Sin patentes, ¿quién invierte en investigación?

El del medicamento es un campo complejo, muy diferente a otros. Su desarrollo es una carrera incierta que implica, de media, 10 largos años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y un muy alto riesgo: hay que analizar entre 5.000-10.000 compuestos para que solo uno de ellos llegue a ser un medicamento.

Cuando se concede una patente farmacéutica a una empresa privada durante un periodo concreto, y bajo determinadas condiciones de exclusividad comercial, lo que se intenta es incentivar la innovación y proteger así a las empresas que desarrollan el medicamento de oportunistas que podrían copiar el producto cuando todo el coste de I+D esté ya incurrido. Una prueba de lo necesario de esta figura es que casi ninguna organización o entidad investiga en nuevas indicaciones de medicamentos con patente caducada. Lógico: si cualquiera puede apropiarse de los resultados de tu investigación, ¿quién invierte?

"Muchas voces demonizan las patentes con argumentos débiles e incluso contradictorios que generan confusión"

Muchas voces, sin embargo, demonizan las patentes —en especial las de medicamentos— con argumentos débiles e incluso contradictorios que generan confusión, dañan la reputación de la industria farmacéutica y ponen en riesgo la necesaria actividad investigadora, en la que compañías privadas invierten cada año más de 150.000 millones de euros en el mundo y de la que, en buena medida, depende el futuro de la salud y la sanidad.

Se apunta que las patentes tienden a ocultar el conocimiento científico y a limitar el acceso a él. Al contrario. Las patentes no son un secreto, son públicas y cualquiera puede estudiar qué es lo que otros han patentado. De hecho, esta característica es la más atractiva para el bien común y es la contrapartida que exige la sociedad para su concesión. Además, esto permite que los competidores puedan investigar alrededor de un nuevo compuesto que cuenta con este tipo de protección.

Por ese motivo, además de los que ya estaban investigando sobre una determinada diana terapéutica recién descubierta, suelen aparecer en intervalos de tiempo bastante cortos tres, cuatro o más medicamentos diferentes al inicialmente patentado, pero que comparten indicación con este. Esta es la piedra angular de un modelo de I+D biomédica mundial que no solo permite que las compañías farmacéuticas desarrollen el 95% de los medicamentos hoy disponibles, sino que en las últimas décadas se hayan logrado asombrosas mejoras en la supervivencia.

Desde algunos ámbitos, también se afirma que las patentes otorgan un monopolio sobre el tratamiento de una enfermedad. Pero, como se demuestra habitualmente, y en particular con la llegada del coronavirus, no es así. Con patentes y todo, un año después de la declaración de la pandemia, tenemos aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos cuatro vacunas, y hay muchas otras en fases muy avanzadas de investigación. ¿Dónde está el monopolio? Exclusividad sí, pero no monopolio; al menos como lo entendemos los economistas, con todos sus problemas.

"En España, como en la mayoría de los países europeos, los medicamentos se encuentran sujetos a regulación económica"

Además, no hay que olvidar que en España, como en la mayoría de los países europeos, los medicamentos se encuentran sujetos a regulación económica. El precio lo fijan las autoridades públicas (en nuestro país, la Comisión Interministerial de Precios, en la que participan varios ministerios y las comunidades autónomas), y el que una empresa no acepte la regulación económica supone la imposibilidad de comercializar su producto en el Sistema Nacional de Salud. Esto, en ocasiones, implica que las farmacéuticas asuman unas ventas próximas a cero —especialmente del ámbito hospitalario— en el que es el cuarto mercado de la Unión Europea por volumen.

Otra afirmación sin fundamento es que las patentes contribuyen a 'vampirizar' la investigación realizada con fondos públicos. Sin embargo, las empresas privadas que disponen de patentes para productos que se han desarrollado a partir de proyectos de investigación básica llevados a cabo por organismos públicos o semipúblicos, como las universidades (de hecho, la práctica totalidad de patentes, en cualquier sector), no parasitan en modo alguno los recursos públicos invertidos. La investigación básica se lleva a cabo con fondos públicos con el único fin de extender el conocimiento en un determinado campo científico. Es un bien público puro y se paga con los impuestos de todos. Igual que la investigación básica en energías limpias, en tecnología aeroespacial o de semiconductores. La investigación básica tiene que ser abierta por su propia naturaleza. Si no lo fuera, sería inútil.

"¿Cuál es el beneficio de eliminar las patentes más allá del que puedan obtener empresas cuya estrategia de negocio no es innovar, sino copiar?"

En el caso de los medicamentos, a partir de esta investigación básica tiene que haber algún actor que esté dispuesto a asumir el elevado coste y, sobre todo, el riesgo que implica tratar de aplicar los resultados para conseguir un compuesto que pueda convertirse en un medicamento eficaz y seguro contra una enfermedad.

Por lo tanto, hay que preguntarse cuál es el beneficio de eliminar las patentes, más allá del que puedan obtener países y empresas cuya estrategia de negocio no es innovar, sino copiar. Es dudoso que tal política trajera prosperidad. Lo que no traería, desde luego, serían avances científicos para la humanidad.

Se demonizan las patentes sin ofrecer un sistema alternativo solvente, y dichas críticas evocan la famosa frase de Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado”. Haciendo un símil, podríamos decir que las patentes son el peor sistema para conseguir medicamentos innovadores, con excepción de todos los demás que se han propuesto.

*Pedro Luis Sánchez, director de Estudios de Farmaindustria.