La cacería del Rey

Se ha emprendido una cacería en toda regla contra el rey emérito. En ese clima de montería se pueden apreciar dos planos principales (los subsidiarios son infinitos): la valoración jurídica de los hechos que se atribuyen al ex Rey y el aprovechamiento para disparar contra la Monarquía como forma de gobierno.

No es un secreto que la Fiscalía del Estado decidió investigar los hechos atribuidos al rey emérito relacionados con la obra del AVE a La Meca, por si fueran constitutivos de delito, hipótesis que a su vez tiene que centrarse en los tiempos posteriores a 2014, cuando perdió su inviolabilidad tras abdicar. Sin esperar a resultados de esa investigación, se han pronunciado muchas opiniones jurídicas, muchas equivocadas o malévolamente deformadas. La primera, la reiterada mención a “comisiones” percibidas, cuando cualquiera sabe que una comisión es la cantidad que se cobra por facilitar un negocio y que abona el vendedor al intermediario, no el comprador.

El supuesto regalo del rey de Arabia saudí es eso, y no una comisión, y los motivos que hubieran podido determinar la decisión del rey saudita no creo que afecten al crédito del Reino de España, por más que se empecinen los monteros. Se insiste en que eso sucedió antes de 2014, como si esa fuera la razón de no ser un hecho perseguible cuando no lo es por sí mismo.

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Se abre, en opinión de algunos, un posible delito fiscal, también prescrito si se quiere referir a un ingreso recibido en 2012 y, como eso es también evidente, hay quien dice que siempre quedaría la posible acusación de blanqueo de dinero en base al camino que hubiera seguido el dinero regalado por el Rey saudí. Pero de nuevo se olvida el derecho, o se manipula: el blanqueo exige inexcusablemente que el dinero proceda de un delito, y ese delito, incluso delito tributario (tema discutible pero no en este momento), ni existe ni puede existir por la razón antes indicada. El regalo en cuestión, volviendo al tema, se produjo hace más de ocho años, lo cual envía a la prescripción cualquier obligación tributaria que pudiera generar su transitorio paso por la posesión de don Juan Carlos.

También se habla de beneficios que hubiera podido obtener el ex Rey con posterioridad a 2014. Desconozco si eso es o no cierto, pero, en todo caso, no serán rendimientos del famoso regalo, que fue a parar a la sra. Larsen. Esa donación se presenta como si fuera una acto delictivo. El tema puede merecer todos los comentarios y chismes que se quieran, eso es inevitable, como lo es el que se censure la vida privada del anterior rey. Pero los juicios valorativos sobre las razones o finalidades de dicha donación son totalmente gratuitos y su significación jurídica empieza y acaba en esa simple calificación de donación, y las declaraciones de la beneficiaria de esta, con sus consecuencias tributarias para ella, tampoco merecen especial respeto, a la vista de la trayectoria de la señora, que, repentinamente, es ungida con la presunción de veracidad olvidando que lo que está haciendo es defenderse.

Se rompen vestiduras por la posibilidad de que el rey emérito hubiera aceptado un regalo del Rey de Arabia, pero también se olvida que muchos son los empresarios españoles que en su día y aprovechando viajes del entonces Rey cerraron buenos negocios, aunque ahora parece que nadie se acuerda. En la línea del destrozo he llegado a oír a algún tertuliano que don Juan Carlos hubiera debido ser acusado también en el proceso contra su yerno, porque todo era parte de lo mismo. ¡Menudo dislate! Pero son manipulaciones impunes en nombre de la libertad de opinión, y así hay que respetarlas. Otra cosa es creérselo, lo mismo que sucede con los inmensos depósitos que se le atribuyen con base a informaciones no contrastadas.

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Rafael Méndez

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La ocasión la pintaban calva, y UP, con ERC, JxCat, CUP, PNV, Bildu, Más País, Compromís y BNG exigieron una comisión para actuar en paralelo a la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual, a su vez, advirtió que tan solo investigaría los hechos ulteriores a la abdicación, producida en 2014. Ese es el primer punto de discrepancia, pues quienes demandan la creación de una comisión no aceptan límite alguno, lo que equivale a despreciar la inmunidad constitucional.

Llegamos así al otro plano: la artillería contra la monarquía. La indiscutible contribución de don Juan Carlos a un largo período de paz se ha olvidado y, siguiendo la extraña lógica de los críticos, el descubrimiento de sus aventuras privadas descalifica y anula su labor institucional. Produce sonrojo o risa ver al líder de Podemos lanzando virulentos ataques contra todos, incluida la prensa, por haber entrado en su intimidad, atribuirle líos varios o relaciones inconfesables: si realmente fuera coherente debería abandonar toda actividad pública en lugar de ser el motor de la exigencia de revisar la forma constitucional del Estado, aprovechando, como se dice coloquialmente, que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Es de ver que los que exigen una comisión de investigación eluden hablar de pecados personales, pero inevitablemente caen en la idea de que esos pecados no solo desdoran la imagen del ex Rey, sino que afectan a la existencia misma de la monarquía. El nexo de causalidad entre una y otra cosa es del todo inexistente, pero eso no es obstáculo para, como ha dicho el propio Iglesias en carta a sus fans, revisar la función de la monarquía, irremediablemente estigmatizada.

Se olvida que muchos empresarios españoles, en su día, aprovechando viajes del entonces rey Juan Carlos cerraron buenos negocios

Según Iglesias, el presidente Sánchez está en el fondo de acuerdo con él, y por eso no piensa cruzarse en el camino redentor del vicepresidente, pero tampoco seguirle. La razón tanto puede ser la convicción de que plantear en estos momentos el tema de la forma de Estado es un desatino, como también lo es el canto a las supuestas ventajas de una República al gusto de UP, y prefiere dejar que su socio de gobierno se meta solo en el charco. También puede ser que esté, en el fondo, de acuerdo, cosa que no creo, pues nuestro actual panorama es de una gravedad extrema y es una tenebrosa frivolidad abrir frentes políticos claramente orientados a rebañar apoyos populares que mantengan viva la opción política representada por quien coloca en primer plano el problema de la monarquía.

Precisamente por eso, y porque es injusto y es inconveniente, no puede despacharse con el silencio. No se puede esperar que Sánchez defienda al rey emérito con la claridad con la que en su día lo hizo Felipe González. De eso no hay duda, como tampoco la hay de que, entre las preocupaciones de Sánchez, con la que está cayendo, no está, aunque debiera, fomentar el respeto a la monarquía. Pero eso no debería incluir la tolerancia a que su socio de gobierno quiera seguir en su permanente metamorfosis de ida y vuelta entre miembros del Gobierno y líder de asamblea de Facultad, que en horas bajas elige el tema de la monarquía para remontar en las encuestas.

Alguien dijo que lo mejor de la monarquía española es que la defienden personas que en realidad no son o no somos monárquicos, y es verdad. Y por algo será.