De la II República a la monarquía republicana

El problema, hoy, de nuestra desventurada Segunda República es que la mayoría de los españoles (seis de cada 10, según datos de Metroscopia) asocia todavía su recuerdo con el de la Guerra Civil. La sombra de esta última, demasiado viva aún —por desgracia— en nuestra memoria colectiva, opera así como filtro que distorsiona gravemente la percepción de lo que realmente supuso el 14 de abril de 1931. Lo que en esa fecha ocurrió es que España pasó a dotarse del sistema político más impecablemente democrático de nuestra historia (a contracorriente, por cierto, de las pulsiones totalitarias —de derecha e izquierda— entonces imperantes en nuestro entorno europeo: la democracia liberal tendía a ser considerada entonces, de forma creciente, como fórmula amortizada y obsoleta). El intento terminó, ciertamente, en una feroz Guerra Civil que —por mucho que haya quienes se empeñen en negarlo— les vino impuesta a la mayoría de los españoles desde extremismos fanatizados. Pero, en justicia, esto es algo que no debe empañar el significado histórico del 14 de abril.

A malentender la República ha contribuido también, sin duda y de forma decisiva, el hecho de que la fratricida guerra la ganara finalmente el conglomerado de formaciones de ultraderecha que se sumó a lo que inicialmente fue un levantamiento militar sin definición ideológica clara. Se explica así que el 66% de los españoles asocie hoy la Segunda República con la izquierda, y que solo el 13% lo haga con la derecha. Esta 'izquierdización', en nuestro recuerdo colectivo, de la imagen de conjunto de la República está especial y significativamente extendida entre los votantes de las dos formaciones más radicalizadas de ámbito estatal: la expresa un 84% entre los votantes de Unidas Podemos, pero también un 81% entre los de Vox. Resulta entendible: para los primeros, aquel tiempo ha quedado fijado como el de 'los nuestros'; para los segundos, como solamente el 'de ellos'. La realidad es más bien que la República fue un tiempo de todos, como de todos es nuestro patrimonio histórico, nos gusten más o menos unos u otros de los elementos que lo componen.

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En su compleja andadura de cinco años (de abril de 1931 a julio de 1936), la República fue tanto de izquierda como de derecha, e incluso de centro. De los dos presidentes que tuvo, el primero (Alcalá-Zamora) sería considerado hoy como liberal-conservador; el segundo (Azaña) sería ahora tildado de centrista. Hasta abril de 1939, se sucedieron 26 gobiernos, con prácticamente todas las combinaciones ideológicas posibles. Se celebraron dos elecciones generales (1933 y 1936) con resultados muy dispares, pero ninguno de los cuatro grandes bloques ideológicos (en que se suele, de forma más o menos aproximada, agrupar a los partidos concurrentes) logró nunca una mayoría absoluta de escaños. No parecen datos que justifiquen teñir toda la Segunda República con un solo color ideológico. Del mismo modo que carece de sentido ahora, 90 años después, celebrar el 14 de abril como exaltación de un contra-modelo no ya del franquismo (lo que tendría sentido) sino, absurdamente, del vigente sistema político.

Quien analice, sin dogmáticas anteojeras ideológicas, nuestra actual democracia (definida por algunos, con errado ánimo despectivo, como 'régimen de 1978') habrá de reconocer que está asentada en los mismos grandes valores y principios que la Segunda República propugnó para nuestra vida pública. Esta continuidad en lo realmente esencial entre el régimen político del 14 de abril y el actual ha sido reconocida —por citar solo dos ejemplos emblemáticos— tanto por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (para quien “la Constitución de 1978 asume el legado de la Segunda República”; 'El País', 6-12-2018), como por el propio Felipe VI (quien, con su presencia en la inauguración de la exposición conmemorativa dedicada a Manuel Azaña en la Biblioteca Nacional de Madrid, rindió homenaje a lo que su figura significa en nuestro patrimonio histórico colectivo). Por su parte, uno de nuestros mejores novelistas actuales (Javier Cercas) ha sugerido incluso que la nuestra es una monarquía republicana (que es, por cierto, como Montesquieu definió ya la Inglaterra de su tiempo: “Una república ataviada de monarquía”).

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En la actualidad, quienes cuestionan la común naturaleza democrática, de fondo, que comparte nuestro sistema político actual con el instaurado en abril de 1931 son solamente quienes, en un extremo y otro del arco ideológico, pugnan por convertir nuestra actual vida política en reñidero permanente en el que ajustar cuentas con un pasado que, de puro remoto, inevitablemente desfiguran. No hace falta ser monárquico (signifique esto lo que pueda significar a estas alturas de la historia) para reconocer que la actual monarquía parlamentaria española en nada difiere, en la práctica, en cuanto a calidad democrática y en cuanto a la configuración de las funciones que corresponden a la jefatura del Estado, no ya de nuestra Segunda República sino de repúblicas actuales como Alemania, Italia o Finlandia. Estos tres países, al igual que España (o que otras monarquías parlamentarias, como Suecia, Dinamarca o Noruega), son considerados, según las diversas evaluaciones expertas disponibles, como democracias avanzadas.

La única diferencia reseñable, hoy, entre ellas es la distinta modalidad de acceso a la más alta dignidad representativa: hereditaria o electiva, según los casos. Pero lo cierto es que, desde consideraciones realistas y pragmáticas, no existe diferencia alguna en cuanto al grado real de democracia que una y otra fórmula posibilitan. En el momento actual (y según datos recientes de Metroscopia), los españoles que se consideran radical e irrenunciablemente republicanos representan un 20%; los que, por el contrario, se definen como radical e irrenunciablemente antirrepublicanos, un 22%. En todo caso, y por encima de esos posicionamientos extremados, un 80% concluye que, en realidad, la forma que adopte la jefatura del Estado no es lo importante, sino que su titular desempeñe eficaz y competentemente sus funciones. Sondeo tras sondeo, una amplia mayoría de españoles viene evaluando de forma claramente positiva el desempeño de sus funciones por el rey Felipe (que es, con diferencia, la figura pública mejor evaluada de nuestro país): en consecuencia, la teórica disyuntiva monarquía/república queda en cuestión que solo ocupa a sectores minoritarios que no parecen tener temas más apremiantes que resolver. En relación con la forma de la jefatura del Estado, los españoles llevan ya decenios declarándose, de forma masiva, accidentalistas.

La forma que adopte la jefatura del Estado no es lo importante, sino que su titular desempeñe eficaz y competentemente sus funciones

Procede pues celebrar el 14 de abril como una efemérides común, que podemos (y hasta debemos) compartir por igual desde posicionamientos ideológicos muy dispares. Constituyó el primer gran intento de instauración de una democracia plena en nuestro país: no lo juzguemos desde lo que vino después. Los demócratas de hoy tenemos un claro lazo de unión (e incluso una deuda de gratitud) con los demócratas de entonces: por encima de lo que han supuesto la Guerra Civil y la posterior dictadura, nos une una misma voluntad de crear una sociedad más plural, libre y justa, en la que podamos convivir con respeto y en paz con quienes piensan de forma distinta a la nuestra. Y tanto si lo hacemos en una república como en una monarquía, siempre que ambas sean (como fue y es el caso) parlamentarias, constitucionales y democráticas.

*José Juan Toharia es catedrático (E) de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Metroscopia.