Un pisito con vistas a la recuperación

Si en 1968 los jóvenes salieron a la calle porque no querían vivir como sus padres, hoy protestan porque no quieren vivir peor que sus padres

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No dejar a nadie atrás en esta crisis provocada por la pandemia es el compromiso explícito del Gobierno y un imperativo moral para una sociedad que tiene todavía muy recientes las heridas dejadas por la crisis financiera de hace una década. Especialmente, las nuevas bolsas de pobreza a las que no llegan los mecanismos tradicionales del estado de bienestar y los jóvenes, con una elevada tasa de paro, contratos precarios e imposibilidad de emanciparse.

Tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), que ha significado un profundo cambio en nuestra política social, asegurar que los jóvenes, esta vez, no se queden atrás debe ser una prioridad que exige reformas de un calado similar.

Que nuestro desempleo juvenil (33% en abril) duplique la media europea y sea muy superior al del conjunto de España, no por habitual es más aceptable. Tenemos una generación de jóvenes, en cuya educación hemos invertido mucho, que contemplan cómo la idea del esfuerzo personal sirve de poco, en medio de un mundo donde sus horizontes de progreso social se han difuminado. Si en 1968 los jóvenes salieron a la calle porque no querían vivir como sus padres, hoy protestan porque no quieren vivir peor que sus padres. Que la pensión de jubilación media sea superior al salario medio de los menores de 35 años convierte el futuro en una distopía.

Si la pandemia ha golpeado sanitariamente a los mayores, la crisis económica y social que nos deja golpeará a los más jóvenes. Otra vez. La OIT habla de la "generación del confinamiento" y la brecha social generacional, abierta con la crisis de 2008, se está ensanchando con la pandemia. Ser joven hoy en España es formar parte de un grupo de alto riesgo que debe resignarse a posponer su emancipación, no digamos ya el tener hijos (la población española sigue disminuyendo), vivir con trabajos precarios y renunciar a formar un patrimonio inmobiliario propio, más allá del heredado.

Tenemos una generación de jóvenes, en cuya educación hemos invertido mucho, que contemplan cómo la idea del esfuerzo personal sirve de poco

Articular un plan de recuperación de la economía y de la confianza social que permita acortar los plazos de salida de esta crisis sobrevenida es fundamental. Y debe poner en su frontispicio abrir oportunidades para unos jóvenes que no pueden consolidar la idea de que esta sociedad les da la espalda.

Nadie discute la gravedad del impacto económico en 2020 de las medidas contra la pandemia. Ahí, el margen de actuación es estrecho porque todo depende de la evolución de la enfermedad y sus rebrotes. El debate que está abordando la comisión constituida a tal efecto en el Congreso es cómo asegurar una recuperación lo más rápida e intensa posible, a partir del momento en que la normalidad —relativa— se recupere. Y el tiempo hace crecer el escepticismo sobre una salida rápida, en V, como se habló.

El consenso entre expertos se sitúa en reconocer que tardaremos, al menos, dos años en recuperar el nivel de renta de 2019, pero que lo haremos con mucho mayor nivel de paro y de déficit público. Sobre todo, si no se abordan las reformas y medidas necesarias —para eso está la Ccomisión parlamentaria— con el objetivo de despejar las incertidumbres que amenazan con frenar el consumo de las familias —ahorro, precaución— y la inversión empresarial, a pesar de la liquidez existente.

Un programa de reconstrucción que quiera, en ese contexto, relanzar y reformar nuestra economía para no dejar a nadie atrás debe explicitar los vectores y los sectores que lo impulsan. Entre los primeros, desde luego, la sostenibilidad medioambiental, la digitalización y la productividad, aplicados como grandes fuerzas transformadoras a los cuatro sectores que seguirán siendo motores de nuestra economía, por nuestro conocimiento y capacidad para generar empleo: turismo, hostelería, automoción y vivienda. Y todo ello, acompañado de una nueva política social que, junto al IMV, ponga a los jóvenes en el centro del foco, en educación (crecientemente en línea), trabajo y vivienda.

Los expertos reconocen que tardaremos, al menos, dos años en recuperar el nivel de renta de 2019, pero que lo haremos con más paro y déficit público

Un reciente informe del Banco de España sobre el mercado de la vivienda señala que el principal colectivo con problemas de acceso son los jóvenes por su escasa capacidad de ahorro para el desembolso inicial (la entrada) y sus reducidos ingresos medios, que les limitan el acceso a una hipoteca e, incluso, al alquiler. Una política pública de vivienda que dé respuesta a esta situación no puede seguir actuando solo por el lado de la oferta (construir viviendas), sin incluir nuevas medidas que desbloqueen la demanda, el acceso.

Quizás, ahora que no hay burbuja especulativa, ha llegado la hora de mirar menos a los promotores/constructores y poner un mayor foco en los jóvenes y en sus problemas reales de acceso a una vivienda, porque amenazan con hacerse estructurales, como esa nueva pobreza a la que el Gobierno ha querido hacer frente con el IMV.

Impulsar una recuperación que no deje atrás a los jóvenes exige, hoy, desbloquear las dificultades que tienen para desarrollar el proyecto de vida autónomo que quieran llevar adelante, facilitándoles una realidad donde puedan vivir con dignidad. Y esto tiene tres patas: formación, condiciones laborales y acceso a la vivienda. Estaremos atentos a los trabajos del Parlamento.

Tribuna
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