La gestión de la pandemia: una pendiente resbaladiza

En su panfleto de 1859 'De la libertad', John Stuart Mill estableció algunas de las bases que definen los sistemas de libertades en las democracias modernas. En uno de sus pasajes más célebres, se hacía la pregunta clásica que, con motivo de la pandemia y las restricciones que esta ha acarreado, nos hemos hecho una y otra vez a lo largo del último año y medio: ¿cuáles son los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo?

La respuesta que, por lo general, han dado los gobiernos, los medios de comunicación y los expertos médicos ha sido que, en circunstancias como las vividas, el individuo tiene que renunciar a gran parte de su autonomía por el bien de la sociedad. Hemos asumido sin conflictos mayores, al menos en España —un país sorprendentemente disciplinado, vista la ausencia de estallidos de desobediencia como los que ha habido en Francia, Alemania o Estados Unidos—, que restringir sustancialmente los movimientos, la prohibición de las reuniones o la imposición de la mascarilla en los espacios públicos eran algo aceptable. Muchas de estas medidas eran imprescindibles. Y sin duda, si algunas fueron equivocadas cabe atribuirlo a la inevitable improvisación de unos Gobiernos que no estaban preparados para un acontecimiento de esta magnitud, a la lenta activación de las cadenas logísticas y a la falta de certidumbres científicas. Aceptado esto, la siguiente pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo?

Fallos y arbitrariedades

La pregunta tiene sentido porque en España, si bien las restricciones se han asumido con una razonable resignación, muchas veces han sido implantadas de manera fallida y arbitraria. La Ley Orgánica de Medidas en Materia de Salud Pública y los demás mecanismos legales y políticos utilizados para gestionar la pandemia no eran los adecuados para restringir derechos fundamentales. Tras el decaimiento del estado de alarma —que tal vez debería haberse intentado prolongar, como hizo Italia, lo que le ha permitido mantener restricciones más coherentes—, el control de la pandemia parece haber pasado a los jueces. Sus decisiones han sido con frecuencia contradictorias, pero han acertado al poner el énfasis en la protección de los derechos individuales. Por ejemplo, quizá debamos discutir si las ordenanzas locales tienen que ser más estrictas con los botellones —seguramente sí—, pero parece evidente que una pandemia en el estado actual no puede ser una excusa para prohibirlos de manera indefinida. Como dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eso es una cuestión de seguridad y orden público, no sanitaria.

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Restringir los derechos fundamentales

Los Estados democráticos tienen derecho a restringir los derechos fundamentales, pero deben explicarlo muy bien y hacerlo a través de los canales adecuados, cosa que nuestro Gobierno no ha sabido hacer. Además, tienen que eludir la tentación de hacer que mecanismos de control puntuales, habilitados para resolver situaciones pasajeras, se conviertan en permanentes: algo así asomó cuando el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, sugirió que el uso de la mascarilla siguiera siendo obligatorio durante los inviernos, aun cuando remita la crisis del covid-19. En España, por suerte, la inexistencia de movimientos antivacunas bien articulados ha hecho innecesario el planteamiento de medidas más coercitivas como las que se han empezado a proponer en países como Francia o Estados Unidos. Porque, aunque no vacunarse sea una completa necedad, ¿debemos darle al Estado la capacidad de obligar a los adultos a vacunarse? ¿Es tolerable que grandes empresas como Google o Facebook exijan a sus trabajadores estar vacunados para seguir trabajando en ellas? ¿Puede tener el empleado de un restaurante el derecho a negarnos la entrada en él por nuestro estado de salud o nuestras ideas sobre las vacunas y los medicamentos, por ridículas que estas sean?

Entiendo que, en ocasiones, la respuesta a estas preguntas debe ser afirmativa: quizá una determinada noción del bien común esté por encima de la libertad individual en circunstancias como las actuales. Pero incluso en ese caso es necesario tener muy en cuenta lo que estaríamos haciendo si nos dejamos llevar por el entusiasmo controlador: restringir un poco más la autonomía de los ciudadanos y cederle un poco más la gestión de nuestro cuerpo al Estado. Si no vemos la pendiente resbaladiza que supone eso, corremos el riesgo de caer por ella.

Incluso en ese caso es necesario tener muy en cuenta lo que estaríamos haciendo si nos dejamos llevar por el entusiasmo controlador

Una tremenda pandemia que ha matado a millones de personas en todo el mundo —es probable que alrededor de 100.000 en España—, ha destruido temporalmente la economía y restringido mucho las experiencias de los niños y los jóvenes, no es una excusa aceptable para alentar sueños libertarios ni teorías conspirativas antiestatales. Pero sí lo es para recordar que las libertades individuales son frágiles y que los Estados, incluso los democráticos como el español, tienden a aficionarse a su reducción o control.

Mill escribió en 'De la libertad': "En la conducta recíproca de los seres humanos, es preciso que las reglas generales se cumplan en lo sustancial para que la gente sepa a qué atenerse; pero en lo concerniente a cada persona la espontaneidad individual tiene derecho a la libre acción. Se le pueden ofrecer, incluso adelantar, consideraciones para ayudarle a juzgar, o exhortaciones para fortalecer su voluntad. Pero el juez último es la propia persona".

Quizá no sea así durante una pandemia. Pero sin duda debe volver a serlo en cuanto sea posible.