No hagan el ridículo, las personas con discapacidad no se lo merecen

Hoy ni "disminuidos" ni "políticas de previsión, tratamiento…" forman parte de la forma de hablar y gobernar para las personas con discapacidad. El redactado vigente del artículo 49 de la Constitución española no se sostiene por ninguna parte: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

16 de octubre de 2018, ahora hace tres años: la vicepresidenta del Gobierno se reúne con los portavoces de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad. Era mi última legislatura en el Congreso y presidía dicha comisión. Nos plantea la necesidad de reformar el artículo 49 de la Constitución y nos propone que la propuesta de redactado salga por consenso de entre todos los grupos parlamentarios que integran la comisión. Hace años y años, casi 20, que las principales organizaciones del mundo de la discapacidad, familiares y juristas vienen clamando a favor de un redactado nuevo del artículo 49, decente y acorde con nuestros tiempos.

La legislatura se acabó abruptamente en febrero de 2019, cuando ganaron las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos

Aquel mismo día convoco Mesa y Portavoces de la comisión y todos los presentes nos hacemos nuestra la propuesta. Una gran oportunidad para que el parlamento sea el lugar del consenso en un asunto que no puede tener ventajismo partidista. Manos a la obra: durante la segunda mitad de octubre celebramos comparecencias de expertos en la Comisión que nos aportan conocimiento y la reivindicación del sector. Vamos construyendo el consenso. Trabajamos propuestas de redactado que reciben el visto bueno de las direcciones de los grupos parlamentarios. Los días 27 y 28 de noviembre nos encerramos en la Sala Sert del Congreso y cerramos un texto de consenso. Nos hicimos la foto del acuerdo que todos guardamos con cariño. En nombre de todos los grupos trasladé el redactado al Gobierno con la seguridad que esta vez una propuesta de reforma constitucional puntual no sería elemento de confrontación partidista. La legislatura se acabó abruptamente en febrero de 2019, cuando ganaron las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos.

En la presente legislatura el Gobierno ha presentado un proyecto de reforma del artículo 49CE que en lo esencial reproduce el texto que produjo la comisión de las políticas integrales de discapacidad aquel otoño de 2018. En aquel consenso estaban todos los grupos y mucho nos cuidamos todos que estuviera el principal partido de la oposición, el PP. Ignacio Tremiño, portavoz del PP en la comisión estuvo desde el minuto 0 hasta la última coma en la definición del texto. Ignacio conoce bien el sector y ha tenido y tiene responsabilidades en las políticas de discapacidad en el poder ejecutivo.

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Hace pocas semanas se celebró en el Congreso el debate de totalidad del proyecto de reforma y la iniciativa se encontró con dos enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Algo nos hemos perdido desde aquel consenso hasta este disenso. Los principales representantes del sector, del CERMI a la ONCE, han pedido a los dos partidos discrepantes que se sumen al consenso. Y los que ya estamos fuera de la política también volvemos por un momento para pedir que se respete lo acordado.

Básicamente, por qué ni una persona con discapacidad ni un familiar de una persona con discapacidad ni un profesional que trabaje en el sector de la discapacidad puede entender que no se aborde urgentemente la sustitución de un texto arcaico y denigrante por otro en el que se puedan sentir representadas las personas con discapacidad. El éxito de este texto es el éxito de tantos gobiernos, de distintos colores políticos, que han hecho grandes avances en la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad serían las primeras que se sentirían utilizadas

No se debe aprovechar una reforma concreta de un artículo concreto para presentar propuestas de reforma constitucional fuera del consenso. Las personas con discapacidad serían las primeras que se sentirían utilizadas. Pero si algún grupo lo plantea, hay mayoría más que suficiente para no mover el foco del objeto de la reforma. Como se debe pedir no distraer el debate y la reforma también se debe pedir no impedirla y sumar la mayoría de tres quintos del hemiciclo. Las cuentas no salen sin los votos del PP. Pacten, respeten el consenso de 2018 y no permitan un espectáculo lamentable de pelea política. ¿Todos están de acuerdo en que hoy no hay disminuidos a los que se les tiene que aplicar políticas de previsión y tratamiento? Si es así, no hagan el ridículo.

*Jordi Xuclà es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo-CEU y también fue presidente de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputados