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Los recientes cantos de sirena para cambiar la forma de la jefatura del Estado tensan estérilmente el debate político y comprometen la convivencia social

Foto: Ilustración: El Herrero.
Ilustración: El Herrero.

No es la primera vez que el debate monarquía versus república se plantea en España, pero nunca ha resultado tan extemporáneo como ahora. Desde la Revolución francesa, la idea republicana se construye con los valores de la Ilustración frente al absolutismo de los antiguos regímenes y hunde sus raíces en el liberalismo burgués, y no tanto, aunque sorprenda, en el pensamiento socialista. Una idea que ha tenido un gran arraigo intelectual y político, tanto en las elites como en las clases populares de nuestro país. Sin embargo, la realidad de su materialización ha corrido peor suerte, pues los intentos que se han llevado a cabo para su instauración han resultado ensayos frustrados.

El primero en 1873, cuando se proclamó la Primera República (democrática federal). Apenas duró 11 meses y acabó con el espuelazo del general Pavía para entronizar a Alfonso XII. Fueron tiempos de desconcierto en los que la unidad de España se puso a prueba con experimentos de autogobierno como la proclamación del famoso cantón de Cartagena.

El 14 de abril de 1931efeméride que cumple 90 años—, tras un proceso 'constituyente' tan 'sui generis' como la victoria en unas elecciones municipales, fue proclamada la Segunda República española, como un “Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”, dando lugar al último intento hasta la fecha.

Foto: José Ortega y Gasset. Opinión

Si el primer lance acabó en la Restauración borbónica, el segundo, tras el lapso del bienio reformista (reforma agraria y sufragio de las mujeres) y la proclamación unilateral de la república catalana, terminó cinco años más tarde con un golpe militar.

Tan nobles ideales, en lugar de acercarnos al progreso, condujeron, sin quererlo sus promotores, a experimentos secesionistas, al atraso social y económico de nuestra sociedad y al autoritarismo político militar. Ese fue, tristemente, el precario legado del tránsito de las musas románticas republicanas al teatro de la realidad institucional que implicaba el cambio en la jefatura del Estado. A pesar de lo cual, la idea republicana siempre gozó de una consideración idílica (ética, intelectual y políticamente) en el corazón de los progresistas y liberales españoles. No es ajeno a esta consideración el hecho de que su instauración siempre fue por legítimos procesos constituyentes y su abolición por abruptos golpes de Estado.

Tras la muerte del dictador, surge un irrefrenable deseo de libertad tanto tiempo reprimido. El inmenso consenso social en torno a ese deseo de libertad no era tan unánime en cuanto a la forma de cómo alcanzarla. Una parte de la sociedad quiere acceder a la libertad sin que nada cambie y otra recuperando instantáneamente las instituciones perdidas. En esta tesitura, la reconciliación era la única salida posible en paz. Así lo entendieron amplios sectores del Movimiento Nacional y de la izquierda política, Partido Comunista incluido. Fue un proceso difícil de superación de rencores y desconfianzas por ambas partes que implicó una gran dosis de amnesia y tolerancia políticas, y no poca inteligencia para tornar en compatible lo que en principio eran posiciones netamente irreconciliables. Este era el caso de la jefatura del Estado.

Foto: El rey Juan Carlos sanciona la Constitución de 1978. (Casa Real) Opinión

El debate de la Constitución de 1978 sobre este particular fue un magnífico ejemplo de reivindicación histórica y apuesta decidida por el futuro superando las heridas que había dejado la dictadura. Recuerdo en la 'rostra' del Congreso de los Diputados a Luis Gómez Llorente, secretario de formación de la ejecutiva del PSOE, pronunciando un vibrante y emotivo discurso defendiendo (voto particular del PSOE al párrafo tercero del artículo primero del Anteproyecto de Constitución) las bondades de la república frente a otros regímenes y proclamando las raíces republicanas tan profundamente arraigadas en los socialistas. Pese a lo cual, todos los diputados socialistas presentes en la Cámara, incluido el propio Luis, aprobaron una Carta Magna que constituye España como “un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” para a renglón seguido declarar que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” e inmediatamente tras ello definir que “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”.

En relación a este punto, declara solemnemente Luis Gomez Llorente: "No ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aun transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o económico". Exactamente eso era lo sustantivo para los socialistas en ese decisivo trance, aprobar los dos primeros apartados del artículo primero de nuestra Norma Fundamental, para transigir por medio de la abstención con el tercero, a pesar del dolor sentimental que infligía, para que con ello “la nueva democracia española quedara más firmemente consolidada y aceptada”.

Muchos socialistas recordaron en aquel momento a Cicerón ('De re Publica') cuando expresó su sentimiento por la república arrebatada por el Triunvirato: “Cuando era joven, defendí ya la república. Ahora que me he hecho viejo, no la dejaré en la estacada. Estoy dispuesto a dar mi vida, si con mi muerte se puede restablecer la libertad de esta ciudad”. Los viejos socialistas, con su apoyo constitucional, se pronunciaron sin ambages a favor de un régimen de libertades para España.

