Libertad o igualdad, un dilema inútil ante la crisis post covid-19

Las crisis social y económica que la pandemia del covid-19 está causando va a cambiar de forma muy profunda muchos aspectos de nuestra sociedad. La aceleración del proceso de digitalización y la caída de todas las empresas y sectores de actividad que no se hayan sabido adaptar proactivamente a este proceso van sin duda a intensificar la concentración empresarial y de riqueza, la pérdida de valor de los trabajos menos productivos, y fruto de todo ello incrementar la ya grave desigualdad en nuestras sociedades, cada vez más incapaces de dar una respuesta a los amplios sectores de la población que parecen ir quedándose irremediablemente en los márgenes del sistema.

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En esta grave tesitura, se hace cada vez más importante planificar una reacción nacional coherente y capaz de ofrecer soluciones a todos esos nuevos retos. Ciertamente, la esperanza de que así se haga no puede ser muy alta, visto el panorama desolador que nos ofrece una vida pública cuya calidad ha caído a los más bajos niveles en nuestra corta pero fructífera vida democrática.

Gran parte de la responsabilidad la tienen una oposición dedicada compulsiva e irresponsablemente a utilizar la crisis para desgastar al gobierno como atajo para recuperar el poder cuanto antes, sin proponer medidas o soluciones alternativas y ni siquiera debatir o criticar la sustancia de cada una de las medidas que, con la misma urgencia e improvisación que en todos los países de nuestro entorno, se han tenido que venir adoptando. Esta responsabilidad la comparten unas comunidades autónomas que, cuando no centran toda su acción en la construcción nacional, se dedican llenas de gozo a hacerse fotos y a acusar al rival político de todos los problemas, en lugar de revisar coordinada y constructivamente las medidas colectivas y su adaptación. A la vez, el Gobierno no ha acertado a forjar un liderazgo nacional coherente, ni a corresponsabilizar y hacer copartícipes en la solución a las instituciones centrales, autonómicas y municipales que tienen la competencia de la gestión directa del problema, e incluso a una oposición que debería ser vista y tratada como un actor esencial en la construcción de la respuesta colectiva.

Esta falta de nivel del debate público hace más perentoria la necesidad de un análisis con la suficiente calidad y precisión sobre las medidas a adoptar para sacar a nuestra sociedad del estancamiento en la desigualdad, exclusión e ineficacia en que puede caer próximamente. Una apelación, sin más, a la bajada de impuestos como la panacea que todo lo resuelve, o una simple llamada al aumento del gasto social sin un análisis adecuado de sus estrategias no son suficientes.

La ortodoxia económica ha promovido, tradicionalmente, políticas de oferta basadas en la idea de que la desregulación y liberación en los mercados (financieros, de bienes y servicios, de trabajo) bastaría para mejorar la condición económica de toda la sociedad. Al brindar mayores oportunidades de creación de valor añadido y eficiencia, crecería la riqueza generada por las empresas, que acabaría filtrándose a toda a sociedad. Se da, así, más importancia al crecimiento que a la equidad, argumentando que la retribución de la meritocracia por los mercados es más justa, que el premio al emprendimiento incentiva la innovación, la asunción de riesgos y en último término el crecimiento, y proponiendo como medida estrella para impulsar ese crecimiento la bajada de impuestos, aunque sea a costa de debilitar las políticas sociales.

Frente a esta forma de razonar, en los últimos años los análisis críticos con los efectos de la desigualdad han recibido un nuevo enfoque. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE, defensores históricos del rigor presupuestario y la ortodoxia liberal, han adoptado un punto de vista mucho más matizado, cuando no opuesto. Al margen de los argumentos tradicionales a favor de las políticas de igualdad, basadas en evidentes razones éticas, de cohesión social o de fortalecimiento del sistema democrático evitando su apropiación por las élites, se pone un nuevo acento en el impacto que la desigualdad tiene sobre el crecimiento, que parece ser mayor de lo que hasta recientemente se venía pensando. Varios papers y documentos del FMI y de la OCDE destacan cómo las sociedades con mayores niveles de desigualdad presentan un crecimiento económico menos sostenido y resiliente, y se ven más afectadas por las recesiones.

Se observa que la desigualdad económica y social lastra de forma muy patente el crecimiento, no solo porque debilita la demanda, sino muy especialmente porque reduce las inversiones en capital humano y genera una mala asignación de esos recursos humanos y una reducción del nivel global de emprendimiento e innovación, especialmente por los pequeños empresarios. Y es particularmente interesante, como demuestra el primero de los documentos citados, que los efectos perversos sobre el crecimiento económico se multiplican gravemente cuando se reduce la movilidad intergeneracional; es decir, cuando los miembros de las capas socioeconómica y culturalmente más débiles no obtienen las mismas oportunidades de enseñanza y crecimiento profesional y económico. Por ello, van a ser capitales para nuestro futuro crecimiento económico las medidas sociales tendentes a dar oportunidades educativas y proyección laboral a estos sectores.

