Los males de la universidad y la terapia del Gobierno

El ministro de Universidades, Sr. Castells, ha presentado el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario (ALU), y lo ha hecho desgranando una lista de males que, según le habrán contado, padece la universidad y los remedios para ellos. Las reacciones serán diferentes en función de cada grupo de interesados, pero algún medio ha mostrado satisfacción por lo que creen que puede ser el inicio de un debate fructífero. Por desgracia, y a la vista de cuáles son los 'males' según el ministro, no puedo compartir ese limitado optimismo.

Se elige como 'primer problema' la precariedad del profesorado, que va unida al abuso de la duración de situaciones contractuales, como la de profesor asociado, que por definición han de ser breves. Esa modalidad de participación en la enseñanza se ideó como una vía para la colaboración de profesionales externos, a cambio, por cierto, de un magro estipendio, pero en muchos casos se ha usado esa figura, incluso fingiendo que el contratado tiene una profesión extrauniversitaria, por ser la única manera de ampliar la plantilla, lo que es una grave perversión del sistema. Además, profesores contratados a través de ese método asumen cargas docentes propias del profesorado permanente, lo cual, dejando de lado el no pequeño detalle del nivel de formación, es un fraude al estudiante y un abuso de situaciones personales en las que no hay otra que el lo tomas o lo dejas. Según el ministro, esa clase de profesorado no podrá rebasar el 20% del total, solo que eso vale dinero y, según se dice, de eso no hay.

TE PUEDE INTERESAR

Pingarrón: "Que un profesor de universidad se estabilice a los 40 años es una barbaridad"

Antonio Villarreal

La del profesorado inestable y mal pagado es solo una de las malas facetas de la universidad, pero por desgracia no es la única. Si se dirige la mirada al estado actual de las Humanidades, se comprende cuánta razón tenía Jordi Llovet en su excelente libro ' Adiós a la universidad: el eclipse de las humanidades' (2011), señalando acertadamente que el llamado Plan Bolonia supuso la defunción de la enseñanza correcta de las disciplinas humanísticas, que, sin cuestionar la belleza de los ideales que se proponía, era irrealizable por muchas razones, y, las más de las veces, solo sirvió para simplificar hasta la liquidación el contenido de muchas disciplinas, y eso tiene difícil marcha atrás.

No paran ahí las taras de la universidad actual vinculadas a los 'nuevos planes', hay otras mucho peores, en especial, la cantidad de horas que, por mor de un sistema de supuesta tutela y control permanente del estudiante, cae sobre el profesorado, y que se traduce en estéril trabajo de 'gestión', que, aunque pueda agradar a algunos, consume tanto tiempo que comporta un abandono de la investigación y de la formación, que es la actividad primordial, sobre todo para el profesorado joven, constreñido, además, a no intentar programas docentes imaginativos, pues toda la docencia ha de estar férreamente programada al inicio del curso en las 'guías', transformadas en “garantías del alumno”, cuando son, en la práctica, una atadura sin beneficio, pero que se presenta como una conquista del estudiante (¡) con el que hay que tener mucho tacto pues no hay que olvidar que, a diferencia de lo que acontece en las universidades europeas, en la 'progre' España participa en el gobierno de departamentos, facultades y universidades, lo cual es del todo anómalo, y tiene que ver con el progresismo lo mismo que la leche de burra.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Ministro Castells: desventuras de un gurú californiano en la España profunda

Carlos Prieto

Hablando de gobernar la universidad, es absurdo dispensar la condición de catedrático para ser rector, como propone el ALU. Se subraya que lo importante es la “experiencia en gestión”, como si se tratara de seleccionar al gerente, y no a una personalidad académica potente y con criterio universitario.

