El insólito caso del español en España

El español es el único idioma oficial de una democracia discriminado en su propio país. Más insólito aún, discriminado a partir del uso abusivo que han hecho los partidos nacionalistas de un sistema político descentralizado, el Estado de las autonomías, que no solo figura entre las democracias más descentralizadas del mundo, sino entre aquellas que con mayor claridad reconocen y protegen la pluralidad cultural de todo el territorio.

Una decisión política lamentable, el pacto del PSOE con ERC para eliminar la condición de lengua vehicular del español en la nueva Ley de Educación, acaba de empeorar esa realidad, que afecta desde hace muchos años en algunas autonomías a nuestro idioma común y al derecho de los españoles a conocerlo y usarlo. Si el nacionalismo ha exigido, y logrado, esa eliminación, es porque ello le facilitará seguir con su programa de inmersión lingüística para la exclusión total del español en los sistemas educativos de las autonomías que domina políticamente. De tal manera que desaparece en la práctica la pluralidad reconocida y protegida en la Constitución en su artículo 3, con la consideración del español como lengua oficial del Estado y con la cooficialidad de las demás lenguas en sus respectivos territorios.

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De esta manera, los nacionalistas profundizan en su proyecto excluyente de construcción de naciones étnicas fundadas en una lengua única en la que los derechos de los hablantes son sacrificados en pos de un proyecto totalitario de nación. Un modelo educativo excluyente que impide el uso como lengua vehicular del idioma oficial del Estado y de la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos es instrumento fundamental de ese proyecto con el que ahora colabora de forma sorprendente el Partido Socialista. Con el resultado de que millones de ciudadanos españoles ven limitado o suspendido su derecho a recibir educación en la lengua oficial del Estado y en su lengua materna, en español.

Pero es que, además, lo que nadie debería olvidar es que el objetivo de los independentistas catalanes no es solo acabar con la educación en castellano en Cataluña. No, eso ya lo han conseguido los gobiernos nacionalistas y socialistas que han gobernado esa comunidad autónoma hasta llegar a la situación actual en la que en las escuelas solo se imparte el castellano la asignatura de Lengua Española. Es más, incluso, en muchos centros, se promueven campañas de aleccionamiento al profesorado para que ni siquiera hablen con sus alumnos en castellano cuando se dirijan a ellos en el recreo o en horario extraescolar. Esa es la triste realidad a la que nos han conducido en Cataluña las políticas nacionalistas, aplaudidas y respaldadas siempre por el Partido Socialista. Con esta nueva vuelta de tuerca del Gobierno de Pedro Sánchez lo que se pretende, ni más ni menos, es que no exista ningún impedimento legal para erradicar completamente el español de las escuelas catalanas.

Claro que, aunque lo pretendan, no lo van a conseguir y, en ese empeño, se ha comprometido el Grupo Popular en el Congreso. Eliminar el derecho a la educación en español, no solo vulnera el derecho de todos los españoles que tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla, sino que ataca a otro importantísimo, el del acceso a la cultura recogido en el artículo 44 de nuestra Constitución. Sí, porque el español, es también vehículo de nuestra cultura, contemplada desde la extraordinaria diversidad de la realidad española, de forma que el catalán y el castellano se complementan y se enriquecen mutuamente cuando, como siempre ha ocurrido, se relacionan con la normalidad de las familias, de los amigos, de las relaciones entre bilingües que no intentan imponer al otro su lengua ni, mucho menos, erradicarla, como se pretende ahora.

Las lenguas son puentes de conocimiento que consiguen hacer avanzar a la sociedad, y no deben usarse para dinamitar los lazos que nos unen. Casi quinientos millones de personas tienen el español como lengua materna en todo el mundo, la segunda lengua materna después del mandarín. En el Reino Unido, el British Council aconseja el español como segunda lengua —Estados Unidos se convertirá en unos años en el segundo país hispanohablante del mundo, después de México— y en China el castellano ya es una lengua incorporada a los planes de estudio. Por supuesto, en Europa figura en Bachillerato como una asignatura consolidada. ¿Cómo podemos permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez, entregado y sumiso frente al independentismo, le robe a varias generaciones de catalanes su derecho a conocer el español, en contra del futuro y de su propia cultura e historia?

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Agencias

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, nombrado por este mismo Gobierno y de ideología reconocida, sostiene en las entrevistas que concede que el español tiene que convertirse en el siglo XXI en un referente universal como “la lengua de una cultura democrática”. “En el mundo en que vivimos, nuestras identidades corren el peligro de convertirse en una invitación al muro, a identidades que entiendan al otro como amenaza. Al ser un idioma que pertenece a 23 países y culturas diferentes sin centro de ningún tipo, el español debería aspirar en el siglo XXI a convertirse no en la lengua franca de los negocios, sino en una lengua de cultura democrática”. Lo insólito es que la misma izquierda a la que representa Luis García Montero quiera levantar muros para aislar al español dentro de la propia España, y todo esto, con el único motivo del favor de sus votos.

*Edurne Uriarte es portavoz de Constitucional y Sol Cruz-Guzmán lo es de Cultura en el Congreso de los Diputados.