Urge una renta mínima
Nos dicen que es difícil, que son muchas las administraciones que tienen que coordinarse. Hagan lo necesario para evitar una catástrofe humanitaria en decenas de miles de hogares
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Desde el comienzo del despliegue normativo del Gobierno relacionado con el covid-19, estamos asistiendo a un continuo goteo de personas y colectivos que están viendo cómo su situación de desprotección frente la crisis se afronta, siempre bajo la propuesta o sugerencia de las organizaciones sindicales.
Primero, fueron los afectados por los ERTE, a los que se otorgó protección por desempleo sin periodo de carencia y con contador a cero para prestaciones posteriores. Después, fueron parte de los trabajadores temporales y las empleadas y empleados de hogar. Por último, los fijos discontinuos, y aquellos que vieron extinguido su contrato durante el periodo de prueba o que dejaron su trabajo en la confianza de encontrar otro. De una forma más o menos completa, se ha ido avanzando en el ámbito de protección imprescindible ante esta dramática situación.
Sin embargo, aún restan importantes colectivos que carecen de cualquier medio para subsistir y para los cuales la ausencia de esperanza de encontrar trabajo y la reclusión suponen directamente la condena a la indigencia.
Desempleados que han agotado sus prestaciones por desempleo o que las van a agotar en tiempo inmediato, despedidos de forma improcedente que no han generado derecho a prestaciones, temporales cuyo contrato no alcanzó los dos meses de duración o finalizó ante del estado de alarma, personas inmersas en la economía sumergida, etc. Podría seguir añadiendo colectivos a esta lista y el Gobierno articular respuestas más o menos suficientes de forma sucesiva para cada uno de ellos.
Ahora es imprescindible afrontar la terrible situación de muchas personas de este país
Pero esa no es la solución. La gravedad de la crisis requiere que con urgencia y con carácter extraordinario se ampare al conjunto de nuestra población, que nadie se quede atrás. No se trata, como señalan algunos miserables, de proteger a los vagos, sino de extender el círculo de protección social ante el que lo requiere y no puede hoy acudir a las vías ordinarias para garantizar su subsistencia y la de su familia. Por ello, exigimos constantemente del Gobierno y de las fuerzas políticas en general —y confiamos en su compromiso— un ingreso o renta mínima universal transitoria y de urgencia. Ya discutiremos más tarde si esta figura viene o no para quedarse. Ahora es imprescindible afrontar la terrible situación de muchas personas de este país.
Nos dicen que es difícil, que son muchas las administraciones que tienen que coordinarse. Coordínense, hagan lo necesario y lo imposible para evitar una catástrofe humanitaria en decenas de miles de hogares de españoles. Que nadie quede abandonado a su suerte en esta crisis.
*Pepe Álvarez es secretario general de UGT.