Otra dolencia hispana ha sido el abuso de la 'autonomía', de la que no habló el ministro, muy visible en algunas universidades, especialmente las de pequeño tamaño, que han preferido la vía de la contratación de personas carentes de acreditaciones en lugar de convocar concursos públicos para plazas de catedrático y de profesor titular, a lo que no pueden ser obligadas (¡), como si la universidad pudiera no tener ningún catedrático si no lo desea. Otra consecuencia perversa de la 'autonomía universitaria', como también la posibilidad de que la misma carrera siga planes totalmente diferentes según cada universidad, porque así lo acordó la Junta de Facultad en uso de su 'soberanía'. En esa línea se inscribirá, si no se impide, la concesión de los títulos por los rectores, como propone el ALU, lo cual, además del sello antimonárquico de Podemos y Cía., puede llevar a prescindir de exigencias de contenidos mínimos comunes de los planes de estudio.

TE PUEDE INTERESAR

Demoledor informe de Fedea sobre la educación: endogamia, inmovilismo…

Carlos Sánchez

Sobre la formación y selección del profesorado, hay que subrayar que los sistemas de acceso al profesorado de las universidades públicas siguen una línea continua, la permanente exigencia de reducción de los requisitos para acceder a los puestos de profesor, todo ello, por supuesto, en nombre de la democracia y la libertad y la dignidad, lo que implica la supresión de cualquier atisbo de prueba pública. En 1983, se aprobó la Ley de Reforma Universitaria que reconocía a las universidades la competencia para la selección y promoción del profesorado, aunque sin una absoluta libertad de criterio para hacerles catedráticos o profesores titulares, para lo que se preveían tribunales, aunque con fuerte presencia de los criterios 'locales', a través de la designación de dos de sus cinco miembros. Pronto se vieron oposiciones con un solo candidato (el local o el predeterminado por una tribu académica). Claro que por esa vía se incorporaron también extraordinarios profesores que lo habrían sido sin esfuerzo con el sistema anterior (excepción hecha, claro está, de sus corrupciones). En 2001, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades, que creaba la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), idea que en sí misma no era mala, salvo por el extraño secretismo que desde siempre rodeó su funcionamiento y las vías de acceso a sus comisiones decisorias, integradas por profesores seleccionados esencialmente por vía digital. Eso no se corregiría.

Tras las elecciones de 2004, se anunció una nueva reforma de la LOU, que introdujo el sistema de 'habilitaciones' que gozaba de una cierta tradición en otros sistemas universitarios europeos. Fue también criticado, hasta por fin lograr la supresión de cualquier prueba pública, incluyendo la de la presencia u opinión de los catedráticos y profesores de la materia. Nacía el sistema de acreditación, en que las comisiones acreditadoras ni tan siquiera están integradas por profesores de la especialidad. Por fin se tenía un sistema que no exija prueba pública de especie alguna, sino solo una 'evaluación del currículo', y que fue abiertamente rechazado por cientos de profesores, sin éxito alguno, y sin perjuicio de los muchos excelentes profesores que han accedido por esa vía. Pues bien, el ALU, como explicó el ministro, propone una “simplificación” del sistema. No quieres caldo, dos tazas.

TE PUEDE INTERESAR

Seis profesores expatriados que buscan llevar la universidad española a la élite

Héctor G. Barnés

A saber, lo que puede considerarse 'simplificación' en la evaluación de méritos, a buen seguro, algo que aumentará la arbitrariedad y el desprecio por lo cualitativo en favor de criterios tan automatizados como vacuos.

Anuncia también el ministro que se exigirá un espacio para la investigación a todas las universidades, públicas y también a las privadas. En España, hay 26 de estas frente a 50 públicas, la mayor proporción de Europa continental, y, sumadas, demasiadas. Que todas esas universidades pueden generar competencia con las universidades públicas lo sabe cualquiera, y la vía es harto sencilla: mayor facilidad para conseguir los títulos correspondientes, tanto para el ingreso como para superar los estudios, por supuesto, con honrosísimas excepciones. La idea de controlar un poco las universidades privadas está abocada al fracaso. Su profesorado no ha de acreditarse de nada y puede titularse catedrático si se tercia (en Italia, y es solo un ejemplo, para poder ser catedrático en una de las pocas universidades privadas que hay, es imprescindible estar acreditado como catedrático de la universidad pública). En España no hay controles rigurosos para las privadas, que dispensan títulos tan válidos como los de las públicas. Y es difícil que eso cambie.

El único consuelo y pronóstico final: es muy difícil que ese ALU llegue a ser ley.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.