Una deuda pendiente
La Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia es una necesidad para los menores de nuestro país y salda una deuda pendiente con quienes han sido y son víctimas de violencia
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Los defensores de los derechos de la infancia trabajamos con perspectivas de cambio a largo plazo. Muchas de las transformaciones requeridas en la defensa de los niños y niñas y sus derechos conllevan cambios culturales en su relación con los adultos. Desde UNICEF España sabemos que los cambios profundos requieren de pedagogía, sensibilización, rigor en la información que proporcionamos y un trabajo muchas veces callado de gestión, de 'lobby', con diferentes actores sociales y políticos.
No hace mucho, en el año 2007, España eliminaba el castigo físico hacia los niños y niñas del ordenamiento legal. Fue un trabajo muy arduo de las organizaciones de infancia sustentado también en las recomendaciones del Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas que, en repetidas ocasiones (1994 y 2002), había solicitado a España ese importante cambio que, como señalaban algunos titulares de aquellos años, dejaba el bofetón a los niños fuera de la Ley. Quizá ahora nos parece aberrante, pero, no hace tanto, el llamado derecho de corrección permitía legalmente ese bofetón como herramienta coercitiva, "educadora".
El pasado día 9 de junio, el Gobierno aprobó llevar al Parlamento el Proyecto de Ley de Protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia, que recoge el trabajo de muchas organizaciones defensoras de los derechos los niños y de las que atienden a niños y niñas víctimas de abusos y violencia. Esta Ley supone un cambio de paradigma en la protección de nuestros niños y niñas frente a la violencia. Algunas de las medidas más importantes que se recogen en el texto legislativo están orientadas a ese cambio antes señalado: la necesidad de comprometernos como adultos en la protección de los niños. Así, por ejemplo, se señala la obligación de los adultos de comunicar cualquier indicio de violencia contra un niño a las autoridades o la obligación de los centros educativos, sanitarios, de ocio o deportivos de establecer protocolos de detección y actuación, además de crear en los colegios la figura del coordinador de bienestar y protección que será una figura importante en la lucha contra el 'bullying' y otros tipos de violencia o abuso.
En 2007, España eliminaba el castigo físico hacia los niños del ordenamiento legal. Fue un trabajo muy arduo para dejar el bofetón fuera de la Ley
El proyecto de Ley mantiene una visión integral del problema de la violencia teniendo en cuenta la prevención, la concienciación y la atención, recogiendo que la Ley deberá contar con una estrategia y una dotación presupuestaria para su desarrollo. En su espíritu está el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, reforzando algunas medidas del principio de interés superior del niño: especial protección a los niños y niñas menores de 14 años o con discapacidad con la obligatoriedad de que solo se produzca un interrogatorio, evitando la victimización secundaria al repetir en varias ocasiones los sucesos en el proceso judicial. Otro elemento a destacar es que el cómputo de prescripción para los delitos graves contra menores comienza a partir de que la víctima cumpla los 30 años, lo que permitirá que muchos de los delitos graves, que hoy prescriben por falta de denuncia, puedan seguir adelante.
La ley de infancia retrasará la prescripción de los delitos a menores hasta sus 30 años
Hace 10 años que el Comité de los Derechos del Niño recomendó a España que, con carácter de urgencia, elaborara una ley integral para la erradicación de la violencia contra los niños. En el camino, hemos estado trabajando para que la ley sea una realidad. Hemos alcanzado muchos hitos para llegar a este punto. Destacaría la visita de la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Infancia, Marta Santos Pais, que hace dos años mantuvo distintas reuniones para ayudarnos e impulsar la ley con el Gobierno central, partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Todo este proceso, que llega ahora al Congreso, está cuajando acciones, propuestas y trabajos de personas muy comprometidas que, desde distintos ámbitos, han canalizado el trabajo para alcanzar este logro; en este sentido conviene destacar el papel jugado por la Plataforma de Infancia de nuestro país.
La violencia y el abuso contra los niños no son admisibles en ningún contexto o situación. Esperamos que en la fase de tramitación parlamentaria esta sencilla afirmación prime en los debates. Seguro que si todos los parlamentarios y parlamentarias tienen en cuenta esta máxima, la tramitación de la ley será consensuada y pronto cerraremos un déficit, una laguna inmensa que ahoga a miles de niños, niñas y adolescentes.
**Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España.