Plus Ultra: más allá, está la Justicia

La Justicia ha hablado, y ha suspendido el pago de la segunda parte del rescate a Plus Ultra: los 34 millones de euros de préstamo participativo. La razón es que la jueza teme que entregar este dinero puede suponer arrojarlo a un pozo sin fondo (según su auto, “una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración”).

La noticia es excelente para todos los españoles. Nosotros hemos denunciado la ilegalidad de este rescate durante meses.

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La ayuda incumplía varios de los requisitos necesarios para justificar un rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. El fondo requiere que las empresas sean estratégicas y viables y que no estuvieran en crisis antes de la pandemia. Además, la ayuda debe ser proporcional.

Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno en marzo de este año con una ayuda de la SEPI de 53 millones de euros, a pesar de que, según muestran los documentos del propio Gobierno, no cumplía ninguna de estas condiciones. La empresa, con cuatro aviones en alquiler, es la más pequeña incluyendo sus cuatro rutas a Venezuela, Perú y Ecuador, y no puede ser considerada estratégica bajo ningún criterio. Estaba en crisis antes de la pandemia; de hecho, estuvo en crisis desde que nació.

También parece imposible considerarla viable, dado que las proyecciones para que la compañía sobreviva requieren hacer unos supuestos ridículamente optimistas. Finalmente, la ayuda es mucho mayor que la permitida por la normativa.

Por eso, el 6 de abril presenté una denuncia en Bruselas ante la Comisión Europea por ayuda de Estado ilegal a la aerolínea. La Comisión envió mi denuncia al Gobierno de España y le pidió explicaciones. El Gobierno respondió el 27 de abril y adjuntó como anexos los 10 documentos del expediente de Plus Ultra que hasta entonces se había negado a hacer públicos en España. La Comisión me trasladó los documentos el 5 de mayo y yo respondí el 20, 15 días más tarde.

Durante meses, frente a la presión de varios ministros (por ejemplo, Nadia Calviño, titular de Asuntos Económicos, me pidió en declaraciones a Antena 3 “no demonizar” la inyección millonaria a Plus Ultra), me he esforzado en demostrar que la ayuda era ilegal basándome en el expediente que conseguimos gracias a la Comisión Europea. Un expediente que el Gobierno ha mantenido oculto y que contradice los fuegos artificiales y la propaganda de sus ministros. Sin embargo, esos documentos y la decisión de la jueza muestran que había motivos de preocupación suficientes.

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La Comisión Europea podrá o no realizar más investigaciones, pero si la jueza mantiene su decisión, habremos conseguido nuestro objetivo: se dejará de pagar una ayuda ilegal que jamás debió salir del bolsillo de los españoles.

Queda mucho por saber. ¿A quién se quería beneficiar con esta operación? ¿Por qué razón el Gobierno ha querido regalar 53 millones de euros de dinero público a una trama de empresarios venezolanos relacionados con el chavismo y con tramas de corrupción? ¿Quiénes han actuado como intermediarios? ¿Qué pesó en la decisión que tomó la SEPI? ¿Hasta dónde alcanza la malversación?

Para facilitar la respuesta a estas preguntas y que los ciudadanos puedan controlar y valorar cómo se gasta su dinero, hago públicos los documentos que el Gobierno tuvo que enviar a Bruselas, 'los papeles de Plus Ultra', así como el procedimiento completo ante la Comisión.

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Hemos trabajado muy intensamente para aclarar estas incógnitas. Primero, porque se está jugando con el dinero de todos los contribuyentes. Segundo, porque las ayudas sospechosas, a dedo, sin justificación, son un insulto para los millones de autónomos y pymes que no han recibido ayudas directas del Gobierno. Y finalmente, porque el Gobierno, en un momento muy delicado por lo que se refiere al dinero público, pone en peligro la reputación de España en la UE con maniobras como esta.

Alimentar cualquier duda sobre la credibilidad de España en un horizonte de crisis y sacrificios como el que tenemos y para el que es absolutamente vital la ayuda europea es de una irresponsabilidad que España no se puede permitir. Necesitamos explicaciones claras y urgentes. Necesitamos que se devuelva el dinero mal empleado. Necesitamos que el presidente Sánchez y todo el Gobierno se dediquen con seriedad, sin amiguetes y sin trampas, a cumplir de verdad con las reformas prometidas, a invertir bien el dinero europeo y a resolver los problemas de España.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de RenewEurope.