El enfado de los jueces y su idea de la independencia

La noticia de que tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) van a denunciar a España ante los organismos competentes de la UE por violar valores básicos de la Unión Europea, como son los derechos humanos o el imperio de la ley, ha provocado una lógica desazón, sin faltar quienes lamentan que la ropa sucia no se lave en casa. Las citadas asociaciones solicitan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que abre la posibilidad de sancionar a un Estado miembro. Se supone que algo muy grave tiene que haber sucedido.

El argumento central es que las reformas que el Gobierno pretende introducir en la legislación reguladora de la formación y elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entrañan un riesgo de violación del Estado de derecho. Una primera modificación ya aprobada (LO 4/2021, de 29 de marzo) prohíbe realizar nombramientos al Consejo en funciones. La otra y más profunda, pendiente de aprobación, es, de nuevo, el modo de elección de los vocales judiciales del CGPJ. Con esos cambios, según esas asociaciones, se pondrían en juego la independencia judicial y la separación de poderes, a la vez que se proseguiría con la politización de la Justicia, evidenciando que España no quiere instaurar un sistema similar al de otros Estados europeos.

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Ese 'agravio comparativo' parece desconocer, por ejemplo, cuál es la composición y el modo de nombrar miembros en el Conseil Superieur de la Magistrature francés, regulado por el artículo 65 de la Constitución de la V República, al que la Ley Constitucional 93/952, de 27-7-1993, confirió cierta autonomía de la que carecía, sin alcanzar la que tiene nuestro CGPJ, aunque inferior a la que tiene el Consiglio Superiore della Magistratura de Italia, que es el modelo de 'máxima' autonomía respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. En cuanto a Portugal, la Constitución de 2 de abril de 1976 creó el Conselho Superior da Magistratura: algunos de sus miembros son elegidos por el presidente de la República o por la Asamblea (nueve), y los demás son elegidos por jueces (siete). En el caso alemán, es clara la fuerza decisiva del ejecutivo, federal y de los 'länder', que elige y gobierna al poder judicial bajo la supervisión del legislativo, y los nombramientos importantes son competencia de órganos políticos. La vía comparativa, por lo tanto, no creo que vaya a servir de gran cosa.

Todo el conflicto nace del permanente veto del PP a la renovación del actual Consejo, en el que el sector conservador mantiene una mayoría absoluta de vocales a los que el PP propuso hace siete años para un mandato de cinco. Pero el desprecio a los deberes constitucionales no parece tan grave a las asociaciones judiciales como los intentos de romper el atasco por la vía de la reforma de la ley en lo que atañe a la mayoría necesaria para elegir a los vocales judiciales, que pasaría de la actual cualificada de 3/5 a solo la mayoría absoluta, lo que permitiría prescindir de los votos del PP.

El deseo de las asociaciones judiciales es que los 12 vocales sean elegidos por los propios jueces

El deseo abierto de las asociaciones judiciales es que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces, y, añaden algunos, sin pasar por dichas asociaciones, que hasta ahora han venido haciendo 'preselecciones'. Eso acercaría nuestro sistema al modelo italiano. Pero mientras que eso no se decida legislativamente, subsisten problemas que parecen irresolubles, sin serlo. El primero, y detonante de lo que ha pasado después, es la obstinación del actual CGPJ 'prorrogado' en continuar haciendo nombramientos, lo cual se hubiera podido evitar en su momento con una razonable regulación y limitación de las competencias del organismo una vez vencido su plazo de duración, en lugar de dejar el tema para abordarlo en medio de la bronca, como se ha hecho.

El siguiente es la tendencia a desencajar el concepto y valor constitucional de la independencia judicial cuando se afirma que las reformas que pueden afectar al órgano de gobierno de la magistratura —que, sin duda, necesita reformas— lesionan la independencia de los jueces cuando esta reside en todos y cada uno de los jueces y, en cambio, no se encarna ni en el CGPJ ni en sus vocales. Por eso mismo, sostener que el modo de elegir a los vocales incide directamente en la independencia de los jueces es algo tan desatinado como decir que el modo de elegir rectores en las universidades afecta a la libertad constitucional de cátedra.

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Eso es lo que hacen, tal vez movidos solo por el afán de cargar las tintas, los que en protesta por las reformas que afectan al CGPJ quieren llevar España a la fiscalización europea bajo la denuncia de agresión a la independencia de los jueces incompatible con los principios de la UE, y eso sucede, en su opinión, si se cuestiona el modo parlamentario de elegir vocales o se limitan las competencias del organismo cuando ha entrado en 'prórroga' impidiendo la ultraactividad. Es una acusación tan grave como descabellada, que, por cierto, llevará a Puigdemont y su corte a brindar de alegría por la descalificación del sistema judicial y su independencia.

La acusación se complementa con la de incrementar la 'politización de la Justicia'. De nuevo, se establece una relación de causalidad entre el voto parlamentario y la llamada politización, concepto que, por cierto, nunca se aclara debidamente; con lo cual, el españolito de a pie puede llegar a creer lo que nunca se ha demostrado, a saber: que una resolución judicial, del nivel que se quiera, se haya dictado bajo la influencia política.

El obstruccionismo del PP, a buen seguro encantado con la 'protesta europea', es políticamente inmoral

El supuesto anverso de la moneda, que es la 'judicialización de la política', es, en cambio, mucho más visible a causa del uso y abuso del recurso al procedimiento judicial para dirimir disputas de origen político, y en ese pecado se puede decir que el que esté libre de culpa, de entre los partidos españoles, que levante la mano —dejemos el lanzamiento de piedras—. Con ocasión de la improbable promulgación de una nueva Ley Procesal Penal, los partidos podrían renunciar al ejercicio de acciones penales. Veríamos si lo hacen, aunque siempre queda el subterfugio de usar a un 'militante indignado'.

Volviendo al tema central: la elección de un nuevo CGPJ es inaplazable y el obstruccionismo del PP, que a buen seguro está encantado con la 'protesta europea' promovida por asociaciones judiciales, es políticamente inmoral, pese a lo difícil que es conjugar los conceptos de acción política y conducta moral. Los que han decidido dar ese paso seguro que son conscientes de la casi nula posibilidad de que la UE les preste atención, por lo que cabe suponer que sus motivaciones son otras, y no precisamente testimoniales.

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El deseo de que los vocales judiciales sean elegidos entre los jueces —insisto, no por las asociaciones— no es inviable, pero exige cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que dispuso que los 20 vocales del CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de 3/5. En cuanto a los 12 vocales de procedencia judicial desde el año 2013, son nombrados de entre unos candidatos que se presentan con avales de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociación judicial. Hay pues una importante cuña corporativa o profesional, como se quiera denominar, y el sistema podría acoger un criterio diferente, sin grandes problemas. Cosa diferente y realmente grave es el modo en que se decide quién ha de presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. Pero ese es otro y dramático problema, que se trata con un cóctel de populismo y frivolidad.

Es inadmisible que algún portavoz de las asociaciones recurrentes a Europa haya llegado a afirmar que en los últimos 30 años los partidos políticos se han repartido los principales cargos judiciales. Sería magnífico que aportara una relación de nombres, y, de no tenerla, es una acusación infamante para muchos magistrados, salvo que solo se refiera a los vocales del Consejo y haya optado, de nuevo, por mezclarlo todo para confundir otra vez al espectador ingenuo.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.