Con la cesta de la compra, las frivolidades sobran

Dice un viejo refrán que es bueno valorar lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a valorar lo que tuviste. Una breve reflexión sobre este sabio dicho popular debería ser suficiente para que el Gobierno empiece a reflexionar sobre los efectos de sus políticas sobre la gente. No es normal que las mismas familias que se han empobrecido en más de un 21% en el último año, como consecuencia de la subida del coste de la vida, vean cómo los ingresos extra del Gobierno crecen exponencialmente a su costa. Que cuanto más sube la factura del gas, de la luz y de los productos básicos, más ingresa el Gobierno. No es normal que en este escenario se pida un esfuerzo para bajar los precios de los productos, precisamente, a quienes más están sufriendo la subida de los costes para producirlos.

En nuestro país, contamos con la llamada ley de cadena alimentaria, un gran instrumento que nació en 2013 para buscar el equilibrio entre unos eslabones y otros, aumentar la renta de agricultores y ganaderos, y asegurar que todos y cada uno de ellos cubren sus costes de producción y ganan con su trabajo de una forma equilibrada. Para ello, entre otras medidas, siempre se ha buscado limitar en lo posible que se banalicen los productos, es decir, que los precios al consumidor estén por debajo de los costes de producción, por eso llama tanto la atención la idea de topar el precio de los alimentos que hemos escuchado estos días.

Los fertilizantes han subido más del 300%, los piensos más del 60%, la energía disparada ya supone más del 60% del coste de producción

Los agricultores y ganaderos, el primer eslabón de esta cadena alimentaria, no están para ocurrencias. Producir lo mismo que hace un año, cuesta hoy en España cuatro veces más. Los fertilizantes han subido más del 300%, los piensos más del 60%, la energía disparada ya supone más del 60% del coste de producción, de modo que un agricultor paga cuatro veces más por regar en 2022 las mismas hectáreas de cereal o de frutales de lo que pagaba en 2021. A esto se suma la incertidumbre de la aplicación de la nueva PAC, que acumula ya dos años de recortes, y las nuevas exigencias ambientales que, en gran medida, requerirán inversiones importantes o reducción de la producción a partir del próximo año.

Este escenario, con mayor o menor crudeza, se repite en todos los eslabones de dicha cadena; así, a la industria transformadora y envasadora que soporta incrementos similares del coste de la energía, se le pide que además se adapte a los nuevos criterios de gestión de residuos o el impuesto a los plásticos que entrarán en vigor en enero de 2023. Hay que tener muy presente que estamos en un mercado global y que mientras se abaratan los costes de nuestros competidores más próximos en países vecinos como Francia, en España encender las cámaras para enfriar la fruta o conservar la leche o el queso cuesta en agosto más del doble de lo que costaba en junio, gracias al tan aplaudido tope del gas o excepción ibérica del Sr. Sánchez.

¿Alguien piensa de verdad que la solución es quitarse la corbata, apagar los escaparates o topar el precio que cobra el panadero?

El tercer eslabón —el panadero, el carnicero, el frutero o el supermercado, igualmente afectados por las subidas de energía, entre otras— tiene que asegurar que todos los anteriores tengan cubiertos los costes y al mismo tiempo conseguir que los ciudadanos compremos los productos españoles.

Para cuadrar este círculo, habría que tener respuesta a varias preguntas. La primera sería saber cuánto debe subir el precio del pan, de la leche, del pollo o de la fruta para que todos puedan cumplir la ley de la cadena alimentaria, es decir, para asegurar que todos ganen más de lo que les cuesta producir, transformar o vender.

La segunda pregunta sería si alguien piensa que la solución es topar los precios al final de la cadena, como dicen algunos de los ministros. O más aún, si alguno de ellos está legitimado para pedir que sean los agentes de esa cadena los que hagan "un esfuerzo" cuando el Gobierno es el único beneficiado con la subida del precio de los alimentos, se niega a bajar el IVA que recauda con ello y el propio presidente utiliza el dinero de todos los españoles para hacerse una serie de autobombo en Netflix.

El Gobierno tiene récord absoluto de recaudación: 22.283 millones de euros en los siete primeros meses, un 18% más que el año anterior

¿Alguien piensa de verdad que la solución es quitarse la corbata, apagar los escaparates o topar el precio que cobran el panadero o el frutero?

Quizá fuera mejor tomarse el tema en serio, y hacer un análisis un poco más rigurosos del problema, incluso valorar lo que está ocurriendo en otros países con los que competimos y tomar medidas en consecuencia. Sabemos que el peso de los alimentos en la cesta de la compra determina el impacto del aumento del precio de las materias primas alimenticias en los distintos países. Según los datos de los tres últimos trimestres, mientras que en el conjunto de la zona euro este peso es del 17% y los alimentos han contribuido, en promedio, 0,9 puntos porcentuales al avance del índice armonizado de precios de consumo (IAPC), en España el peso asciende a un 22% y la contribución promedio ha sido de 1,4 puntos porcentuales.

Sabemos, también, que, como consecuencia del aumento de las bases imponibles, el Gobierno tiene récord absoluto de recaudación: 22.283 millones de euros en los siete primeros meses, un 18% más que el año anterior (que ya fue una recaudación récord) y, sin embargo, el crecimiento en ese mismo periodo solo ha aumentado un 1,3%, por lo que es evidente que gran parte de ese incremento de recaudación es consecuencia de la subida de precios, como ha señalado la AIReF, entre otros organismos. Sabemos incluso que la inflación de los alimentos es ya del 13,8%, la más elevada desde 1994 y superior a la del resto de países europeos.

No habrá desabastecimiento, pero comeremos lo que nos quieran vender, si es que nos lo quieren vender, y pagaremos lo que nos quieran cobrar

Por lo tanto, si en España producir cuesta más, los productos son más caros y todos queremos gastar menos, podemos pensar que una solución frívola, como la plateada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, lo único que va a provocar es el aumento de las importaciones. No habrá desabastecimiento, pero comeremos lo que nos quieran vender, si es que nos lo quieren vender, y pagaremos lo que nos quieran cobrar aquellos países que sí han bajado impuestos y ayudado a sus productores.

Parece más razonable que en este escenario la respuesta llegue de esos ingresos extra del Gobierno que del esfuerzo del carnicero, el panadero, el frutero, el agricultor o el ganadero.

Si no se reducen los costes de producción bajando el precio de los piensos, los fertilizantes y la energía, si no se reduce el IVA de los alimentos, si se siguen engrosando las arcas del Gobierno a costa del sufrimiento de los ciudadanos en lugar de bajar los impuestos, más pronto que tarde solo nos quedará valorar la magnífica despensa que tuvimos y lamentaremos no haber conseguido que el Gobierno la valore hoy y actúe ya para salvar lo mucho y bueno que tiene la España rural.