Hacia un debate constituyente

La imagen internacional de España, que era uno de los principales valores esgrimidos por los defensores de la monarquía parlamentaria en España, se ha visto profundamente contaminada con la huida del rey emérito Juan Carlos I, con destino inicialmente incierto y en un contexto de fundadas sospechas sobre el origen ilegal de su riqueza.

La legitimidad del rey Juan Carlos siempre se ha mirado desde tres prismas: la legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio y la legitimidad de resultados. La legitimidad de origen venía viciada cuando accede a la Jefatura del Estado de España a la muerte de Franco en noviembre de 1975. Desde 1947, la España de Franco era una monarquía, pero no sería hasta 1969 cuando Franco nombró a Juan Carlos I su sucesor a título de Rey. Esos orígenes franquistas, su defensa de la dictadura y su formación al lado del dictador le invalidaban para ser bien recibido por los demócratas que habían luchado contra Franco. Además, en la línea dinástica, le correspondía a su padre, Juan de Borbón, reinar, lo que fue motivo de discordia entre Juan Carlos de Borbón y su padre. Apenas dos semanas antes de las primeras elecciones, en junio de 1977, fue que le traspasó Juan de Borbón la legitimidad dinástica a su hijo.

Durante cuarenta años todos los medios de comunicación de España silenciaron cualquier crítica al monarca

La legitimidad de ejercicio le vino de una carambola. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se fraguó en la misma Casa Real, estando implicados el que había sido Jefe de la Casa Real y el padrino militar del Rey. Solo por el apresuramiento de uno de los alzados, el Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el monarca tuvo que dar marcha atrás en su intento de hacer un gobierno de concentración nacional dirigido por el que había sido jefe de la Casa Real, el general Alfonso Armada. La intervención televisiva de Juan Carlos I la madrugada del intento del golpe tapó su implicación en la intentona y le sirvió para ser visto por la mayoría de los españoles como el que había salvado la democracia. Hay que reseñar que durante sus cuarenta años de reinado todos los medios de comunicación de España silenciaron cualquier crítica al monarca, e incluso puntualmente se pagaba con cárcel el cuestionamiento público de su figura.

Por último, la legitimidad de resultados tiene que ver con el crecimiento de España desde la muerte del Caudillo. España se incorporó a Europa y al concierto internacional, se sentaron las bases de un débil pero incipiente Estado social, el nivel de renta de los españoles se multiplicó, fueron falleciendo los referentes del franquismo en el ejército, la judicatura y la política de amnesia del pasado hizo el resto. España, durante décadas, era el único país de Europa donde se podía ser demócrata sin ser antifranquista. Como hizo Bismarck a finales del siglo XIX en Alemania, se ofreció bienestar como sustituto de mayores cotas de democracia.

El surgimiento del movimiento de los indignados el 15 de mayo de 2011 rompió la placidez del estanque del régimen de 1978 (sostenido sobre la Constitución de ese año). En el siglo XIX, la respuesta de las élites a la I República (1873) fue instaurar un régimen monárquico, bipartidista, centralista y clientelar, que forma parte del ADN del conservadurismo español, que contaminó también al PSOE y que fue la característica del reinado de Juan Carlos I.

El movimiento indignado, con un alto contenido de renovación generacional, no participaba de las legitimidades que las generaciones anteriores reconocían al rey Juan Carlos. Igualmente, el silencio cómplice de la prensa empezaba a romperse, seguramente por ajustes de cuentas económicas internas donde el monarca siempre aparecía como el perejil comisionistas de todas las salsas clientelares.

El accidente de Juan Carlos I en Botsuana durante una cacería en abril de 2012, mientras el pueblo español estaba pagando muy cara la crisis económica, terminó por deslegitimar al Rey (ya tocado por los escándalos vinculados a Cristina de Borbón y a su marido, Iñaki Urdangarin, finalmente encarcelado).

Fue el PSOE, con las figuras de Alfredo Rubalcaba y Felipe González, quienes negociaron la abdicación de Juan Carlos I (algo a lo que se negaba rotundamente) como forma de salvar la institución monárquica. Que, en cualquier caso, estaba ya fuertemente herida.

Los intentos de presentar en sociedad a la infanta Leonor como el recambio ante posibles dificultades tampoco podía funcionar, pues en las generaciones de la edad de las infantas, la monarquía es algo que pertenece solamente a los cuentos. Y en esas apareció la investigación de la fiscalía suiza, que la prensa española intentó tapar pero que finalmente estalló. La apertura posterior de investigaciones por parte de la fiscalía del Tribunal Supremo dejaba poco margen para ocultar el asunto. Además, la renuncia de Felipe VI a la herencia económica de su padre, en un comunicado de marzo de 2020 donde se refería a los negocios de su padre como ajenos a la integridad, a la honestidad y a la transparencia, lejos de solventar el asunto lo enredaban.

Primero huyó y luego dijo que huía. Si hubiera sido al revés, quizá la sensación de huida motivada por sus líos judiciales no sería tan amplia

La última ocurrencia sorprendente ha sido la huida del rey emérito de España y la rueda de prensa del presidente Sánchez, no consensuada con sus socios de coalición, diciendo que todo pertenecía al ámbito privado. Y afirmando, además, que el presidente del Gobierno no sabía dónde estaba Juan Carlos I, algo poco creíble. Como en las películas de ladrones de guante blanco, el Borbón salió de España y luego hizo público un comunicado en el lugar del crimen. Si hubiera sido al revés, quizá la sensación de huida motivada por sus líos judiciales —pese a no estar todavía imputado— no sería tan amplia en la sociedad española. Pero la verdad es que primero huyó y luego dijo que huía.

