en la salud pública (como el de ser capaz de contener la respiración 10 segundos o más).
Todo cambia, sin embargo, si esas supuestas noticias falsas consisten en meros puntos de vista divergentes respecto de las líneas de acción de las autoridades en esta crisis. No sería ya la salud pública la que motivaría la monitorización y posible retirada de este tipo de contenidos, con lo que también quedarían cegados los cauces del estado de alarma: solo el estado de excepción permite retirar una opinión o una información. Y en cuanto a esa suerte de "versión Covid-19" de un ministerio orwelliano de la verdad que el CIS sugiere, cualquier información referida a esta crisis podría obligatoria y fácilmente ser reconducida a esa fuente única y oficial de información, para ser, bien convenientemente amoldada, bien directamente eliminada. Una y otra cosa supondrían instrumentalizar la verdad, cuando, como Sócrates y Platón enseñaron, la verdad es un bien supremo, que nunca debe quedar al albur del poder de turno.
Uno de los padres intelectuales de nuestro sistema constitucional, el profesor Sánchez Agesta, enseñaba cómo este consagra un patrón "represivo" en materia de libertad informativa y de expresión: "Di lo que quieras, y si te excedes, responde". Lo opuesto es el modelo "preventivo": "Yo te diré lo que puedes decir o no, así te evitarás problemas". "Prevención" suena mejor que "represión", pero es patente que lo que este segundo modelo entraña es pura y simplemente la censura, la censura paternalista del contenido que no agrada. Nuestro sistema constitucional es radicalmente alérgico a la censura.
Otras limitaciones de derechos para combatir esta pandemia, en especial las relativas a privacidad, no solo son legales si se encuadran en las pautas normativas atrás citadas, sino que pueden ser muy eficaces a tal fin.
Las que pudieran llegar a limitar la libre expresión y los derechos de información serían, por el contrario, ilegales y, en algún caso, inconstitucionales. Y, en cuanto se proyectaran sobre Internet, serían también contrarias al ADN de esta Red, nacida abierta y libre. Por supuesto, serían además inoperantes contra el virus: la censura no ayuda a curar esta ni ninguna otra enfermedad.
*Pablo García Mexía es vicepresidente de Internet Society-España.
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