El debate del lobo: sobra demagogia, falta sentido común
El control cinegético no es algo contra el lobo, sino todo lo contrario, de hecho, allí donde el lobo ha podido ser controlado mediante la caza, el número de ejemplares ha aumentado un 20% en los últimos 10 años
No es la primera vez que lo vemos, y por desgracia parece que no será la última. A este Gobierno le sobra demagogia y le falta sentido común. Un episodios de la sinrazón a la que ya nos tienen acostumbrados lo vivimos el pasado 4 de febrero, cuando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico decidió por sorpresa forzar una votación en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para conseguir prohibir el control cinegético del lobo en toda España. La sorpresa de la votación —primera vez en la historia del órgano, un asunto se somete a votación y no se acuerda buscando la unanimidad de todos sus miembros— casi es lo menos importante, si tenemos en cuenta la arbitrariedad de la decisión adoptada.
Y es que, es importante recordarlo, se sacó adelante un acuerdo:sin razón jurídica; sin apoyo científico alguno, en un momento en que la población de lobos en España, lejos de disminuir, ha aumentado de forma considerable en los últimos años ; sin datos que avalen las ventajas de la medida; sin que respondiera a requerimiento europeo ninguno; en contra de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, que declara los lobos al norte del Duero especie cinegética;en contra de los informes de expertos de las comunidades autónomas que, además de ser especialistas de reconocido prestigio en su campo, llevan años conviviendo con el problema.En contra de las propuestas enviadas el día antes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a todas las CCAA,en contrade las comunidades autónomas afectadas, es más, comprando de forma descarada el voto a cuenta de la afinidad política de algunas que ni tienen, ni tendrán jamás, lobos en su territorio, para perpetrar el cambio. En contra de la propia Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que prevé que la estrategia para la conservación y gestión del lobo es la herramienta para acometer este tipo de actuaciones, estrategia que fue aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en diciembre de 2004 (por unanimidad) y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en enero de 2005, y cuyas funciones y competencias han sido totalmente obviadas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con esta actuación.
Simple y llanamente, por ideología extrema de una mal entendida protección de la especie y una clara animadversión contra la ganadería que venimos denunciando desde hace tiempo desde el Partido Popular.
El lobo es un animal protegido en España desde hace muchos años, de hecho, el número de ejemplares ha crecido un 20% en los últimos 10, fundamentalmente en cuatroo comunidades: Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, además de Madrid y País Vasco, en menor medida.
A nivel europeo, la directiva hábitats permite la caza del lobo al norte del río Duero, de modo que tan solo al sur de dicho curso de agua declara especie protegida al lobo, si bien el propio art. 16 de la directiva admitiría el control cinegético, incluso al sur del Duero, “para evitar daños graves, en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, etc.”.
Por otro lado, en el contexto de las nuevas estrategias europeas, de biodiversidad y de la granja a la mesa, que introducen mayores exigencias de sostenibilidad ambiental, tanto para la agricultura como para la ganadería, se plantea la necesidad de prestar una especial atención a la ganadería tradicional extensiva, que es la solución óptima en términos de protección ambiental, producción biológica, calidad y bienestar animal; ganadería extensiva que, al mismo tiempo, es la más vulnerable a los lobos. Por lo tanto, en el orden europeo, si hubiera que pensar en un cambio de criterio, este apuntaría justo en el sentido contrario.
Por su parte, el pasado 18 de noviembre de 2020, el Gobierno publicita un borrador de la Estrategia para la Conservación del Lobo que proponía cambiar lo que hasta aquí había funcionado, e incluir todas las poblaciones españolas de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Y homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, que hasta ahora, cumpliendo la directiva mencionada, diferenciaba entre las zonas situadas al norte del Duero, con control cinegético autorizado, y al sur del Duero, donde este control no está autorizado, de modo que se prohíbe la caza del lobo en toda España y por tanto se plantea un crecimiento descontrolado de la especie.
