Carta abierta al presidente de la comisión bicameral de control de RTVE

La principal razón de esta misiva se encamina a pedirle a Vd. que promueva la inmediata reanudación de un proceso cuya parálisis perjudica sobre todo a la radiotelevisión pública del Estado

Foto: La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, comparece ante la comisión mixta de control parlamentario de la corporación pública. (EFE)
La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, comparece ante la comisión mixta de control parlamentario de la corporación pública. (EFE)
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Sr. presidente de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE:

Me dirijo a usted motivado por la preocupación que me ha causado la reciente filtración de un informe de letrados de las Cortes adscritos a la comisión de su presidencia sobre el concurso público para la selección de los miembros del consejo de administración y del presidente de RTVE, y lo hago en la condición de candidato que ostento mientras no se resuelva el concurso, lo que pasa indefectiblemente, me cuesta recordárselo por las infracciones legales que su omisión comporta, por dar respuesta en derecho a los recursos interpuestos contra la criba provisional de candidatos efectuada en la ya lejana fecha de 10 de diciembre de 2018, bajo el púdico título de 'Informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos', por el comité de expertos designado al efecto. Desde esa fecha, todo se encuentra indebidamente paralizado. También desde la fecha 12 de marzo de este año, ese informe ya empieza a marchitarse.

El informe me causa preocupación y también perplejidad, pues no se trata, como cabría esperar, de un informe jurídico sobre esos recursos, sino de toda una asesoría, pedida o no, de alternativas de oportunidad enmascaradas con discutibles y borrosas consideraciones.

Perplejidad y preocupación que parecen compartir hasta la indignación los expertos del concurso, de lo que este martes, 14 de julio, informó cumplidamente Juanma Romero en El Confidencial. Aunque no voy a entrar en sus quejas y graves insinuaciones, no les falta parte de razón a los expertos, sobre todo porque el eje del informe de los letrados pasa por una descalificación de su trabajo, que les duele especialmente cuando todo lo que han hecho lo han hecho dócilmente bajo la asesoría, el control y hasta, si hemos de creer lo que alegan, las amenazas de los letrados, que ahora les reprochan, a ellos que no son precisamente expertos en derecho, haberse irrogado facultades que no tenían y haber cometido poco menos que un atentado contra la autonomía del Parlamento.

Si, como yo siempre he pensado, el comité de expertos se ha excedido en sus atribuciones cuando decidió arbitrariamente limitar la 'idoneidad' a un máximo de 20 candidatos —un sinsentido que las normas del concurso ni preveían ni podían prever—, lo hizo sin duda con la conformidad de la comisión que Vd. ahora preside y el beneplácito de los propios letrados que asesoraron permanentemente a la comisión y a los expertos. La reprimenda adolece de hipocresía institucional, pero sobre todo podría constituir un ejercicio de cinismo si con la propuesta a la que sirve el informe de los letrados se pretendiera obviar, a la chita callando, el criterio ya formalizado por la comisión, lo que supondría además una muestra de la presión que la comisión podría ejercer sobre sus funcionarios más que una ligereza difícilmente excusable si estos hubieran actuado sin conocer el rechazo expreso que mereció mi recurso contra la resolución de 10 de agosto de 2018, por la que se aprobaron el baremo y las pautas de la valoración de los méritos presentados por los candidatos.

En la resolución del recurso, la comisión parlamentaria sancionó por completo la actuación del comité de expertos, que habría obrado "en el ejercicio de su autonomía" al introducir el criterio de filtro de la idoneidad, por considerar que respondía a “la lógica que se deduce del propio procedimiento de selección". A juicio de la comisión, la figura del concurso no solo permite, sino también exige, el filtro de selección fijado por los expertos, aun cuando ello reduzca las opciones de nombramiento de la representación de la soberanía popular. A la vista de esa resolución, cuya ignorancia causaría nuevas complicaciones a la renovación del consejo de administración de RTVE, la propuesta de los letrados podría llegar a leerse casi como una invitación a una desviación de la legalidad en la que a buen seguro no va a caer la comisión.