El documento de la OCDE pone el énfasis en la eficacia para reducir la brecha formativa de medidas educativas como la escolarización temprana (0 a 3 años), prevención del fracaso escolar y una efectiva igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad, en la que se integren conjuntamente niños y niñas de todos los orígenes sociales. Ello requiere, sin duda, un debate más riguroso que el que se viene desarrollando en nuestro país, presa de continuas contrarreformas educativas.

El análisis debe, con el debido rigor, focalizarse en la eficiencia social de los recursos que se invierten en educación. Nuestro sistema educativo sin duda adolece de una educación preescolar insuficiente, la carencia de un apoyo individualizado en función del nivel de cada alumno, la ausencia de una dotación de mayores recursos a las escuelas y áreas más desfavorecidas, o una inversión en enseñanza concertada que, sacralizando en teoría un derecho de elección de los padres que no es efectivo, impide la igualdad real de oportunidades (mediante el reconocimiento a los centros de la capacidad de influir en la elección de sus alumnos, el exagerado condicionamiento que impone el barrio de residencia de las familias o una exigencia, ilegalmente encubierta, de aportaciones económicas que deja fuera a las familias en situación precaria).

En un libro de reciente publicación, 'Confronting Inequality, How Societies Can Choose Inclusive Growth', de Jonathan, Loungani y Berg, economistas del FMI, ante el crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas, especialmente como consecuencia de las políticas aplicadas para salir de la gran recesión de 2008, y la ineficiencia y limitación del crecimiento económico que esta situación está originando, plantean cómo cabe prestar una atención más detenida a los efectos de las políticas que se ponen en marcha. Al margen del acceso a una educación y sanidad de calidad, cuya necesidad es evidente, aunque sus resultados se alcancen a un plazo algo más largo, apuntan a un mejor análisis de los efectos de esas políticas económicas en la última década.

La desigualdad no es un efecto inevitable y exclusivo del cambio tecnológico reciente. La política macroeconómica de los gobiernos puede y debe desempeñar un papel muy importante en este terreno, muy diferente del que ha venido jugando últimamente. En primer lugar, esas políticas se pueden diseñar para que sean más inclusivas, controlando sus efectos sobre la distribución, y evitando una regulación sesgada hacia su aprovechamiento por los poderes económicos. Los estudios muestran cómo unas políticas excesivamente centradas en los efectos macroeconómicos, con una liberalización irreflexiva de los mercados y una austeridad que necesariamente se ha traducido en recortes indiscriminados de gastos sociales han generado unos beneficios que no se han distribuido equitativamente entre las distintas capas sociales. Incluso, se desprende de esos estudios, las medidas de pura redistribución con un objetivo directo de reducción de la desigualdad (como la renta mínima de emergencia que ha sido propuesta recientemente desde el Banco Central Europeo), no son perjudiciales para el crecimiento: en tanto en cuanto su volumen y su diseño no eliminen los incentivos para el trabajo y la formación, los efectos positivos del incremento de la igualdad sobre la robustez del crecimiento económico compensan el limitado impacto que las mismas puedan tener en la asignación de recursos.

La lucha contra el fraude fiscal debe ser más eficiente y acometer la eliminación de refugios fiscales que incluso se generan dentro de la UE

A la vez, esas políticas deben corregir ciertos efectos perversos que se aprecian en nuestro sistema económico. Así, la lucha contra el fraude fiscal debe ser mucho más eficiente y acometer de una vez la eliminación de refugios fiscales que incluso se generan dentro de la Unión Europea (UE), y de paraísos fiscales y dinero negro. Ciertamente, esa tarea no puede emprenderse desde España en solitario, sino mediante la coordinación internacional, pero es esencial que ocupe un lugar central en la atención pública y se acometa con la necesaria decisión. También hay políticas microeconómicas que deben emprenderse de forma mucho más resuelta, como la prevención de la captación de rentas por grupos profesionales o económicos a costa de la sociedad, que no se acometen por su efecto difuso y su bajo perfil, y deben ser objeto de una atención mucho más decidida por sus resultados perversos sobre la redistribución.

En conclusión, España se encuentra ante una encrucijada que va a ser crítica para el desempeño económico en las próximas décadas, especialmente ante los intensos cambios que está experimentando el mundo. Por ello, las medidas que se tomen por nuestros gobiernos y parlamentos van a ser enormemente trascendentes. La superficialidad e irrelevancia de la actual lucha política no permite albergar muchas esperanzas en este terreno. Por ello, la colocación en el centro del debate de estos problemas y otros de análogo calado, y un mayor nivel de exigencia por parte de los ciudadanos frente a los poderes públicos van a resultar también esenciales.

*Pedro Garrido Chamorro es notario