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Indulto para José Luis Peñas
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Gloria Elizo

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Indulto para José Luis Peñas

El Gobierno debe mandar de una vez un contundente mensaje a los corruptos: que los denunciantes no se verán enredados en la misma madeja que denuncian precisamente porque la conocen

Foto: El exconcejal del PP, José Luis Peñas (i), acompañado por su abogado Ángel Galindo (d). (EFE)
El exconcejal del PP, José Luis Peñas (i), acompañado por su abogado Ángel Galindo (d). (EFE)

Hace ya algo más de 13 años que José Luis Peñas cruzó el umbral de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Es difícil saber qué tenía en ese momento en la cabeza, pero no ignoraba, seguro, que ese momento daba inicio a una difícil y dolorosa batalla contra las personas que habían sido sus compañeros, sus jefes, sus referentes políticos. Una lucha contra la corrupción política que desbordaba su experiencia, su conocimiento y su responsabilidad como concejal del Partido Popular de la madrileña localidad de Majadahonda. No, no se trataba de denunciar a cuatro robagallinas de oficina sino a la extensa y poderosa red tejida a nivel estatal entre el Partido Popular y Francisco Correa. La Gürtel.

Se trata también de recordar lo que significó la Gürtel en un país acostumbrado a negociar con la corrupción como con cualquier otra mercancía: voladuras controladas, dosieres, campañas… El poder era el poder. La corrupción solo era un castigo a tu desobediencia. Gürtel significó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en España, no solo por los 67 condenados o las 17 tramas de corrupción abiertas como consecuencia de esa denuncia, sino, fundamentalmente, porque Gürtel es la primera causa de corrupción que no se denuncia desde el propio poder y aun así se investiga, sale adelante, se juzga y se condena.

Foto: José Luis Peñas. (D.B.)

Quizá la de Gürtel no sea la investigación perfecta, quizá no se lograra llegar hasta el final en todos sus detalles, pero constituye sin duda una fundamental base de confianza en el sistema, una primera piedra sobre la que es posible aún reconstruir una lucha contra la corrupción en este país, una lucha en la que todo el mundo se sienta llamado a participar.

Porque, seamos sinceros, hasta este momento, en España había habido una creencia absoluta en la impunidad de los poderosos mientras siguieran siéndolo, una impunidad que se hacía eterna para los corruptores, una impunidad que aparece en Gürtel como la foto fija de un 'sistema' seguro, en el que si uno cae, lo hace sobre una tupida red de intereses, de configuraciones legales, de subvenciones, de silencio y miedo, una red que garantiza que nadie se atreva nunca a desafiarte, porque solo la traspasa el que denuncia.

Trajes gratis que desnudan a políticos que se pelean por quedarse con las comisiones de la visita de un Papa, una policía privada dedicada a sabotear las investigaciones de la policía judicial, grabaciones que garantizan que ni siquiera el presidente podrá apartarte, martillazos que caen sobre el disco duro de la política de este país como cae poco a poco el silencio del tesorero que no pudo ser fuerte.

Foto: José Luis Peñas, el denunciante de la Gürtel.

Hace ya más de un siglo que Joaquín Costa decía con amargura que la corrupción en España no era una desviación de la estructura legal, que es la propia estructura legal de la nación, hecha al servicio de los intereses privados y de la impunidad de los poderosos. La corrupción económica y política es, ha sido y por desgracia aún seguirá siendo una realidad protegida en España. Por los medios que silencian a los corruptos y acusan a los denunciantes, por el esquema de implicaciones que condena por igual al denunciante que al denunciado, por la trama de intereses que devalúa la Justicia intercambiando silencios… La única diferencia ha sido la movilización de la gente, la que el 15-M gritaba “no hay pan para tanto chorizo”, la que tras la sentencia impulsó una moción de censura con muchos elementos políticos, pero uno solo ético: la corrupción de los partidos no puede seguir saliendo gratis.

