Es noticia
Demetrio y Javier
  1. España
  2. Tribuna
Francisco Igea

Tribuna

Por

Demetrio y Javier

La justicia no debe de hacerse en la plaza pública debe de hacerse en las salas de Justicia, con las garantías que un estado liberal precisa para merecer tal nombre

Foto: Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Estos días volvemos a vivir en la comunidad la caza al hombre que se suscita cada vez que un político es acusado de un delito. En este país hace tiempo que nos cargamos la presunción de inocencia, sobre todo para los del bando contrario. Desgraciadamente, algunos hemos participado activamente en este disparate. He cometido muchos errores a lo largo de mi presencia en este oficio, pero sin duda este es uno de los peores, por el irreparable daño personal que produce. España es un estado de derecho con un proceso penal muy garantista, pero muy lento.

Desgraciadamente lento. Esto provoca que la necesidad de apartarse del ejercicio de la política mientras dure el proceso sea un castigo severo y excesivamente largo en muchas ocasiones. Creo que es imprescindible que esto siga siendo así, para evitar manchar la vida política y eliminar presiones innecesarias en el proceso penal. Sin embargo, para exigir el cese debería de al menos, haberse iniciado un procesamiento formal. La investigación previa no puede, no debería, originar el cese de ningún representante público. Esta costumbre lo único que consigue es multiplicar el número de denuncias sin contenido con el fin espurio de apartar a los enemigos y no con el de perseguir los delitos. Sé bien lo que les digo porque yo mismo he sufrido en mis carnes esa sucia maniobra. He de decirles que no resulta particularmente agradable.

Demetrio sufrió una implacable cacería política sin esperar a la resolución del proceso

Cuando, en el apogeo de la corrupción y los pelotazos, el descrédito alcanzó a toda la política, los adanistas decidimos que nuestro símbolo de pureza sería cesar a todo aquel que hubiera sido simplemente señalado por el dedo de la oposición o de la prensa. Seríamos implacablemente puros y virginales. Comenzó entonces una alocada carrera de señalamientos y ceses que apartaron a unas cuantas decenas de cargos públicos sin esperar siquiera a que hubiera finalizado el periodo de instrucción. Se han cometido, de esta forma, injusticias notables con personas honestas y que resultan de difícil reparación. Este domingo pasado, en nuestra comunidad, el líder de la oposición, Luís Tudanca elogiaba la figura de Demetrio Madrid. Un hombre honesto que abandonó la política después de ser procesado en una quiebra de una empresa familiar. Demetrio sufrió una implacable cacería política sin esperar a la resolución del proceso.

Demetrio salió absuelto sin responsabilidad alguna, pero ya era tarde para él. Lo curioso es que es el propio Tudanca el que reclama hoy dimisiones a personas que no han sido formalmente procesadas y algunas que ni siquiera han sido llamadas a declarar. Repite así, de forma corregida y aumentada, la injusticia que se cometió con su compañero de partido.

Todos hemos usado esa doble vara de medir en política, no nos rasguemos las vestiduras. Todos. Señalamos al contrario a la mínima y esquivamos nuestras responsabilidades hasta el final. Podemos tiene hoy en día cargos condenados en firme que aún cobran sueldos públicos. El PP señala al PSOE y viceversa en cuanto hay una noticia, un tweet o un simple comentario periodístico, no ya una denuncia. Nosotros mismos hemos expulsado a propios y extraños con estas maniobras. Todos hemos participado con alegría inusitada de este calvinismo furibundo y postmoderno. Perjudicar de esta manera el derecho a la presunción de inocencia es, sin embargo, atentar contra los pilares del estado de derecho.

Establezcamos un momento procesal para determinar el abandono del cargo y dejemos que la Justicia haga su trabajo

Una cosa es el deber de apartarse por el bien del proceso y de la credibilidad política, y otra condenar a nadie sin un proceso justo. En España los delitos, según que categorías políticas, gremiales o de género posean han llevado a una perversión moral que atenta contra los derechos fundamentales: la inversión de la carga de la prueba. “Hermana yo si te creo” o “compañero yo si te creo”, se han instalado como un dogma que anula la acción de la Justicia y la sustituye por el linchamiento mediático o en redes.

Estos días, difíciles en la comunidad, me han servido para reflexionar con calma sobre este asunto y para tomar alguna decisión que espero podamos compartir entre todos los actores políticos. Si un político es procesado, finalizado ya el periodo de investigación previa y no simplemente denunciado, debe sin duda, por elemental higiene, abandonar el cargo. Sin embargo, nadie debería perder, en ningún momento, su derecho a la presunción de inocencia.

Si no restablecemos ya este principio y exigimos el derecho a una justicia independiente, igual para todos y sin aforados, seguiremos ahondando en el descrédito del estado de derecho y daremos alas a quienes tan bien se mueven en el espacio del populismo político. La Justicia no debe de hacerse en la plaza pública debe de hacerse en las salas de justicia, con las garantías que un estado liberal precisa para merecer tal nombre. Lo que se reclama para Demetrio tiene que servir para Javier y viceversa. Establezcamos un momento procesal para determinar el abandono del cargo y dejemos después que la Justicia haga su trabajo.

Estos días volvemos a vivir en la comunidad la caza al hombre que se suscita cada vez que un político es acusado de un delito. En este país hace tiempo que nos cargamos la presunción de inocencia, sobre todo para los del bando contrario. Desgraciadamente, algunos hemos participado activamente en este disparate. He cometido muchos errores a lo largo de mi presencia en este oficio, pero sin duda este es uno de los peores, por el irreparable daño personal que produce. España es un estado de derecho con un proceso penal muy garantista, pero muy lento.

Partido Popular (PP) PSOE