La Unión Europeaha frenado el penúltimo despropósito de la coalición que gobierna en España, que finalmente se ha quedado en mera tentativa frustrada y aviso a navegantes.
Recordemos. En octubre de 2020, PSOE y Podemos presentaban una reforma legal para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como es lógico, saltaron todas las alarmas.
La reforma, presentada por los grupos parlamentarios en lugar de hacerlo en forma de proyecto de ley del Ejecutivo —para evitar tener que pedir los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado—, pretendía una cacicada sin precedentes: permitir que el máximo órgano de gobierno de los jueces fuese nombrado por la mitad del arco parlamentario, despreciando y excluyendo a la oposición y llevando a las cotas más altas la politización de esta institución clave para la democracia.
El Ejecutivo hizo oídos sordos a la indignación de la oposición, la mayoría de las asociaciones de jueces y gran parte de la sociedad civil, pregonando el carácter democrático e intachable de su reforma. No hay duda de que, si todo se hubiera quedado ahí, si no hubiera sucedido nada más, la reforma se habría aprobado, socavando la independencia judicial y asestando un durísimo golpe al Estado de derecho. Una cacicada más, de las muchas que ha perpetrado el binomio Sánchez-Iglesias desde su llegada al poder y el asalto a las instituciones.
Afortunadamente, las cosas no se quedaron ahí. Sucedió algo más: la Unión Europea, en mucha parte gracias al trabajo incansable de los eurodiputados españoles de Ciudadanos, actuó como muro de contención ante lo que era un ataque en toda regla al Estado de derecho. Ya a finales del año pasado, el hecho de que la Comisión Europea enviase una carta al Gobierno español manifestando sus dudas sobre la reforma sirvió para que esta quedase congelada 'sine die'.
El Gobierno retira la reforma que rebajaba las mayorías para elegir el CGPJ
Ahora, frenazo en seco ante la firmeza de la UE: tras meses de activa labor de la vicepresidenta de la Comisión, Vêra Jourová, y del comisario de Justicia, Didier Reynders —ambos pertenecientes a la familia liberal europea—, el Gobierno ha retirado definitivamente su propuesta. Aun habiendo conseguido maniatar al CGPJ mientras siga en funciones —un triste premio de consolación en el revolcón sufrido en Bruselas—, se aleja definitivamente el riesgo de que el gobierno de los jueces pudiese quedar en manos del PSOE, Podemos y los nacionalistas, sin los contrapesos necesarios para garantizar la independencia que todo Estado de derecho requiere.
La marcha atrás del Gobierno, que es un gran paso adelante para la democracia y la división de poderes en España, confirma de manera flagrante que, a pesar de las frivolidades, los desmentidos y las manipulaciones mediáticas, ha existido realmente un intento de debilitar el Estado de derecho,maniatar la libertad de los jueces y, en última instancia, sabotear la democracia y el sistema del 78.
Europa ha demostrado ser, una vez más, una tabla de salvación para España. No es de extrañar que el nuestro sea uno de los Estados miembros con mayores índices de europeísmo; hay que trabajar para que lo siga siendo, porque eso es salvaguardia y garantía de la institucionalidad democrática.
Sin embargo, haber frenado lo que, sin dudas ni excusa posible, era un golpe populista y un atropello a la democracia liberal en España no es suficiente, ni podemos conformarnos con haberlo logrado. La renovación del CGPJ para que recupere sus competencias, ahora limitadas por otra de las reformas del Ejecutivo, sigue pendiente. Y el actual sistema, aunque mejor que el que se pretendía imponer desde la Moncloa, sigue implicando un cierto grado de politización del Consejo que debemos aspirar a revertir.
Es imprescindible que quienes hemos compartido la preocupación por el intento de asalto a la judicatura sigamos compartiendo la necesidad de articular una nueva reforma, esta vez para despolitizar por completo el CGPJ y sus nombramientos, devolviendo esa facultad a los propios jueces. Solo así garantizaremos que, en el futuro, ni este ni otro Gobierno que alcance la misma falta de escrúpulos de Sánchez e Iglesias puedan volver a intentar torpedear la separación de poderes en España.
*Adrián Vázquez Lázara, eurodiputado de Ciudadanos
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