Pero toda esa gente necesita saber que es posible. Todas y todos necesitamos creer en la Justicia, en la policía, en los fiscales, en los medios de comunicación. Por eso es tan importante que las decisiones personales de arriesgarse, de dar la cara frente a la corrupción, tengan el tratamiento social, penal e informativo que merecen, que, frente a las amenazas, las difamaciones, las querellas y los saludos retirados, haya una sociedad civil que responda firme en la convicción de que este país no tiene futuro, que esta sociedad no tendrá una democracia plena, hasta que no rompamos esa red de impunidad.

Otro mes de diciembre en el que hemos vuelto a celebrar otro día internacional contra la corrupción, sin lograr transponer la directiva comunitaria europea que nos obliga al menos a otorgar un mínimo de protección para los denunciantes Y por eso, aquellos denunciantes que asumieron en términos personales cargar con las consecuencias penales de su denuncia han sido condenados, por eso José Luis Peñas sigue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión mientras la tramitación de su indulto sigue pendiente de resolverse, como si no estuviera claro que el Gobierno de este país debe mandar de una vez un urgente y contundente mensaje a los corruptos: que los denunciantes no se verán enredados en la misma madeja que denuncian precisamente porque la conocen. Y sí, su condena participa de varios delitos probados, es verdad que en un grado de participación tan anecdótico que por ninguno de ellos debería entrar en prisión. Pero eso es lo de menos. No, no es necesario alegar ninguna circunstancia personal. En realidad, se trata de hacer la distinción ética y política que los tribunales por su propia naturaleza no deben ni pueden hacer: o estamos del lado de la impunidad dejando que los corruptos utilicen nuestras leyes y nuestros tribunales en beneficio de su impunidad, o mostramos la voluntad política de perseguir con todas las herramientas legales e institucionales, pero también sociales y personales, a los corruptos y sus organizaciones.

Foto: José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda. (EFE)

Por eso, como simple ciudadana de este país que tiene acceso a una tribuna, asumo la responsabilidad de decir firme y abiertamente que José Luis Peñas no puede tener una condena a sus espaldas, que no solo debe evitar la prisión, sino tener unos antecedentes límpidos como la sociedad que deseamos. Y que ese indulto no puede parecerse, ni en las formas, al cambalache político con el que se han otorgado la mayor parte de los indultos en España. Debe ser un indulto público y ejemplar. Pedido públicamente y públicamente ejecutado. Poniendo el beneficio social por encima del suyo propio, en justa correspondencia a cuando él hizo lo mismo al cruzar esa puerta de la UDEF.

Este país ya no puede mirar para otro lado, y muy especialmente para con los que han decidido no hacerlo a costa de su prestigio, su fortuna y su integridad. Debemos tramitar el indulto total a José Luis Peñas lo antes posible, y no solo para evitar esta pena suspendida sobre él y su familia, sino para que todos los que dudan si aún es posible cambiar las cosas sepan, al menos, que tienen la sociedad de su lado, que todos los que piensan que nadie se atreverá a decir nada sepan que cada vez hay menos excusas para no hacerlo.

No necesitamos héroes, necesitamos conciencia social. Por eso, pedir el indulto para José Luis Peñas es una obligación colectiva, que cualquiera pueda ser José Luis Peñas, que no sepamos su nombre, que cuente con el respeto de una ciudadanía libre que se siente dueña de sus instituciones y de sus presupuestos. Mientras tanto, tendremos que exigir que al menos no se condene a los que hicieron lo correcto al margen de los callejones donde les metió la vida. Y les demos, todavía, un poco del agradecimiento de esa España que empieza a cambiar, pero, sobre todo, quiere hacerlo.

*Gloria Elizo es diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Hace ya algo más de 13 años que José Luis Peñas cruzó el umbral de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Es difícil saber qué tenía en ese momento en la cabeza, pero no ignoraba, seguro, que ese momento daba inicio a una difícil y dolorosa batalla contra las personas que habían sido sus compañeros, sus jefes, sus referentes políticos. Una lucha contra la corrupción política que desbordaba su experiencia, su conocimiento y su responsabilidad como concejal del Partido Popular de la madrileña localidad de Majadahonda. No, no se trataba de denunciar a cuatro robagallinas de oficina sino a la extensa y poderosa red tejida a nivel estatal entre el Partido Popular y Francisco Correa. La Gürtel.

Indulto Caso Gürtel