Es noticia
Tercer SOS agroalimentario: empleo rural o propaganda rural
  1. España
  2. Tribuna
Milagros Marcos Ortega

Tribuna

Por

Tercer SOS agroalimentario: empleo rural o propaganda rural

Se necesitan entre 150.000 y 200.000 trabajadores para las campañas de recogida de frutas y hortalizas. El Gobierno de España, en esto, tiene motivos para no lavarse las manos

Foto: La cooperativa de agricultores ecológicos del Petit Bané, de Vilassar de Mar (Barcelona). (EFE)
La cooperativa de agricultores ecológicos del Petit Bané, de Vilassar de Mar (Barcelona). (EFE)

Estamos ya inmersos en la tercera prórroga del estado de alarma. Más de cuarenta días confinados y la situación no invita para nada al optimismo. Más de 23.000 personas fallecidas en España, más de 205.000 españoles afectados ya por coronavirus, 33.000 de ellos sanitarios. Y todo esto, la semana en que muchos españoles pensaban que ya iban a poder volver al trabajo. La semana en que según las previsiones la pandemia iba a remitir; la semana en que el Gobierno nos había anunciado que ya contaba con el material de protección del que deberíamos haber dispuesto desde el principio de esta crisis. Sin embargo, ni la situación, ni las cifras, ni mucho menos las decisiones que se están adoptando generan esa tranquilidad y confianza que debería ser la base para encaminarse hacia el optimismo.

Esta semana, en pleno en el Congreso de los Diputados, todos los españoles hemos podido comprobar cómo la única evidencia científica que siguen los señores del Gobierno es la de “lavarse las manos”. No cabe ninguna duda de que la situación es complicada, por excepcional y novedosa, pero precisamente por eso, es más urgente que nunca escuchar a quienes sabe antes de tomar medidas y no “marear la perdiz”. Es tiempo de rigor, de decisiones firmes, consensuadas y rápidas, que transmitan seguridad y confianza. Y en su lugar, tenemos bandazos, propaganda, falta de criterio, precipitación, nocturnidad y alevosía, una situación que nada tiene que ver con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y que también están afectados por la misma pandemia.

"Casi cuatro millones de parados en nuestro país y el sector agroalimentario español clamando por mano de obra. Qué paradoja"

El sector primario no es ajeno a esta situación general. Tres semanas de anuncios de ayudas que no llegan a los sectores afectados: el ovino, el caprino, el vacuno, la lidia, el ibérico, el cochinillo, la flor cortada, el aceite, el vino, los lácteos. Todos ellos, hartos y desesperados, han empezado a buscar soluciones mirando hacia Europa o llamando a otras puertas ante la inacción de quienes tienen la competencia.

Esta misma semana lo hemos vivido en el Congreso de los Diputados con el real decreto-ley sobre empleo agrario, una norma que, a pesar de su enunciado, no da soluciones a la falta mano de obra en el campo para hacer frente a la recolección, en una situación —como la actual— de confinamiento y cierre de fronteras. Según los datos del sector, en este momento y hasta el mes de noviembre, se necesitan en España entre 150.000 y 200.000 trabajadores para las campañas de recogida de frutas y hortalizas. Casi cuatro millones de parados en nuestro país y el sector agroalimentario español clamando por mano de obra. Qué paradoja.

El sector agroalimentario, agricultores, ganaderos, industria y distribución lo están dando todo a cambio de nada. En estos momentos siguen al pie del cañón a pesar de los problemas: ya no tienen permitido hacer test, no tienen mascarillas, ni batas, ni guantes para llevar a cabo su labor con seguridad. No es de extrañar en estos momentos la falta de personal, tan comprensible como insoportable.

Foto: Recogida de espárragos en Guadalajara. (EFE)

Ellos y solo ellos están garantizando el abastecimiento. Todos sabemos que el desabastecimiento alimentario podría ser la antesala de una gran crisis social.

Casi cuatro millones de parados y el campo suplicando por encontrar trabajadores para recolectar. Es difícil, por mucha voluntad que se tenga, que no suenen a huecas las palabras del Gobierno cada vez que repiten que no van a dejar a nadie atrás. Y si no que se lo pregunten a los agricultores en el Valle del Ebro, a los que se dedican a la fruta de hueso en Aragón o Cataluña y tienen que recoger nectarinas, melocotones o ciruelas. Que lo pregunten en Huelva, en plena campaña de la fresa, a los que se dedican a la cereza en el valle del Jerte, a las hortícolas en Alicante, en Murcia, o Almería, al ajo en Granada, Córdoba y Cuenca, Albacete, al espárrago de Tudela o Guadalajara, a las cebollas y patatas en Castilla, Andalucía y Valencia, o a las uvas en Rioja, Castilla la Mancha, Galicia o Castilla y León.

Son solo algunos ejemplos de los alimentos que no tendremos si no hay personal para la recolección y que compraremos a otros países a precio de oro, cuando en este momento somos el octavo país del mundo en exportación alimentaria. La solución propuesta por el Gobierno a través del real decreto-ley a esta necesidad ha sido tachada de insuficiente e irreal por quienes necesitan de esa mano de obra urgente.

placeholder Los agricultores están teniendo dificultades para recoger el espárrago en Torre del Burgo, Guadalajara. (EFE)
Los agricultores están teniendo dificultades para recoger el espárrago en Torre del Burgo, Guadalajara. (EFE)

La norma, en primer lugar traslada la responsabilidad a las CCAA y a los empresarios. No es razonable que, existiendo un "mando único responsable" en esta situación, se les exija a aquellos que garanticen las condiciones de seguridad cuando les limitan la posibilidad de acceder al material para hacerlo. Una vez más, nadie sabe si el Gobierno apuesta por diecisiete modelos para resolver los problemas de la pandemia, o por un mando único que mira para otra parte.

