Las amenazas del sistema alimentario español no pueden esperar

En el sector agroalimentario se viene hablando largo y tendido los últimos meses, loas y aplausos de todas partes, merecidos sin duda, pero no correspondidos en lo fundamental; ni ayudas para reducir costes, ni apoyos para vender, ni ayudas para resolver los problemas que venían de atrás, ni propuestas para solucionar lo generado recientemente por la pandemia o por la inacción del propio gobierno.

Dice el refrán: "Quiere menos y ayúdame más". Sin duda, agricultores, ganaderos, industria, cooperativas y mercados sacrificarían gustosos las loas a cambio de alguna solución o compromiso en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en el que diálogo y confianza se antojan fundamentales para poder abordar los retos que tenemos por delante.

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Un momento extremadamente difícil marcado por varios elementos concurrentes muy vinculados a la actitud del Gobierno en política internacional.

En primer lugar, las nuevas exigencias e incluso cambios estructurales en las formas de producir y transformar planteadas en las recientes Estrategias europeas como la de Biodiversidad o la de la Granja a la Mesa. Cambios profundos que requieren de planificación, compromiso y estabilidad para poder abordarlos con éxito y avanzar en el llamado Green Deal. De momento, y han pasado ya dos meses, no sabemos si el Gobierno va a consensuar con los afectados la hoja de ruta para ayudar a conseguir esos compromisos o, si al menos, va a elaborar los informes de impacto económico, ambiental o social necesarios para saber a qué nos enfrentamos y cómo se va a afrontar aquí y en las inminentes negociaciones que deberán llevarse a cabo en Bruselas.

Amenaza, en segundo lugar, por la nula defensa de nuestros productos respecto a otros importados que para nada cumplen las exigencias europeas, ni mucho menos se acercan a los parámetros de calidad de los productos españoles. Esto no quiere decir que los acuerdos comerciales sean necesariamente perjudiciales, porque de hecho y 'per se', no lo son, más al contrario nos han permitido crecer, vender fuera, y llegar a ser el quinto país en exportaciones agroalimentarias ya en 2018. El problema radica en que en este momento, la falta de control en las fronteras está generando la indefensión de los productores y consumidores ante la entrada de productos de terceros países tratados con sustancias cuyo uso está prohibido en Europa y que además está provocando que lleguen a España enfermedades que perjudican tanto al medioambiente, como a nuestra salud y a la sanidad animal y vegetal con la entrada de plagas imposibles de controlar con los requerimientos europeos.

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A esta falta de control en las fronteras, se une el hecho de que, en lugar de la lógica defensa que cabría esperar para fortalecer la posición de nuestros productos en los mercados internacionales, el Gobierno de España ha orquestado una campaña orientada al desprestigio agroalimentario, una suerte de ataque frontal al sector primario al que se ha acusado incluso de esclavismo y que ha puesto en entredicho la reputación de nuestros productos a nivel internacional, hasta tal punto, que el asunto ha llegado, incluso, a Naciones Unidas.

Nuevas amenazas, cada vez más graves, en tercer lugar, fruto de la nula negociación con EEUU y la actitud prepotente de un Gobierno que no mide las consecuencias de imponer y anteponer la ideología al interés de sus ciudadanos. Esto lo hemos visto recientemente con la imposición de la tasa Google, que a tenor de la urgencia y el momento en que se ha aprobado, en pleno confinamiento por la pandemia, podría parecer que venía a resolver todos los problemas económicos del país, pues bien, lejos de eso, abundará aún más en la ya drástica reducción de exportaciones a Estados Unidos de productos en los que, hasta ahora, España era un referente de calidad como el aceite o el vino. Ha originado subidas de hasta del 35% en los aranceles de determinados productos agroalimentarios, y la consiguiente caída de exportaciones hasta en un 50%. Incluso, lo que es aún más grave, han provocado que grandes envasadoras españolas estén construyendo nuevas fábricas en el continente americano con la consiguiente pérdida de tejido productivo, mano de obra y riqueza para nuestro medio rural.

Ante la clara negligencia gubernamental, nuevamente nuestro sector agroalimentario actúa y muestra su fortaleza unido para hacer frente a la situación, tomar las riendas y exigir acción al Gobierno. Esta misma semana se ha constituido una Plataforma contra los aranceles de Estados Unidos que ha alertado del "grave impacto" que están teniendo los "injustos" aranceles y de las pérdidas de casi 1.000 millones de euros que podría registrar el sector agroalimentario español en el caso de que estas tasas se amplíen. Hablan los miembros de la nueva Plataforma de una caída de las exportaciones totales a este mercado del 52,7% con respecto a 2019 e instan al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar cartas en el asunto toda vez que Estados Unidos es el segundo país de destino para las exportaciones de alimentos y bebidas españoles fuera de la Unión Europea.

Siendo muy grave todo lo mencionado, la mayor Amenaza del sector agroalimentario se está fraguando estos días en Bruselas con las negociaciones del Marco Financiero Plurianual que determinarán el futuro de la PAC.

Estos días hemos vivido la falta de apoyos y de confianza que este Gobierno genera en Bruselas. El rechazo de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, a pesar de los apoyos del Partido Popular, ha sido consecuencia de la imagen y actitud de quienes gobiernan España guiados por la prepotencia y el egocentrismo que hacen que, lejos de negociar con criterio y con humildad, prescindan del diálogo y hagan gala de tal autoritarismo que asusta y espanta a todos aquellos que necesitamos como socios.

Ante la negligencia gubernamental, nuestro sector agroalimentario actúa y muestra su fortaleza unido para hacer frente a la situación

Es evidente que la batalla europea tiene muchos frentes que condicionan totalmente el futuro del sistema alimentario español, que todos están íntimamente interrelacionados y que tienen un responsable único, el Gobierno de España. Las amenazas externas se agudizan cuando quienes tienen la responsabilidad no las resuelven dentro del propio Gobierno ni las defienden como corresponde en las mesas de negociación.

Solo el Gobierno tiene la competencia y la obligación de defender, como en su momento lo hicieron los gobiernos del Partido Popular, los intereses y los fondos que llegan a agricultores y ganaderos. Es imprescindible que, cuanto antes, cambie la prepotencia por el diálogo, anteponga el interés de los ciudadanos a la ideología, trabaje, busque socios y no dé un solo euro por perdido, solo así se podrá garantizar la estabilidad y sostenibilidad futura del sistema alimentario español.