Sin haber aprobado definitivamente la estrategia, el mismo Gobierno que la había puesto encima de la mesa, y en pleno debate con quienes tienen la competencia y sufren los problemas, decidió llevar a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la propuesta de prohibición de la caza provocando una votación en un ejercicio de deslealtad sin precedentes hacia las comunidades autónomas afectadas, hasta el punto de que hubo que realizar dos votaciones para sacar adelante la propuesta del ministerio, lo que se logró gracias a los votos de algunas de ellas que ni tienen ni van a tener el problema, porque simple y llanamente no tienen lobos en sus territorios.
Mientras esto se promovía desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, un día antes, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se enviaba un escrito a todos los responsables regionales con el siguiente tenor literal:
“En el caso del lobo, consideramos que establecer un nivel de protección homogéneo ante la diversidad de situaciones poblacionales y de convivencia con la actividad ganadera puede suponer un menoscabo de la competencia autonómica en la materia, por lo que tendría un difícil encaje constitucional. Tampoco parece factible sacar adelante esta estrategia mediante mecanismos de coordinación voluntarios, tales como la Conferencia Sectorial, sin un mayor grado de consenso con las principales CCAA implicadas en la gestión del lobo, que albergan la gran mayoría de manadas de lobo registradas, y que han manifestado su oposición a esta medida. De acuerdo con los criterios de determinación del estado de conservación de la especie, de acuerdo con la directiva de hábitats, en ningún caso se puede determinar que estatus de esta especie —ni por la evolución de su dinámica poblacional, ni por la extensión o evolución de su área de distribución natural— sea desfavorable. Tampoco su consideración en la directiva en el anexo II o IV, únicamente aplicables para las poblaciones al Sur del Duero. Finalmente, la difícil convivencia del lobo con la ganadería extensiva implica que una decisión de este calado tenga una acogida muy negativa por los sectores afectados, en un momento en el que la crisis del covid-19 les ha afectado particularmente. En definitiva, consideramos que más allá de homogeneizar el nivel de protección el lobo, dentro de la estrategia aún existe margen suficiente para mejorar el estatus poblacional del lobo en nuestro país, así como las medidas de convivencia, utilizando los mecanismos medioambientales y aquellos presentes en la Política Agraria Común, sin recurrir a medidas drásticas con una elevada incidencia económica y social sobre determinados territorios y sistemas ganaderos con importantes externalidades territoriales y ecológicas”.
Esto lo decía el 3 de febrero la dirección general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación responsable de proteger al sector agrícola y ganadero, y lo decía con conocimiento de causa, porque no solo hay un 20% más de lobos, sino que, donde está prohibida la caza, los ataques son insoportables: durante 2019, han sido casi 14.000 las reses atacadas por el lobo (13.878, para ser exactos), en las cuatro regiones más afectadas: 3.774 cabezas de ganado en Castilla y León, 2.600 ataques en Cantabria, 5.134 animales en el Principado de Asturias y 2.400 cabezas en Galicia, en las cuatro regiones que concentran el 95% de esta especie.
Generalmente, los ataques se producen en ganaderías en extensivo, la mismas que la Unión Europea pretende proteger en las nuevas estrategias y, sin embargo, las mismas a las que este Gobierno ha recortado las ayudas de la PAC en el BOE del 26 de enero. Las que más están sufriendo con la pandemia como consecuencia del cierre de la hostelería sin que les llegue ayuda alguna. Las que más contribuyen a la conservación del medio ambiente y prevención de incendios. Y, ante todo, la actividad que más población arraiga en el medio rural, y mejor podría contribuir a la lucha contra la despoblación. Curiosamente, competencia del mismo ministerio que adopta la medida en su contra y de la misma ministra que parece afanada en destruirlo. Es cierto que no es la única: de hecho, la ganadería es la actividad más denostada y atacada por diferentes ministros, recordemos aquello de los lunes sin carne, de que robamos la leche a las vacas o el etiquetado Nutriscore. Y lo más triste es que estos ataques al sector ganadero se están llevando a cabo con el beneplácito y consentimiento del ministro de Agricultura, quien a pesar de cobrar por defenderlo, y en contra de los criterios de su propio ministerio, en un penoso ejercicio de mutación ideológica, cambió a última hora de postura para someterse, una vez más, a los delirios de un mal entendido ecologismo que pretende aplicar la facción más extrema del Gobierno.