En España, la monarquía ha hecho las funciones que en otros países hacen los espacios de coordinación de los intereses conjuntos de la burguesía (que en el siglo XIX estaban, como bien vio Marx, en el Estado, y que luego fueron complejizándose). La monarquía era la piedra basal sobre la que se sostenía el régimen que sustituyó a la dictadura franquista y de ahí la defensa cerrada de la misma que siempre ha hecho la derecha e, incomprensiblemente, el PSOE.

Un régimen que, al lado del evidente crecimiento económico, ha hecho de España el país más desigual de la UE-15 (la de los países más ricos de la UE), que se sostenía en un bipartidismo imperfecto —acompañando al PSOE y al PP los partidos burgueses nacionalistas vasco y catalán—, donde el Rey tenía el mando supremo de las fuerzas armadas, donde la corte era un espacio de negociación clientelar favorecida por Juan Carlos I, donde la corrupción ha sido el lubricante del sistema, y donde, ahora parece reconocerse, el Emérito recibía comisiones de esa labor de sostenimiento simbólico y práctico del entramado.

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En el régimen constitucional español, como ha escrito recientemente el constitucionalista Gerardo Pisarello, el Rey era inviolable porque todos sus actos eran refrendados por algún ministro o por el presidente del Gobierno. Sin embargo, si ha estado cometiendo delitos, ¿estaban refrendados esos delitos o el Rey se situó fuera de la Constitución? En cualquiera de los dos casos, la supuesta condición delictiva es más que supuestamente evidente. El que Felipe VI supiera de esos comportamientos al menos hace un año y no lo pusiera en conocimiento de los jueces, le deja en un mal lugar.

La institución monárquica es genética y, por tanto, personal. De ahí que no pueda separarse la propia institución de las personas que la representan. Porque si Felipe VI es rey es porque es el hijo de su padre (hijo varón, ya que la Constitución resucitó la Ley Sálica del siglo XVIII para evitar que tanto la hija mayor, con dificultades cognoscitivas, o su hermana Cristina, fueran la reina). Eso sin contar las demandas de paternidad constantes contra Juan Carlos I, que igualmente generarían problemas constitucionales que solo se solventarían en el hipotético caso de que Felipe VI se presentara a una elección a la jefatura del Estado.

Con la crisis que se abre en torno a la figura de Juan Carlos I, es la propia institución monárquica la que está en cuestión. No es extraño que tanto el PP como Vox o Ciudadanos vuelvan a intentar romper el Gobierno de coalición, conscientes de que en una amplia parte de la ciudadanía española la monarquía está en cuestión. Y, con ella, la España de los privilegios.

Al final, la legitimidad de origen de Felipe VI está viciada si resulta que su padre es condenado por ladrón o defraudador

El Gobierno de coalición no tiene por qué resentirse de este escándalo, si bien la actuación de la vicepresidenta Carmen Calvo, no informando a sus socios de esta opereta, no ha sido un ejemplo de lealtad. Es sabido que el PSOE siempre ha sido "republicano juancarlista" y está ahora dispuesto a ser "republicano felipista", mientras que el compromiso de Unidas Podemos con la memoria histórica y los valores republicanos los sitúa como firmes defensores de que la Jefatura del Estado esté sometida a procedimientos democráticos. (Hay un añadido que se suele olvidar cuando se recuerda, con razón, que hay monarquías virtuosas y repúblicas viciadas: las monarquías parlamentarias europeas lucharon contra el fascismo, mientras que los borbones ayudaron al fascismo).

Al final, la legitimidad de origen de Felipe VI está viciada si resulta que su padre es condenado por ladrón o defraudador fiscal, la legitimidad de resultados está viciada porque ante la crisis en Catalunya, lejos de servir de árbitro (lo que hubiera fungido como su "23-F" legitimador) se posicionó con las salidas represoras que promovía el PP y que han terminado de quebrar a la sociedad catalana. La legitimidad de resultados, con la crisis de 2008 y la posterior crisis ligada al covid-19, tampoco son muy halagüeñas.

En un contexto de creciente virulencia contra el Gobierno de coalición por parte de la derecha y la extrema derecha, la única salida es un diálogo que afecte al conjunto de la sociedad española. Es decir, un debate constituyente o, al menos, preconstituyente, que permita reafirmar el compromiso democrático de los españoles y solvente todos los asuntos que la Transición no pudo, no supo o no quiso resolver. Un referéndum consultivo sobre la forma de Estado puede ser un buen punto de salida, pero la discusión no puede ser solamente en esa dirección. Puede ser un disparador del debate, pero los valores republicanos incorporan también la lucha contra las desigualdades, la defensa radical de los derechos humanos y la apuesta por una esfera pública virtuosa que, para poder existir, necesita también dar respuesta a las amenazas medioambientales.

En definitiva, es momento de abrir un proceso con vistas a un nuevo acuerdo constitucional, incluida la forma de Estado, que termine de una vez con el hecho de que los vicios de la Transición sigan siendo los vicios de la democracia.