En segundo lugar, la previsión temporal para aplicar los criterios del Real Decreto ley únicamente se extiende hasta el 30 de junio, cuando, como es sabido, las campañas llegan a noviembre. Por si fuera poco, la norma solo permite contratar a personas del mismo municipio o limítrofes, lo que no soluciona nada si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Teruel —provincia especialmente afectada por la despoblación—, se suelen contratar cada año 20.000 personas para la campaña del melocotón de Calanda.

Foto: Foto: EC

Pero lo más preocupante de todo es que la norma que viene a resolver la falta de empleo agrario, ni regula ni facilita la contratación de parados. Se limita a permitir compatibilizar subsidios y prestaciones de desempleo con la actividad temporal en el campo. Definitivamente cabe dudar si el gobierno ha entendido el problema, pero lo que es evidente es que el Real Decreto no incorpora soluciones.

En estos duros momentos, nadie entiende que en nuestro país no se estén adoptando medidas para atajar estas dificultades, sobre todo si tenemos en cuenta que, como dicen los castizos, "haberlas haylas", el sector ya las ha propuesto, son razonables e incluso la Comisión Europea ha autorizado algunas y ya hay países que las están aplicando.

"Definitivamente cabe dudar si el Gobierno ha entendido el problema, pero lo que es evidente es que el real decreto no incorpora soluciones"

Se trataría, básicamente, de intentar ajustar oferta y demanda para que 200.000 de los cuatro millones de parados puedan trabajar. Otra opción sería permitir la movilidad de temporeros entre Comunidades autónomas por el conocido como Corredor verde nacional, siempre asegurando las condiciones sanitarias precisas para ello.

Incluso, si no es posible cubrir estas necesidades con mano de obra nacional, pensar en inmigrantes, o autorizar el funcionamiento del Corredor Verde Internacional que la Comisión Europea ha permitido utilizar. Para hacer frente a esta situación, la propia Comisión ha reconocido a estos trabajadores como esenciales. España debe tener con ellos la misma consideración que ya tienen nuestros países competidores. No hay que olvidar que se trata de personas llevan muchos años viniendo a España a trabajar en la recolección y aún están en sus países de origen, Polonia, Hungría, Rumanía, entre otros. De hecho, en estos momentos hay dos aviones esperando autorización para venir a Cataluña a la fruta y otro para traer casi 300 esquiladores que necesitan los ganaderos de ovino.

placeholder El presidente de Asaja, Pedro Barato, en una fotografía facilitada por él mismo. (EFE)
El presidente de Asaja, Pedro Barato, en una fotografía facilitada por él mismo. (EFE)

Son personas formadas, capataces de explotación, peones, envasadores, etc. profesionales que conocen bien su trabajo. Reino Unido, Alemania, Italia o Francia ya están habilitando esta opción, con todas las garantías y controles sanitarios pertinentes, y con las condiciones de traslado y vivienda necesarias. Mientras esto ocurre en el resto de Europa, no se entiende que en España la regulación sea para limitar y no para garantizar la seguridad de movimientos que son necesarios dentro y fuera del país. Solo cabe pensar que el escollo está en que el Gobierno de España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no está en condiciones de asegurar los controles sanitarios pertinentes, porque desde luego, los agricultores tienen ya hechos los deberes, previstos los contratos, los movimientos necesarios, la vivienda, etc. Incluso las organizaciones agrarias han creado plataformas digitales para localizar mano de obra.

El medio rural no pide dinero, pide menos propaganda y más eficacia. En caso contrario los empresarios agrarios que hoy están suplicando facilidades para la contratación de trabajadores, mañana tendrán que cerrar sus explotaciones y pasarán, junto a sus empleados, a engrosar la lista del paro suplicando al Estado un subsidio. No piden dinero, piden que, con toda urgencia se autoricen los movimientos nacionales e internacionales necesarios como han hecho ya otros países, que se hagan las pruebas sanitarias pertinentes o se las dejen hacer a ellos.

Los agricultores, los ganaderos, la industria agroalimentaria, necesitan un Gobierno que no les deje abandonados, un Gobierno que les deje trabajar, que no les ponga trabas, un Gobierno que promueva el empleo rural y no la Propaganda rural. El Gobierno de España, en esto, tiene 200.000 motivos para no lavarse las manos.

*Milagros Marcos Ortega, política española del Partido Popular.

Estamos ya inmersos en la tercera prórroga del estado de alarma. Más de cuarenta días confinados y la situación no invita para nada al optimismo. Más de 23.000 personas fallecidas en España, más de 205.000 españoles afectados ya por coronavirus, 33.000 de ellos sanitarios. Y todo esto, la semana en que muchos españoles pensaban que ya iban a poder volver al trabajo. La semana en que según las previsiones la pandemia iba a remitir; la semana en que el Gobierno nos había anunciado que ya contaba con el material de protección del que deberíamos haber dispuesto desde el principio de esta crisis. Sin embargo, ni la situación, ni las cifras, ni mucho menos las decisiones que se están adoptando generan esa tranquilidad y confianza que debería ser la base para encaminarse hacia el optimismo.

Sector primario Comisión Europea