Foto: Reunión de la ponencia constitucional en el parador de Gredos. De i a d: Fraga, Roca, Solé Tura (tapado), los letrados Serrano Alberca y Rubio Llorente, Herrero de Miñón, Cisneros y Peces-Barba. (Archivo Serrano Alberca)

Este aparente contrasentido de defender la república y apoyar la monarquía había tenido un anticipo en la discusión política del XXVII congreso del PSOE, que tuvo lugar bajo el lema 'Socialismo es libertad' (sin las pueriles disyuntivas actuales) entre el 5 y 8 de diciembre de 1976, en semiclandestinidad, ya que el PSOE fue legalizado el 17 de febrero de 1977. Se aprobó una resolución que definió el partido como una organización política de inspiración republicana. Una declaración política que no fue fácil sostener en el contexto político del momento. Fechas en las que los socialistas promovíamos la abstención en el referéndum (15 de diciembre de 1976) de la ley para la reforma política. Ley que deroga la ley fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los principios del Movimiento Nacional, lo que significaba de hecho la ruptura definitiva con el anterior régimen político de la dictadura. Una ley refrendada por el 73% del censo y con el 97% de votos afirmativos de los participantes, en la que expresamente se reconoce y refuerza el papel del Rey en la transición política. Una ley de apenas cinco artículos, donde en cuatro de ellos el sujeto activo promotor de la transformación del régimen es el monarca: “El Rey sanciona y promulga las leyes, nombra al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, somete a referéndum la ley de reforma constitucional, u opciones políticas de interés nacional, sea o no de carácter constitucional”, amén de firmar la propia norma.

Ese congreso significó muchísimo para la llegada de la democracia en España, al igual que lo harían el XXVIII y el XXVIII y medio, que tuvieron lugar en mayo y septiembre de 1979, en los que se renuncia al marxismo y a la lucha de clases. La dirección del partido se encontraba en una encrucijada, entre una militancia que tenía muy reciente la imagen idealizada de la II República, no tanto por sus logros, aunque sin duda los hubo, como por la legalidad traicionada, y la responsabilidad de explorar la vía a la democracia que se abría con la ley citada, aceptando el pie forzado de la monarquía. Finalmente, se optó por una resolución en la que se mantenía el horizonte de la utopía republicana, al tiempo que se salvaba el escollo de la realidad inmediata que imponía la herencia del régimen anterior, cuyo generalísimo había fallecido en su cama apenas un año antes.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia. (EFE) Opinión

El debate en el congreso fue intensísimo —y, como digo, un anticipo del debate constitucional— y exigió una explicación pública sobre lo que la sociedad habría de esperar del PSOE. Felipe Gonzalez abordó el asunto de esta manera en su discurso de clausura: “Un partido que es capaz de (...) la flexibilidad y de la inflexibilidad; de la flexibilidad cuando se trata de avanzar sorteando obstáculos [este era el caso de la forma de la jefatura del Estado], de la inflexibilidad cuando se trata de defender la esencia última del partido [de ahí surge la obligación ética para presentar el voto particular]. En eso no vamos a transigir, en eso nunca vamos a transigir ni un ápice, que no nos adjetiven, ni en la izquierda, ni desde la derecha”. Estas citas aquí recogidas exponen con claridad meridiana la coherencia en línea de actuación del PSOE a lo largo de la Transición y durante el régimen del 78, que muchos socialistas echamos tanto de menos en estos tiempos.

Desde entonces, y gracias en parte a ese proceso de superación de tabúes históricos, el PSOE ha sido esencial en la consolidación de un régimen democrático que ha sido capaz de superar debates caducos sobre la forma de Estado. Si ayer no vimos razones para cuestionar el modelo constitucional, con las emociones y recuerdos a flor de piel, hoy en el PSOE somos muchísimos, la mayoría, diría yo, los que pensamos que el consenso alcanzado sobre la jefatura del Estado sigue estando vigente.

Los recientes cantos de sirena para cambiar la forma de la jefatura del Estado tensan estérilmente el debate político y comprometen la convivencia social. Reabrir este asunto es, a mi juicio, absolutamente desestabilizador, máxime cuando se sabe que no existe una alternativa pactada al modelo institucional, político y social establecido en la Constitución de 1978.

Foto: Detalle de un ejemplar de la Constitución. (EFE) Opinión

Si esto es así, entonces, ¿por qué se trae a la actualidad ese debate anacrónico? Parece haberse producido una conjunción de intereses entre los grupos independentistas y los partidos populistas de izquierda radical que promueven un Estado plurinacional, que ven la Corona como el ultimo dique para conseguir sus objetivos de diluir el bloque constitucional que conforma la soberanía del pueblo español y la unidad territorial.

Las preferencias republicanas de los separatistas son seculares. Sin embargo, sorprende la estrategia de Unidas Podemos, particularmente de aquellos que abiertamente se declaran comunistas. Estos han realizado una enmienda a la totalidad de la política histórica del PCE manifestada en la discusión del Anteproyecto de CE. Olvidan los cachorros del partido que sus mayores sumaron sus votos a lo que ellos llamarían las derechas para derrotar en la comisión el voto particular presentado por el PSOE y para aliarse con las derechas para aprobar definitivamente el párrafo tercero del artículo primero del Anteproyecto de Constitución. Hoy también añoramos esa izquierda coherente, que —como diría G. Celaya— estaba cargada de futuro.

*Pedro Pablo Mansilla Izquierdo, médico.

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