¿Ley de Equidad o de inflexibilidad?

El Sistema Nacional de Salud encara un nuevo frente que amenaza con debilitarlo aún más justo en pleno intento de recuperación tras una crisis sanitaria sin igual. El anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, ya en tramitación parlamentaria, tiene todos los ingredientes para convertirse en un temerario lastre que amplifica un modelo de gestión sanitaria inflexible y limitante.

Lejos de "mejorar y ampliar los derechos de los ciudadanos", como se argumenta desde el Ministerio de Sanidad, lo que dimanará de la futura ley es una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que alcanzará el Tribunal Constitucional. Este anteproyecto, muy inflamado por Unidas Podemos, minimiza las vías de colaboración sanitaria público-privada, probadamente eficaces, y lo hace, precisamente, en un contexto de aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población y un incremento de la cronicidad de muchas patologías. Más tensión al erario público, incapaz (salvo cataclismo) de mantener el ritmo de la creciente demanda sistémica de atención sanitaria.

El discurso político que emana del anteproyecto se soporta en consignas ya reconocidas: "recuperar la universalidad de la atención" o "limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS)", como si el modelo de cooperación y complementariedad en materia sanitaria fuese uno más de los graves problemas estructurales que afectan a nuestra Sanidad, como la preocupante falta de profesionales, las alarmantes listas de espera o la cronicidad, antes mencionada.

No olvidemos que, independientemente de la titularidad de la gestión, los ciudadanos lo que quieren es tener acceso a una buena medicina

¿Por qué se incurre una vez más en un error de concepto para tratar de enfrentar a la sanidad pública y a la privada? Es una cuestión que realmente preocupa al sector de la salud, dejando entrever que hay un beneficio detrás de los problemas de la sanidad pública.

Recordemos que un centro público que tiene una gestión privada es un modelo de gestión pública, porque dentro de la gestión pública caben: la gestión directa, la fundación, la empresa o el realizar un concurso o un modelo concesional. Y todos ellos son modelos de gestión pública, todos tienen la misma exigencia y los mismos requisitos de calidad. ¿Por qué no poner el foco, por tanto, en la calidad, que es lo que permite avanzar hacia la excelencia, y en prestar la mejor asistencia posible? Cuando, sobre todo esto último, es lo que verdaderamente preocupa al paciente. No olvidemos que, independientemente de la titularidad de la gestión, los ciudadanos lo que quieren es tener acceso a una buena medicina.

Centrémonos en los datos: apenas el 5% de los hospitales públicos están gestionados por el sector empresarial sanitario en España. Actualmente, del gasto sanitario público solo 1 de cada 10 euros se destina a los conciertos de servicios sanitarios, según el propio Ministerio de Sanidad. La colaboración público-privado es un recurso flexible, una vía estratégica y complementaria de contención de necesidades puntuales o estructurales para reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen, terapias respiratorias, crisis como la pandemia, etcétera. Sin duda, un medio preventivo imprescindible para atender las alarmantes esperas que actualmente requiere una intervención quirúrgica en España, situada en 121 días, y de hasta 180 días para el 19% de los 661.162 pacientes pendientes de una operación.

Debido a su naturaleza limitante, este anteproyecto de Ley puede acabar judicializándose

Además, estamos ante un debate contra natura de carácter ideológico en el que se está intentando imponer una solución única como válida y se limita la capacidad de gestión de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia en Sanidad para decidir qué fórmulas se ajustan mejor a las necesidades de sus respectivos territorios. Es por ello por lo que, debido a su naturaleza limitante, este anteproyecto de Ley puede acabar judicializándose.

Desde luego, eliminar herramientas no parece lo más lógico. Tampoco conceder espacio a la crispación continua que emana desde determinadas agrupaciones políticas y de su intento de imponer una ideología sin dar lugar a soluciones de eficiencia. Ante ello es importante poner en valor y dimensionar el papel del tejido empresarial sanitario como parte imprescindible del Sistema Nacional de Salud. La patronal a la que represento emplea a más de 360.000 profesionales y atiende a más de 15 millones de ciudadanos, con 458 hospitales repartidos por todo el territorio nacional, el 58% del total en España y el 32% de las camas.

No nos cansaremos de trabajar por la complementariedad en materia de sanidad, ya que es lo único que garantiza un modelo que sitúa al paciente en el núcleo del sistema, por delante de cualquier otro interés o ideología. Se trata de favorecer la optimización de la gestión sanitaria, en ningún caso de "privatizar lo público" o perjudicar a un Sistema Nacional de Salud del que, con mucho orgullo, formamos parte y así está reconocida por la legislación vigente. Seguiremos abogando por una actitud constructiva, que reconozca la capacidad de nuestra provisión sanitaria como aliado flexible y recurso estratégico, porque formamos parte de un objetivo común como país: fortalecer la sanidad española en beneficio del paciente y de una equidad real.

* Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.