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Tribuna
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La ineludible regulación de los 'lobbies' en España
Cualquier regulación que pretenda ser de utilidad para el interés general debe combinar la necesidad de transparencia con la necesaria flexibilidad para el desarrollo del trabajo
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En fechas recientes, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado la tramitación de la iniciativa del Grupo Socialista para modificar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de regular las relaciones entre diputados y grupos de interés; destaca de la iniciativa la creación del Registro público de grupos de interés en el Congreso, un código de conducta para los llamados 'lobistas' y la obligación para los Diputados de informar sobre este tipo de contactos con los grupos de interés, incluyendo la identidad de las personas con las que se reúnan, así como las fechas y los asuntos tratados en cada caso.
En paralelo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública abrió, a finales del mes de abril, una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés en la que, con carácter general, se plantea la necesidad de regular las relaciones de estos grupos con los llamados cargos públicos, a efectos de transparencia y del control de las decisiones que afectan a la esfera pública.
Se trata de dos iniciativas relevantes que responden a la necesidad de que las relaciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo con los grupos de interés pueden regirse por un marco jurídico razonable y homogéneo, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno. Iniciativas que merecen algunas reflexiones.
En primer lugar, una regulación de los llamados 'lobbies' es tan necesaria como oportuna. Pero el punto de partida debe ir más allá de imágenes erróneas más o menos estereotipadas. Los 'lobbies' funcionan en los sistemas políticos con democracias avanzadas y contribuyen a la participación de los ciudadanos en la elaboración de las leyes y en la aplicación de estas. La demanda social por la regulación del ejercicio de la actividad del 'lobby' ha sido una constante durante los últimos quince años. La propuesta del Partido Socialista sigue la senda de la Ley de Transparencia aprobada en el año 2013. Desde entonces las demandas de la sociedad civil y de las diversas instituciones nacionales e internacionales han aumentado sustancialmente, hasta el punto de convertir este debate en un asunto ineludible. La ausencia de una normativa nacional de carácter general hace especialmente interesante revisar los modelos existentes en distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos independientes.
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En segundo lugar, el fondo de la cuestión genera bastante apoyo. Hay acuerdo en la necesidad de crear un instrumento similar al Registro de Transparencia ya existente en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Existe consenso en reconocer la importancia de la transparencia en la toma de decisiones políticas y en el reforzamiento de la seguridad jurídica de las normas.
Resulta ineludible que exista igualdad de trato y el mismo grado de acceso a los representantes públicos para todos los grupos de interés. Además, esta regulación dará respuesta a las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que ha llamado la atención varias veces a España por la ausencia de registro público obligatorio de los grupos de interés en nuestro país.
En tercer lugar, la primera de las iniciativas persigue reformar el reglamento de la Cámara, por lo que su efectividad se limita al propio Congreso, aunque es probable que esta misma regulación termine afectando de manera indirecta a la regulación de los 'lobbies' a nivel nacional y, en general, dentro del contexto del Anteproyecto de Ley de Transparencia.
Es un desafío que tiene que abordarse sin demora para poner en hora un reloj que lleva ya demasiados años de lamentable retraso
En resumen, se trata de iniciativas positivas, pero cualquier regulación que pretenda ser de utilidad para el interés general debe combinar la necesidad de transparencia con la necesaria flexibilidad para el desarrollo del trabajo, tanto de los cargos electos como de los funcionarios públicos. Unos y otros, ya asumen una importante carga de trabajo y no se les debería añadir más carga burocrática de la indispensable. Además, la futura legislación debería ser cuidadosa con la difusión de la información cuando afecte a materias que merecen protección, ya sea por motivos comerciales, de secreto profesional, de propiedad intelectual e industrial, o por exigencias normativas.
No se trata de un asunto menor en absoluto. La regulación de la actividad de los grupos de interés surge del propio artículo 9.2 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos la obligación de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es, por tanto, un desafío que necesariamente tiene que abordarse sin demora para poner en hora un reloj que lleva ya demasiados años de lamentable retraso en España.
*Miguel Ferre es 'senior partner' y director de Asuntos Públicos, Reputación y Sostenibilidad de Kreab
En fechas recientes, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado la tramitación de la iniciativa del Grupo Socialista para modificar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de regular las relaciones entre diputados y grupos de interés; destaca de la iniciativa la creación del Registro público de grupos de interés en el Congreso, un código de conducta para los llamados 'lobistas' y la obligación para los Diputados de informar sobre este tipo de contactos con los grupos de interés, incluyendo la identidad de las personas con las que se reúnan, así como las fechas y los asuntos tratados en cada caso.
En paralelo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública abrió, a finales del mes de abril, una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés en la que, con carácter general, se plantea la necesidad de regular las relaciones de estos grupos con los llamados cargos públicos, a efectos de transparencia y del control de las decisiones que afectan a la esfera pública.