Sobre la proyectada abolición de la prostitución
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Gonzalo Quintero Olivares

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Sobre la proyectada abolición de la prostitución

Se dice que el fondo del problema está en el choque entre el abolicionismo de la ministra Calvo frente al supuesto regulacionismo que defiende Montero

Foto: Protesta contra la pornografía y prostitución. (EFE)
Protesta contra la pornografía y prostitución. (EFE)

La anunciada nueva ley contra la prostitución parece enfrentar otra vez al PSOE con UP. Se dice que el fondo del problema está en el choque entre el abolicionismo de la ministra Calvo frente al supuesto regulacionismo que defiende Montero, y que parte de la necesidad de respetar la libertad de la mujer. Sobre este tema de la discrepancia conviene recordar que el ruidoso anteproyecto de ley integral de libertad sexual indica que la esencia de las violencias sexuales se encuentra en la agresión sexual y la explotación de la prostitución ajena… "aún con el consentimiento de la persona". A partir de ahí, esa nueva ley dispondría cierres, prohibiciones, nuevas penas, castigos a los clientes, etc.

Sea como fuere, esas dos posiciones resumen buena parte de lo que se dice que debe hacerse con la prostitución, sin contar con las opiniones de los que simplemente dicen que no hay que hacer nada de nada, y sin entrar en las dificultades intrínsecas a la circunstancia política que hacen improbable que esa proyectada ley llegue a buen puerto.

Foto: Una prostituta espera en la calle. (Reuters) Opinión

Por supuesto, el campo de combate no está en la lucha contra la prostitución forzada, materia en que caben acuerdos sobre cuestiones de protección social, ayuda al abandono de la actividad, etc., aun con discrepancias en torno a problemas concretos, como sucede con la propuesta de penalizar a los clientes. Pero en relación con la posibilidad de la prostitución libre se desatan todos los truenos, dominando la pobreza argumental resumida en una idea: solo cabe o el blanco o el negro, mezclándose además cuestiones sociológicas relativas a la imagen del oficio y la actitud de los usuarios, expuesta también utilizando lugares comunes, con otras que pertenecen al derecho constitucional y, dentro de él, a la intervención del derecho penal.

Para el feminismo radical el eventual consentimiento de la persona que cobra a cambio de sexo es irrelevante. Y eso lo sostienen quienes tanta importancia dice que han dado a la libertad sexual (recordemos el 'no es no'). Pero ideológicamente la otra libertad no se puede reconocer, porque el discurso impone la negación de la autonomía de las prostitutas y, con ello, su victimización. Esas personas tendrían capacidad para decir lo que personalmente desearían, pero sin que eso signifique que lo bueno para ellas haya de ser bueno para la sociedad. Los ejemplos que a veces se oyen, discutiendo este tema, rayan en la ofensa, como cuando se dice que la existencia de exámenes en los estudios no puede depender de la opinión de los estudiantes, como si eso fuera comparable con la opinión de las personas que ejercen libremente la prostitución, a las que se debe explicar por qué su decisión no tiene cabida en la Constitución.

Foto: Una prostituta en la ciudad colombiana de Cartagena. (Ricardo Maldonado/ EFE)

Es verdad que el “deseo de abolir” está presente en algunos países de Europa, y es comprensible si se interpreta como expresión de una voluntad: la de construir una sociedad en la que ninguna persona tenga que dar el paso de alquilar su cuerpo. Pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad de que una persona, por cualquier motivo, como, por ejemplo, y por tomar el más normal, ganar más dinero que con otro trabajo, desee hacerlo y dedicarse a la prostitución.

El contraargumento se resume en una idea tan simple como falsa o discutible, que es la de que “ninguna opción por la prostitución es libre”, y para llegar a esa valoración de lo que significa la libertad se acude a una idea metafísica de libertad que, en cambio, no se podría invocar en la teoría de la culpabilidad, en la que prima un concepto social o medio de libertad, de acuerdo con el cual es libre toda decisión que no sea fruto de la presión exterior. Sostener que la concurrencia de un “motivo” trasforma una decisión en “no libre” es una inadmisible confusión entre las razones determinantes de la decisión y la libertad de la decisión misma. A ello ha de añadirse otro argumento soterrado, que se condensa en una idea de fondo: el sexo es malo, idea dominante en la tradición cristiana occidental, y bajo ningún concepto puede llegar a ser legal su práctica.

Para el feminismo radical el eventual consentimiento de la persona que cobra a cambio de sexo es irrelevante

También es cierto que progresivamente amplios sectores del feminismo van siendo sensibles a las demandas de las trabajadoras del sexo, que en España y en Europa están asociadas en diversas organizaciones compartiendo reivindicaciones de protección jurídica en lo laboral y la despenalización directa o indirecta de un ejercicio profesional voluntariamente escogido.

Poner el grito en el cielo porque alguien reconozca que existe un mercado de servicios sexuales o de actividades relacionadas con el sexo, más amplio que la prostitución clásica, sin necesidad de mezclar esa verdad con vulgaridades sobre la prepotencia de los varones, es hipócrita y, además, impide tratar los problemas y las demandas de protección con objetividad. A eso ha de añadirse otra cuestión en la que la hipocresía es evidente: la determinación de lo que ha de entenderse por prostitución o prostituta, etiqueta que acaba dándose a un “tipo de actividad”, pero no a todo aquello en que el dinero o la ambición personal han sido determinantes de la incitación o la relación sexual. Y el listado sería largo.

Foto: Foto: EFE. Opinión

La opción abolicionista supone un desprecio a la libertad, pero no solo eso: la puesta en práctica de sus teóricas consecuencias exigiría disponer de una ingente cantidad de recursos materiales y humanos. Basta pensar en la ejecución de ideas anunciadas, como la de que se cerrarían locales que desarrollan una actividad no prohibida y amparada por una licencia, abre un buen capítulo de conflictos, a lo que se debería enfrentar un listado de conductas que entrarían en la categoría de “forma de prostitución”, a la que irían a parar, por ejemplo, el cine porno, el 'striptease', y, ya se ha dicho, incluso cualquier clase de publicidad que incluya sugerencias eróticas.

Debe añadirse que, por fuerza, tendrían que retocarse algunas de las figuras de delitos relativos a la prostitución. Actualmente, nuestro derecho penal lo componen, en esta materia, un sistema de respuestas jurídicas altamente insatisfactorio, en el que, como dije antes, las "ideas fuerza" son la hipocresía y la contradicción. Es cierto que tenemos incriminaciones de delitos relativos a la prostitución que tácitamente reconocen la existencia de un ámbito de prostitución no delictiva por no abusiva —al margen de que, como sabemos, carezca de legislación que la regule—. Nuestras leyes no castigan ni a la persona prostituida ni a quien se relaciona con ella sin abuso.

La argumentación abolicionista (...) construye un discurso en el que la absoluta totalidad de las personas que se prostituyen no lo desean

La argumentación abolicionista, y no se olvide, porque ese es parte del problema, construye un discurso en el que la absoluta totalidad de las personas que se prostituyen no lo desean y son vulnerables sin admitir prueba en contrario, y la configuración de cualquier futura ley ha de partir de esa convicción, que, como dije antes, parte también de que la prostitución incluso libre, es el “mal absoluto” que nunca puede ser facilitado por el derecho ni merecer la consideración de “trabajo”. Una sarta de contradicciones y desprecio a la Constitución del Estado social de derecho.

Ante una “nueva legislación” es pues, imprescindible no banalizar la condición de víctima, respetar los derechos de las personas y no contribuir a aumentar el mercado clandestino.

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