En la crisis sanitaria, "Agua del grifo, por favor"

La pandemia ha puesto en evidencia que es imprescindible el acceso universal al abastecimiento y saneamiento del agua para asegurar la salud pública

Foto: Un trabajador de una planta desalinizadora. (EFE)
Un trabajador de una planta desalinizadora. (EFE)

El pasado 23 de marzo, un grupo de expertos de Naciones Unidas señaló que no se podrá frenar la pandemia del coronavirus si no se asegura a la población más vulnerable el acceso a una cantidad suficiente de agua potable. Dicho de otra forma, es esencial el estricto cumplimiento del derecho humano al abastecimiento y saneamiento de agua para favorecer las condiciones de salubridad e higiene.

Garantizar este derecho requiere de una dotación suficiente de agua —que la Organización Mundial de la Salud estima entre 50 y 100 litros diarios por persona—, la calidad adecuada para su consumo, la aceptabilidad, accesibilidad y que sea asequible para todas las personas. Especialmente para aquellas que tienen bajos ingresos, pues su disfrute no debe impedir que esta población pueda satisfacer todas las necesidades esenciales, como la alimentación, la vivienda y la salud.

La pandemia ha puesto en evidencia que es imprescindible el acceso universal al abastecimiento y saneamiento del agua para asegurar la salud pública. Como también ha visibilizado, aún más, cómo la creciente mercantilización y privatización de estos bienes y servicios han mermado su eficacia pues se han recortado las inversiones en personal, instalaciones, materiales y en mantenimiento. En definitiva, en todos los factores imprescindibles para prestar un adecuado servicio que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías sociales, tal como lo señaló en febrero de este año, durante su visita a España, el relator especial de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos.

"Agua del grifo, por favor"

Por eso, diferentes colectivos, redes, entre los que se encuentra la Red Agua Pública, y campañas como "Agua del grifo, por favor", vienen exigiendo que un servicio básico para la vida y la salud de las personas sea de gestión 100% pública, no lucrativa, transparente, con rendición de cuentas, participativa y que priorice la función social y ambiental del agua. Porque este tipo de gestión es la que puede asegurar el adecuado cumplimiento del derecho humano al agua y la que puede responder de forma más eficaz a las necesidades que se crean en una pandemia como la que estamos viviendo. Con una gestión pública como la descrita no hubiera hecho falta un decreto que impidiera el corte del suministro a la población más vulnerable, porque de por sí garantizaría siempre el acceso a este bien de forma universal en cualquier momento.

En el contexto actual, impedir los cortes de agua a la población que no puede pagarla y que vive en condiciones muy precarias —infraviviendas, ocupación, impago de hipotecas, alquileres, etc.— ha sido una decisión gubernamental fundamental para cuidar la salud pública. Además, el agua de grifo en el Estado español goza de adecuadas garantías sanitarias, pues es uno de los "alimentos" con controles analíticos más completos.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus ha habido un crecimiento del consumo de agua embotellada

En cambio, desde el inicio de la crisis del coronavirus ha habido un crecimiento del consumo de agua embotellada; se ha estimado un aumento de las ventas del 67% entre los consumidores más preocupados por la pandemia y un 21% entre el resto de la población. Por eso es tan necesaria la campaña que ha iniciado la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) con el fin de informar que el agua del grifo es #SanaySegura y, por lo tanto, no hay justificación sanitaria para elegir aguas embotelladas.

La campaña "Agua del grifo, por favor" se suma a esta campaña porque, en el actual estado de alarma sanitaria, la forma más segura y saludable de abastecerse de agua es a través de la red pública de agua. A diario se toman las medidas oportunas para garantizar que el agua que se suministra cumple con todas las garantías sanitarias, de hecho, su cloración y potabilización asegura que está libre de cualquier patógeno, incluido el coronavirus. Es cierto que numerosos municipios tienen una gestión privada y que en estos municipios, u otros, el agua cumple con las garantías sanitarias pero no tiene un adecuado olor y sabor para su aceptabilidad. Los gobiernos municipales deben prestar ahora más atención a las propuestas que llevan tiempo realizando diferentes campañas y redes para remunicipalizar el agua y mejorar su calidad.

Es la mejor opción en términos de salud, por los controles que sigue y porque el 93% de las aguas embotelladas han presentado micropartículas de plástico que proceden del envase y del proceso de embotellamiento. Y también lo es en términos de ecología; reducir el consumo de agua embotellada también es reducir la presión sobre el 95% de los manantiales reconocidos en España que están siendo explotados por compañías embotelladoras de agua. Y también significa reducir la producción de la insostenible cantidad de residuos plásticos que producimos. En España se consumen 3.500 millones de botellas de plástico al año, cuyo reciclaje solo puede asegurarse en un pequeño porcentaje, contando con las tecnologías actuales.

En este sentido, el acuerdo del gobierno de la Comunidad de Madrid con Telepizza y Rodilla para proporcionar un menú infantil a las familias con renta mínima de inserción es impresentable desde cualquier ángulo. Desde el punto de vista de las alianzas público-privadas, se prioriza el beneficio de grandes empresas incluso en situaciones de fuerte crisis. Desde la perspectiva de la calidad de la alimentación para niños y niñas desfavorecidos es una medida opuesta a la alimentación saludable, equilibrada y de buena calidad que necesitan. Y, además, sirven agua embotellada cuando lo que se debería asegurar es el suministro domiciliario de calidad y sin coste.

Otra cuestión es qué hacer con los residuos plásticos que se están generando en la emergencia sanitaria que vivimos

Algo parecido ha ocurrido con el anuncio que ha hecho la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) para donar agua mineral a Cruz Roja con el objeto de ofrecérsela a la población más desfavorecida. Precisamente, la atención a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad requiere de todos los esfuerzos institucionales para proveer un bien básico como es el agua con la mayor garantía de salubridad, como es la que procede de la red de abastecimiento.

En el servicio de alimentación a población en situación de calle y en el ámbito hospitalario se está utilizando agua embotellada para que el personal sanitario minimice el manejo de objetos que puedan estar contaminados. Es en este contexto en el que se entiende la necesidad de agua embotellada que puede proveerse a partir de los operadores públicos del abastecimiento de agua. Estos ofrecen botellas de agua procedente de la red de abastecimiento, lo que asegura los adecuados controles sanitarios.

Otra cuestión es qué hacer con los residuos plásticos que se están generando en la emergencia sanitaria que vivimos. Según el Ministerio de Sanidad, la gestión de estos residuos en contacto con el virus deben incinerarse o, en su caso, depositarse en vertederos. Ecologistas en Acción considera que la mejor forma de gestionar estos residuos, y la menos contaminante, es el tratamiento convencional con el que se desinfecta por vapor y vacío y luego se procede a su tratamiento como residuos domésticos ordinarios.

En el caso de que haya personas enfermas de coronavirus que están curándose en sus casas, no es necesario el uso de botellas de plástico. Según el movimiento global #breakfreefromplastic, expertos médicos han explicado que el jabón y agua caliente es muy efectivo en la eliminación del coronavirus en envases reutilizables, por lo que siguen recomendando su uso cuando es posible realizar este tipo limpieza. También en esta situación, por economía, ecología y salud "Agua del grifo, por favor".

*Agustín Moreno y Erika González Briz, activistas de Ecologistas en Acción y miembros de la Red Agua Pública.

Tribuna
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