El necesario compromiso del Gobierno en la protección de los denunciantes

Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA, hizo públicos en junio de 2013 documentos secretos sobre programas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Chelsea Manning, exsoldado y analista de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, filtró a WikiLeaks miles de documentos clasificados que ponían de manifiesto los 'errores' cometidos por el Ejército estadounidense durante las operaciones en Afganistán e Irak. Más cerca de nosotros, en España, José Luis Peñas denunció la trama Gürtel y ayudó a entender el enmarañado sistema de las empresas de Francisco Correa. Roberto Macías, extrabajador de UGT-Andalucía, destapó el caso de las presuntas facturas falsas con que el sindicato se financió durante años a través subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la formación de parados y trabajadores. José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, presentó la denuncia que dio lugar a la apertura del caso Neurona

Son solo algunos ejemplos que engrosan una larga lista de supuestos a los que podían añadirse otros muchos —el caso Falciani, JP Morgan, los papeles de Panamá, el escándalo del Dieselgate del grupo Volkswagen, etc.—, y que comparten el denominador común de que quienes dieron la voz de alarma ante presuntas irregularidades fueron los ciudadanos, o los propios empleados al servicio de las entidades.

Todos ellos sacaron a la luz prácticas y comportamientos reprobables, asumiendo con ello un papel fundamental en la lucha contra la corrupción a través de la revelación de las disfunciones de nuestras instituciones, nuestras economías y nuestros sistemas políticos y financieros en escenarios en que fallaron los controles ordinarios. Sin embargo, no deja de ser frecuente que a quienes así actuaron se les haya intimidado, amenazado o despedido en represalia por su comportamiento, o incluso, en ocasiones, que hayan resultado condenados judicialmente por desvelar datos de sus organizaciones.

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Este miércoles 23 de junio se conmemora el Día Mundial del Denunciante, celebración que tiene por objeto ensalzar y poner en valor en el mundo la inestimable contribución de esas personas a la sociedad y la necesidad de garantizar su protección.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, representó un paso decisivo en el marco de la Unión Europea en el intento de establecer un marco homogéneo de protección que permita incentivar la denuncia de infracciones, superando la fragmentación normativa entre los Estados miembros y la desigual regulación en los distintos ámbitos sectoriales.

La directiva, consciente de que el temor a las represalias constituye el principal factor disuasorio a la hora de alertar de la existencia de irregularidades, configura todo el sistema sobre la base de la necesaria protección de los denunciantes frente a cualquier tipo de represalia. Y lo hace prescindiendo incluso de los motivos que hayan llevado a cada cual a formular la denuncia, e incluso con independencia de la veracidad intrínseca de la información, siempre y cuando existan motivos razonables para pensar que se haya cometido (o que se pueda estar cometiendo) una infracción.

Es el momento de que los gobiernos demuestren a todas los denunciantes de conductas irregulares que no van a estar desamparados

En el mes de diciembre de este año, vence el plazo que la directiva otorgó a los Estados miembros para su transposición. Mientras que otros países de nuestro entorno disponen desde hace años de normas en la materia, en España es una asignatura pendiente, tal y como puso de manifiesto el 'Informe sobre el Estado de derecho 2020', elaborado por la Comisión Europea. Lo anterior es especialmente grave si tenemos en cuenta que, según los resultados del Eurobarómetro sobre la corrupción, el 94% de los encuestados consideraba que el problema de la corrupción es habitual en nuestro país, frente al 71% en el resto de la UE.

Corresponde al Gobierno implicarse al máximo en esta tarea sobre la base del denominador común que aporta la directiva. No se trata tan solo de delimitar un catálogo de conductas prohibidas —en cuanto puedan suponer represalias frente al denunciante: despidos, cambios de puesto, denegaciones de ascensos, etc.—, o de establecer un estricto régimen sancionador en la materia. La clave de la actuación normativa en este ámbito debe ser la creación de un marco jurídico que favorezca la presentación de denuncias.

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La directiva apunta en este sentido a la inclusión de previsiones para que las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad no puedan actuar como límites para impedir las denuncias; al establecimiento de garantías de inmunidad cuando el acceso a la información o a la documentación por parte del denunciante pudiera generar responsabilidades de tipo civil, administrativo o laboral; a la incorporación de reglas efectivas de inversión de la carga de la prueba, de tal modo que sea el empleador quien tenga que demostrar que las eventuales medidas adoptadas frente al denunciante no estaban vinculadas con la denuncia presentada, o a la posibilidad de que los denunciantes, ante situaciones de represalias, puedan acogerse a medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, situación que podría ser difícil revertir si se prolongasen en el tiempo.

En la misma línea, corresponde a los gobiernos garantizar que los denunciantes que sufran represalias tengan acceso a mecanismos de asesoramiento, o asistencia jurídica o, incluso, financiera y de apoyo psicológico en el marco de los procesos judiciales, y a una real y efectiva compensación por los perjuicios que les puedan ser causados.

Otra de las cuestiones importantes es la relativa a la posibilidad de que sea admitida la presentación de denuncias anónimas

Otra de las cuestiones importantes es la relativa a la posibilidad de que sea admitida la presentación de denuncias anónimas. Aunque a fecha actual la tecnología permite contar con sistemas que aportan unas altísimas garantías de confidencialidad, la experiencia demuestra que la colaboración de los ciudadanos y empleados advirtiendo la existencia de irregularidades resulta muy superior en aquellos ámbitos en que se permite la presentación de denuncias anónimas, lo que se deriva del hecho de que esta posibilidad es la que mayores garantías ofrece a los denunciantes respecto a posibles represalias futuras.

El año 2021 es, en consecuencia, clave en este ámbito. En este año, a través de la transposición de la directiva, los Estados miembros van a tener que demostrar su nivel de compromiso con todas esas personas que deciden dar un paso al frente denunciando conductas o prácticas irregulares para contribuir así, de forma ética y saludable, a la defensa de valores como dignidad, integridad y honestidad. Es el momento de que los gobiernos demuestren a todas esas personas que en su particular cruzada no van a estar desamparados, y que a su lado van a contar con el apoyo de un sistema dispuesto a apoyarles. El tiempo nos dirá si han estado a la altura de tales exigencias.

* Ignacio Sáez Hidalgo es asesor jurídico de la Junta de Castilla y León y letrado.