Y en cuanto al atentado contra la mujer y la paridad de género con que se quiere justificar la 'necesidad' de anular el trabajo de los expertos y permitir que las comisiones de nombramientos de Congreso y Senado puedan llamar a comparecer sin filtro de mérito alguno, casi como si no hubiera habido concurso, a todos los candidatos, la hipocresía resultaría aún mayor.

Dejando de lado las buenas razones de fondo que esgrime en su comedida representación individual la experta Dª Isabel Fernández Alonso, cuyo escrito de reacción resulta digno de toda consideración (no en vano, fue designada a propuesta del único grupo parlamentario que apoyaba el concurso de méritos) y su objetivo criterio de anteponer el mérito y la capacidad a las recomendaciones paritarias, choca que desde el Parlamento se pueda reprochar a los expertos no haber suplido unas lagunas regulativas creadas, si acaso, por las propias Cámaras —como choca también que estas hayan prescindido de autoaplicarse estrictamente el mismo criterio al proponer en crudas cuotas y conveniencias de partido a los expertos, convertidos así en expertos de partido—. ¿Acaso se han planteado los letrados o la comisión anular por las mismas razones de género el nombramiento de los expertos, como proponen hacer con el arduo trabajo de selección llevado a cabo por los expertos? La pregunta es solo retórica.

Comprendo la virulenta reacción de los expertos y su indignación y, aunque tal vez sea tardía, celebro que al menos les haya valido para empezar a recuperar las dosis de dignidad e independencia que habían perdido, por la que los he recusado formalmente y que les he reprochado en estas páginas [documento 2: artículo de Jaime Nicolas sobre "La dignidad de los expertos"] con base en sus propias palabras en un extraño coloquio, con aires de auto de fe, celebrado en el Instituto Oficial de Radio y Televisión, del que invito a que pinche Vd., a modo de ejemplo, la intervención final del presidente del comité, Sr. Carcedo (02:03:40), o las palabras en ese mismo sentido de la experta Sra. Caffarell (01:24:00), pero que convendría que Vd., o los letrados por orden de Vd., repasaran atentamente en su integridad.

Pero la principal razón de esta misiva va más allá de estas consideraciones, que podrían parecerle subjetivas, y se encamina a pedirle a Vd. que promueva la inmediata reanudación de un proceso cuya parálisis por inconfesables razones políticas no perjudica solo a los candidatos, que asumimos cívicamente, con todas sus cargas (entre ellas, el cumplimiento riguroso de unos términos y plazos a veces bien exigentes), el reto de participar en el ilusionante concurso, sino sobre todo a la radiotelevisión pública del Estado, que, a consecuencia de la falta de sus principales órganos de dirección y gobernada por una administradora única casi más perpetua que provisional, atraviesa una severa crisis que ni sus trabajadores ni los ciudadanos se merecen.

Le pido que no demore más el primer paso que cumple dar en este momento, la resolución de los recursos pendientes desde hace más de 18 meses

Le pido que no demore más el primer paso que cumple dar en este momento, la resolución de los recursos pendientes desde hace más de 18 meses y la elaboración de la lista definitiva de 'idóneos', aunque para ello previamente haya que dar a quienes lo han solicitado vista del expediente completo, que ahora empiezan a vislumbrarse las razones ocultistas (la experta Sra. Fernández Alonso desvela alguna de ellas) que llevan a los autores del malhadado informe a rechazar con insólitos pretextos su exhibición.

Le pido también que, sin interferir en la urgente renovación de RTVE, esclarezca las responsabilidades a que haya lugar por la divulgación de un informe como el aquí discutido en lo que afecta los derechos de la personalidad de todos y cada uno de los candidatos en él mencionados y, al mismo tiempo, le muestro mi plena disposición a colaborar con la comisión en el logro de los objetivos del concurso.

*Jaime Nicolás Muñiz, exdirector de Estudios y Prospectiva y del Instituto Oficial de Radio y Televisión, candidato al consejo de administración y presidencia de RTVE.

Tribuna
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