El control cinegético no es algo contra el lobo, sino todo lo contrario, de hecho, allí donde el lobo ha podido ser controlado mediante la caza, el número de ejemplares ha aumentado un 20% en los últimos 10 años. Allí donde no ha estado permitido, lo único que ha aumentado es el número de ataques a la ganadería, no el de lobos.
Hacer compatible el lobo y la ganadería pasa por el control cinegético de la especie, no por quitar dinero de la PAC a todos los ganaderos con una mano y dárselo en indemnizaciones a los afectados por los ataques con la otra, tal y como se está planteando en este momento. No hay dinero que compense la brutal agresión del lobo y el estrés que sufre toda la cabaña, no solo el animal eliminado.
La barbaridad es de tal proporción que para revertirla se han unido todas las comunidades autónomas, con independencia del color político, múltiples agentes de la sociedad, las organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, todos contra esta decisión arbitraria, demagógica, ideológica y dañina para el campo.
Desde el Partido Popular, hemos llevado varias iniciativas al Congreso de los Diputados, la última hace tan solo una semana, dando todo tipo de argumentos para intentar corregir lo que consideramos un ataque puramente ideológico e infundado a los miles de españoles que viven de la ganadería, a los miles de personas que intentan aferrarse al medio rural para desarrollar en él, cada vez con más dificultades y menos medios, una actividad económica que les permita sobrevivir. En esta lucha para intentar corregir un ataque sin beneficio para nadie y en el que el más perjudicado es el medio rural y la población, nos hemos encontrado absolutamente solos. El partido del Gobierno y sus socios comunistas han vuelto a dar la espalda al campo y al medio rural para no abandonar su discurso demagógico. En el extremo opuesto, tampoco hemos contado con el apoyo de quienes en su día también concurrieron a las elecciones haciendo gala de blandir la bandera de la lucha contra la despoblación, que no tienen problema ahora en abandonar su cruzada y apoyar, día sí y día también, al Gobierno con sus decisiones.
El Partido Popular pedía varias cosas que parecían de sentido común: Mantener el actual estatus legal de las poblaciones de lobo en el territorio nacional y renunciar a la propuesta de prohibir la caza del lobo en aquellos lugares en que no tiene la condición de especie protegida: si los datos sobre dinámica de poblaciones, área de distribución y hábitat disponibles, año tras año arrojan unas cifras que avalan que la recuperación de la especie es muy favorable, no hay razones para adoptar medidas que solo serían adecuadas si los datos pusieran de manifiesto lo contrario.
Solicitábamos del Gobierno que buscara una posición común dentro de los intereses de los diferentes departamentos ministeriales implicados, y que dejara de actuar de forma unilateral y autoritaria; que contara con la participación del sector y de las comunidades autónomas interesadas antes de adoptar cualquier tipo de medida que afecte a sus competencias.
Se instaba al Gobierno a considerar el control cinegético como una herramienta necesaria para la gestión eficaz de la fauna salvaje, incluyendo el lobo, tal y como avalan los estudios científicos y las propias directivas comunitarias.
Igualmente, se requería al Gobierno de la nación que los fondos que se trasfieren a las comunidades autónomas para hacer frente a las indemnizaciones por daños de fauna silvestre sean del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dado que es donde se toman las decisiones, y no sean fondos de la PAC.
Pedimos al Gobierno, nada más y nada menos, que prescinda de demagogias, de ideologías y falsas interpretaciones; que prescinda de las trampas y de los atajos para imponer autoritariamente y unilateralmente su voluntad; que aplique el sentido común, y, sobre todo, que defienda a nuestros ganaderos, su actividad económica y la vida en nuestros pueblos, porque a estas alturas el principal enemigo de nuestro medio rural no van a ser los lobos, sino el propio Gobierno del país. Si el resto de partidos políticos no lo comparten, tendrán que ser ellos quienes nos lo expliquen.
Opinión 
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