El fabuloso negocio antimigratorio

La penúltima tragedia de Melilla sigue un conocido juego de acción-reacción. Intento de acceso, respuesta policial con una violencia desproporcionada, tierra sobre los muertos y la actuación de las autoridades. De fondo, ruido de caja. Un entramado complejo de organizaciones públicas y privadas saca tajada de la obsesión patológica de los Estados europeos por frenar la llegada de personas migrantes. Levantan vallas, vigilan los movimientos de la gente, gestionan centros de estancia temporal o financian a los gobiernos que detendrán los flujos en origen y tránsito. Es la industria del control migratorio (ICM), uno de los fenómenos menos conocidos y más trascendentes de nuestra política de fronteras.

Nada en la sucesión de acontecimientos de estas semanas es excepcional. Lo que estamos viendo es un paso más en el proceso de verticalización de las fronteras de la UE, que comenzó hace más de dos décadas en el Consejo Europeo de Tampere (1999) y que ha caminado siempre en la misma dirección. Si bien se ha intensificado ferozmente desde la mal llamada 'crisis de los refugiados' en 2015. Todo está justificado cuando se trata de blindar nuestros lindes: el Mediterráneo como un moridero mucho más allá de las cifras oficiales, una peligrosa relación de dependencia con regímenes autocráticos que no respetan los derechos humanos, una construcción narrativa orwelliana, un Estado de derecho tanteando sus propios límites.

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Mientras la frontera sur es reducida a un escenario de guerra donde se adopta una narrativa bélica —“asalto”, “ataque”, “violencia justificada”, “amenaza híbrida”—, la realidad migratoria camina por otros derroteros. El 95% de quienes llegan a Europa lo hacen como trabajadores, de forma regular y a través de los aeropuertos. Nuestro sistema de puerta semicerrada castiga al futuro empleado tanto como a sus empleadores, que se enfrentan a una carestía histórica de mano de obra. El mercado impone su lógica inapelable y cerca de medio millón de personas viven hoy como migrantes sin papeles en nuestro país. Solo uno de cada 10 procede de África. Todos tendrán que ser regularizados, porque lo contrario es un disparo en el pie.

Si un sistema tan sumamente cruel y disfuncional se mantiene a flote, es solo porque alguien está ganando con ello. Existe una industria del control migratorio que no es otra cosa que el resultado natural de este proceso. La ‘cara B’ de las mafias que trafican con personas. La investigación Fronteras SA, de porCausa y El Confidencial —que analiza 2.795 contratos públicos por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros—, solo llega a rascar la superficie de este fabuloso y opaco negocio. Un ejército de empresas, ONG y agencias públicas de cooperación puestas al servicio de una profecía autocumplida. La migración como amenaza o como tragedia. E incluso, a veces, como ambas.

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Hay futuro en el 'business' de las fronteras. El carrusel de altos cargos que transitan entre la política y los consejos de administración de estas empresas es una garantía de continuidad. Europa engrasa los engranajes de la industria con 12.800 millones de euros para los próximos seis años. Las diferencias ideológicas no son un obstáculo, porque no hay distinción reconocible entre partidos progresistas y conservadores. Tal vez la extrema derecha grite más alto y con una narrativa más agresiva, pero es difícil pensar que pudiesen llegar mucho más lejos de lo que han llegado el ministro Marlaska y sus antecesores socialistas y populares. La alternativa migratoria de los socialdemócratas europeos consiste en alternar los palos con la instrumentalización obscena de la ayuda al desarrollo. Cuando ellos dicen “ayudarles a no emigrar”, un ejército de comisionistas se frota las manos en Turquía, Marruecos, Libia, el Sahel o África Occidental.

Esto es lo que sabemos, pero las preguntas no contestadas de nuestra investigación son casi tan interesantes como las que sí hemos conseguido contestar. ¿Cuál es la verdadera escala económica y geográfica de esta industria? ¿Cuánto invierte este entramado en garantizar que las cosas siguen siendo como son? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar para que sus clientes estén satisfechos y mantengan abierto el flujo de financiación?

Nuestro modelo migratorio vulnera cada una de estas obligaciones, y lo hace espoleado por una industria que gana fortunas gracias a ello

Y la pregunta más importante de todas: ¿quién declarará que el emperador está desnudo? Cualquier otra política pública que combinase los intolerables niveles de crueldad, coste e ineficiencia que hemos visto en este ámbito hubiese sido despedazada por la oposición y buena parte de los medios de comunicación. Con las migraciones, sin embargo, se ha impuesto una camisa de fuerza narrativa a medio camino entre la omertá y el desinterés. ¿Qué habría ocurrido si en vez de 23 chavales sudaneses los aplastados hubiesen sido 23 jóvenes españoles en un concierto? ¿Cuántas horas de reproches parlamentarios y de tertulias radiofónicas habría tenido que aguantar? ¿Cuánto tiempo habría tardado en dimitir la autoridad pública responsable?

Esta es la realidad: la movilidad humana es un fenómeno natural y atávico que responde a incentivos racionales y predecibles. Los Estados de acogida están obligados por las normas internacionales que ellos mismos ayudaron a consolidar, pero también por un sentido básico de la decencia y el interés propio. Nuestro modelo migratorio vulnera cada una de estas obligaciones, y lo hace espoleado por una industria que gana fortunas gracias a ello. Todos deberíamos estar interesados en conocer los entresijos de este negocio y asegurar que sus acciones están sujetas al imperio de la ley y del interés común.

*Gonzalo Fanjul Suárez (@GonzaloFanju) es director de investigaciones de la Fundación porCausa.

*Cristina Fuentes Lara (@C_FuentesLara) es coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos.