Por el 'lawfare' al despeñadero

Hay un incremento del recurso a los jueces que revela poco respeto a la función del sistema penal, aunque la justificación sea que el debate parlamentario no puede excluir la 'iusta punitione'

Foto: Imagen de un juicio en Barcelona. (EFE)
Imagen de un juicio en Barcelona. (EFE)

La palabra 'lawfare' parece estar de moda: todo se pega menos la hermosura. Con ella se designa a la guerra jurídica o judicial que se emprende contra el adversario político en paralelo o a la vez que se usa la vía parlamentaria. En España, por lo que sea, estábamos acostumbrados a oír hablar de "politización de la justicia" o "judicialización de la política", como si fuera lo mismo que los políticos quieran influir en la Justicia y que los jueces quieran intervenir en las decisiones políticas. Parecía que la tendencia a llevar a los Tribunales los problemas que pertenecen al ámbito parlamentario había menguado. Pero no es así, sino que asistimos a un incremento del recurso a los jueces que revela poco respeto a la función del sistema penal, aunque la justificación sea, por supuesto, que el debate parlamentario no puede excluir la 'iusta punitione'.

No se repara en que, si el ejemplo cunde, la glosa de la personalidad del juez y sus motivaciones profundas (no las jurídicas) serán parte del menú

Que un político pueda tener problemas legales es indeseable pero no "excepcional", pero que los tenga por la acción de otro político y en relación con la propia actividad pública, es síntoma de una enfermedad del sistema. Eso no sucede en otros estados, por la sencilla razón de que no es posible ejercer la acción penal con la alegría e irresponsabilidad que en España se permite —a causa, especialmente, de la institución de la acción popular— pero también por mala educación parlamentaria y sentido de los límites de la contienda política. Al presentar al adversario como delincuente, en realidad, no se espera verlo en el banquillo, sino destruir su imagen como sea.

Para actuar así es claro que se acepta el "todo vale", y, siguiendo esa máxima, se puede descalificar también al juez que no obre al gusto del querulante político: se escarba en su ADN si se tercia, en su vida privada, en su familia, sus amistades o enemistades. Si, por el contrario, atiende la petición del partido político de que se trate, será elevado a los altares como bella síntesis de Temis y Salomón. No se repara en que, si el ejemplo cunde, la glosa de la personalidad del juez y sus motivaciones profundas (no las jurídicas) serán parte del menú cotidiano, y eso no será politización de la justicia, sino destrucción de su maltratada imagen.

Todo eso es, sin duda, un filón periodístico, pero la creencia en el "impacto electoral" es propia de la adolescencia política, en la que no se repara en el daño institucional. En ese mismo contexto se pueden situar las "filtraciones", que en España abundan cual goteras en techo viejo. Si se desea que algo se difunda, lo mejor es filtrarlo, y es claro que, dando la razón a McLuhan, el medio es el mensaje. En estos momentos la filtración 'top' es la del informe de la Guardia Civil sobre los prolegómenos de la manifestación del 8 de marzo, que, a su vez, tiene versiones y ediciones, cuya contemplación conjunta no arroja una valoración positiva del trabajo de sus autores, y se ha señalado, sobre todo, que ni la objetividad, ni la ausencia de juicios de intenciones, ni la exactitud adornan a un documento que algunos blanden como si se tratara de las 95 Tesis de Lutero, a pesar, se dice, de que el Gobierno, que se sabe tocado y hundido, finja no acusar el torpedo.

De ser cierto lo que ha trascendido, que es mucho, cuesta en verdad comprender el interés que alguien pudiera tener en dicho informe, cual si se tratara de una bomba de efecto retardado que había que intentar desactivar, cuando es un documento inútil en orden al fin perseguido, que es suministrar la base material y fáctica sobre la que construir las acusaciones de homicidio culposo, para lo que habría que retorcer la teoría de la imprudencia, y prevaricación omisiva, al margen de que esta última sea técnicamente inviable.

Se ha de renovar el CGPJ, y es una obligación constitucional cuyo incumplimiento se usa como "amenaza" por el Partido Popular

Claro está que, si se prosigue con la "criminalización" habrá que identificar al autor de la filtración y acusarle de algo, como pudiera ser alguna clase de infidelidad en la custodia de documentos, por decir algo, y así continuaría enriqueciéndose la banda sonora de este espectáculo, que, además, puede acabar con la declaración de nulidad de actuaciones por falta de competencia (art.238 de la Ley del Poder Judicial), pues la querella se presentaba contra aforados y no aforados, pero por un mismo hecho, y en tal caso la competencia era del Tribunal Supremo. Ni que decir tiene que, si ese fuera el final (otro final posible sería el sobreseimiento por la jueza) la reacción de los querellantes sería el consabido "respeto a la decisión judicial no compartida".

Lo peor es que la maltrecha imagen del sistema judicial puede deteriorarse mucho más todavía. Se ha de renovar el CGPJ, y es una obligación constitucional cuyo incumplimiento se usa como "amenaza" por el PP, que, por lo visto, no ve grave mantener la situación de prórroga indefinida. Pero en cualquier momento se dará el pistoletazo de salida a la carrera por ocupar los 20 sillones del Alto Organismo, solo que esta vez deberá conciliar muchas voluntades, salvo golpe de mano de los dos grandes partidos para un nuevo "reparto equitativo" vergonzante y excluyente de los demás. De la idoneidad personal de los aspirantes no es posible opinar antes de conocerlos. Vicios históricos, como la recompensa, el premio de consolación, la colocación del político desocupado, con toda seguridad serán anatemizados, como 'excusatio non petita' del que va a reincidir.

Problema no menor, antes, lo contrario, será el de la elección de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, tarea que se supone legalmente confiada a los vocales del CGPJ, pero estos han elegido siempre al que preseleccionaron los grandes Partidos que les proporcionaron el sillón, sin opción a opinar. Parece difícil que PSOE y PP estén dispuestos a renunciar a esa inconstitucional regalía, pero deben hacerlo, y no solo para que opinen los demás y cada uno exponga su previsible exigencia, sino por el bien del sistema. Sin duda es difícil, pero no imposible, pues podría comenzarse por dar libertad a todos los grupos políticos para que propusieran nombres, y, a partir de ahí, seleccionar, examinar y, por último, remitir al CGPJ una relación de candidatos para que de entre ellos eligieran.

Sería un proceso interesante y positivo, pero cuesta ver atisbos de esa imprescindible concordia cuando se quiere tomar a los Tribunales por palestras para la pelea política. Ojalá pudiéramos decir que tenemos problemas serios, pero no dramáticos, pero lo que sufrimos son problemas dramáticos, pero no serios.

Tribuna
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
6 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios