Las disensiones independentistas y las condiciones imposibles

Acaba de ser cesado el vicepresidente de la Generalitat, Sr. Puigneró, y se dice que el motivo se resume en la deslealtad hacia el presidente de la Generalitat, Sr. Aragonès; y no es para menos, pues el caído promovía contra él una moción de confianza, impulsada por los independentistas más "impacientes", encabezados por los inefables Puigdemont, fuera, y Borràs, dentro (ambos "víctimas" de las leyes penales españolas) que le acusan de desleal y de tibieza en el planteamiento de las demandas catalanas en el camino a la independencia. Esas acusaciones, rayanas en la de "traidor a la causa", ponen de manifiesto que el motor principal de una parte de Junts es la desesperación en la que están sumergidos, ante todo, el fugado y la Sra. Borràs, pues basta con repasar las últimas declaraciones de Aragonès para comprender que formalmente nada tienen ni de tibias ni de prudentes ni de renuncia al objetivo final.

Muy al contrario: el día anterior al de la aparente ruptura entre ERC y Junts, después de expresar sus deseos de superar los conflictos con el Estado, Aragonès expuso las condiciones precisas para ello. La lista permitiría augurar un conflicto irresoluble y de duración indefinida, salvo que se opte por considerarlas inexistentes, atendiendo a la regla 'impossibilis condicio obligationibus adiciatur, nihil valet stipulatio'; esto es, si se añade a las obligaciones una condición imposible, la estipulación es nula. Y eso ha de saberlo Aragonès, pero tiene que decirlo porque lo exige el guion, mientras que el mentado sector de Junts considera que ese discurso es un subterfugio que esconde la falta de voluntad de ERC de ir a una "solución unilateral" por lo que merecería ser apartado del cargo.

El siguiente paso es la condición, que indigna a los de Junts, de que sería "pactado" con el Estado

Para el credo de todo independentista hay un problema "bilateral" entre el Estado y Cataluña, como si esta fuera otro Estado (no reconocido). De ahí que las exigencias de una parte de la clase política catalana, sin duda representativa de su electorado, no quepan en el orden constitucional. Ese es el primer caballo de Frisia: el rechazo a la Constitución, postura que, por cierto, el independentismo comparte con otros. Partiendo de esa 'petitio principii', se consideran razonables una serie de exigencias, que con el vicio de anticonstitucionalidad engendran un constructo falaz.

Se empieza por exigir la celebración de un "referéndum de autodeterminación" (se invoca el ejemplo de Quebec como si fuera transportable) que debería contar con apoyo mayoritario en Cataluña, y, sobre este punto, se introduce otra falacia, a saber: que ya el "referéndum" del 1-O demostró el respaldo de un "82% de catalanes" a favor de la idea, cuando en aquella consulta participó solo un 41% de la población, incluyendo menores de edad, amén de la falta absoluta de controles, que invalida incluso ese dato.

El siguiente paso es la condición, que indigna a los de Junts, de que sería "pactado" con el Estado. Dejando de lado que el Estado no puede "pactar" la transgresión de la Constitución, la petición sería impracticable. Además, y se trata solo de ejemplos "especulativos", la negociación acabaría en el momento en que, por ejemplo, el Estado exigiera la celebración de esa consulta por provincias, fijando, además, un mínimo de participación y de voto favorable para reconocerla, o advirtiendo de que se podrían incluir preguntas relativas al abandono de la UE o la pérdida del Sistema de Seguridad Social. Nada de eso entra en el tipo de referéndum al que aspiran los independentistas moderados. Los no moderados, con parte de Junts entre ellos, exigen la separación unilateral sin más contemplaciones, y, claro está, acusan a los "pactistas" (o sea, a ERC y a Aragonès) de falta de coraje independentista.

Las causas judiciales abiertas solo pueden acabar con una sentencia o un sobreseimiento

Por otra parte, y eso en realidad es, a la vez, lo más importante y lo que más indigna a sus críticos, el propio Aragonès admite que todo va para largo y que la condición de "pactado" es 'sine qua non' para obtener el reconocimiento internacional, lo que excluye cualquier vía unilateral. Y también se puede suponer que, bajo esas premisas, nunca habrá ese referéndum, pero, frente a sus críticos, él podrá alardear de que ha hecho todo lo posible. Pero, a la vez, advierte de que el "conflicto con el Estado" durará mientras que esa consulta no se celebre. El conflicto se plasma, ante todo, en el clima anticonstitucional del día a día en Cataluña y en una perceptible quiebra de la relativa 'pax romana' en la que se vivía hasta que Artur Mas entronizó a Puigdemont.

La "solución" de ese conflicto pasa por otro paquete de condiciones: poner "fin al exilio", acabar con las causas judiciales, las inhabilitaciones y proseguir un diálogo que culmine con la amnistía. En esa sucinta lista de peticiones va el forzamiento o ruptura de la legalidad constitucional y penal, y eso es mucho más grave que la retórica petición de un referéndum.

Las causas judiciales abiertas solo pueden acabar con una sentencia o un sobreseimiento, y ha de descartarse, por ilegal, el imposible indulto anticipado. En cuanto a los "exiliados" (léase huidos), el problema es parecido: ni pueden ser indultados ni se puede buscar una solución por la vía de una reforma del Código Penal que "desactivara" los delitos de los que se los acusa, y no porque no sea imprescindible una reforma de la ley penal, que lo es, sino porque esa inaplazable reforma, como muchos hemos dicho, ha de alcanzar a la totalidad de los delitos contra el orden constitucional, y eso requiere tiempo y consenso, por lo que no puede ser una "vía de solución", amén de que, fuera cual fuera la reforma que se hiciera, en ningún caso transformaría en lícitos los actos realizados por dichos exiliados.

El broche final de las exigencias es la petición de una amnistía, tema del que se ha hablado y escrito abundantemente

La protesta contra las "inhabilitaciones" trae causa de que el indulto del que algunos se beneficiaron no alcanza a las penas de inhabilitación para cargos públicos porque lo impide el art.6 de la Ley de Indulto (salvo concesión especial que en este caso no se incluyó), otra norma que ha de ser urgentemente reformada, por muchos motivos; pero solo en el marco de un debate pausado y profundo se podría plantear la supresión de esa regla. Añádase que los delitos de prevaricación, frecuentes en el hacer independentista, no llevan aparejada pena de prisión, pero sí la de inhabilitación, con lo que exigir la supresión de la pena es en realidad pedir la supresión del delito.

El broche final de las exigencias es la petición de una amnistía, tema del que se ha hablado y escrito abundantemente, exponiendo los obstáculos de todo tipo que lo impiden, y no voy a repetirlo. Pero los argumentos jurídicos no sirven de nada, pues en el planteamiento independentista se llama amnistía al olvido de todos los delitos cometidos en nombre de la "causa nacional", cualquiera que sea la clase de esos delitos, porque todos, sin excepción, han de merecer la digna calificación de delitos políticos, aunque para cualquier otra persona no independentista que los cometiera continuarían siendo delitos comunes.

Por supuesto que esa cosa que se quiere denominar amnistía en modo alguno supondría el fin de todos los continuos actos de deslealtad constitucional. Al contrario, esa extravagante clase de gracia se consideraría solamente un reconocimiento, por parte del Estado, de los errores que había cometido en el tratamiento del problema del independentismo.

Tal vez Junts llegue a abandonar el actual Gobierno catalán (visto lo visto, sería lo mejor), o tal vez sea más fuerte el pragmatismo

En suma, Aragonès presenta su catálogo de lo inviable, hay que suponer que lo hace sabiéndolo, con el objetivo, bastante claro, de poder denunciar la "insensibilidad" del Estado ante tan razonables demandas y acallar a los que le tildan de conformista ante la lejanía de la independencia.

Tal vez Junts llegue a abandonar el actual Gobierno catalán (visto lo visto, sería lo mejor), o tal vez sea más fuerte el pragmatismo y las muchas nóminas asociadas a la continuidad en ese Gobierno, pero lo que también es claro es que ese sector carece de otro programa que no sea romper la baraja, y así se acaba ofreciendo a los catalanes que siguen el tema (cada vez con más hastío) dos vías: la de ir tirando exigiendo condiciones irrealizables o la, ya experimentada y traumática, de la confrontación. O sea, que el ciudadano opte entre lo malo y lo pésimo.

*Gonzalo Quintero Olivares es catedrático de Derecho Penal y abogado.