El porqué y para quién de la reforma fiscal

No cabe duda que la inflación constituye un impuesto caído del cielo profundamente regresivo porque afecta más intensamente a las rentas medias y bajas, que necesitan una mayor proporción de sus ingresos para satisfacer las mismas necesidades de consumo.

Tampoco cabe duda que en la actualidad tenemos la necesidad de diseñar y aplicar una política fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, capaz de mitigar los efectos erosivos de la inflación en la renta disponible de las familias, en el empleo y en la actividad económica.

En este contexto de elevada inflación, la semana pasada asistimos a un apasionante debate sobre cómo repartir el esfuerzo para sostener el Estado de bienestar. Un debate más centrado en los instrumentos que en los objetivos, lo que, a mi juicio, hace perder consistencia. Porque lo verdaderamente relevante es cómo se utiliza la política fiscal, cuándo se suben o bajan los impuestos, quién paga, cómo se paga y, sobre todo, qué se hace con el dinero recaudado.

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En definitiva, cómo se diseña la política fiscal para que contribuya a una salida realista y justa de la crisis, en línea con los objetivos de la socialdemocracia para sostener y consolidar el estado del bienestar. Y, de lo que tampoco cabe duda, es de que la alternativa fiscal socialista difiere de la del Partido Popular.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, han tenido claro en sus sendas propuestas de reforma fiscal que hay que subir los impuestos a los más ricos y a quienes más se están beneficiando de esta particular situación económica. Mantener el impuesto de patrimonio, impulsar tributos a la banca y gravar los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas, por poner solo tres ejemplos, son medidas socialistas del Ejecutivo de España ampliamente defendidas por el Gobierno de Ximo Puig.

Lo relevante es cómo se usa la política fiscal, cuándo se suben o bajan impuestos y quién paga

Ambos presidentes son muy conscientes del mayor impacto negativo de las elevadas tasas de inflación en las rentas bajas y medias. Por ello, van a rebajar las tarifas del IRPF —cada uno en su marco competencial—, para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Pero, evidentemente, no es lo mismo reducir progresivamente un porcentaje de la tarifa del IRPF a las rentas bajas y medias para compensar una inflación del 10 %, como ha hecho Ximo Puig, que bonificar el impuesto de patrimonio a personas con activos superiores a 30 millones de euros, como hace el PP. Como tampoco es lo mismo invertir en la gratuidad universal de los libros de texto, como hace Ximo Puig, que dar becas a quienes menos le necesitan para estudiar en las universidades privadas, como hace el PP de Madrid.

Opinión

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Mientras que el Gobierno valenciano y el central han apostado por financiar mejores servicios públicos, universalizar la sanidad —la Generalitat ha recuperado la sanidad privatizada por el PP—, o ayudar a las empresas que han sufrido más el impacto del covid y de la guerra de Putin, otros prefieren bonificar 800 millones a los ricos o privatizar servicios públicos fundamentales.

La AEAT ha descubierto a fortunas valencianas trasladando de manera ficticia residencia a Madrid

Eliminar de facto el impuesto de patrimonio en una comunidad autónoma es dumping fiscal. Y no lo digo yo, lo demuestra la Agencia Tributaria, que ha descubierto a una veintena de grandes fortunas valencianas trasladando de manera ficticia su residencia a Madrid para no pagar este impuesto en la Comunitat Valenciana. La prioridad del president Ximo Puig no es ser una aspiradora de patrimonios, como sí quieren el PP de Madrid y Andalucía, sino ayudar a las familias que más lo necesitan.

Lo explicaba esta semana el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, quien reclama que “desde el punto de vista de la equidad, pero también desde una perspectiva macroeconómica, los gobiernos deberían apoyar los ingresos y el consumo de los hogares y las empresas que más sufren”. Lane propone que esa ayuda para rentas bajas y medias y compañías con problemas, se debe financiar “con tributos más elevados sobre los mayores ingresos o sobre industrias y empresas que son altamente rentables a pesar del shock energético”.

Esa es precisamente la base de las reformas fiscales de los presidentes Ximo Puig y Pedro Sánchez. Ante la crisis de inflación actual, ambos gobiernos socialistas han actuado desarrollando un reparto justo para salir de la crisis, por el lado de los ingresos y del gasto, fortaleciendo los servicios públicos, ayudando a las familias y empresas, sin llevarnos el estado social por delante. Esto es lo que debe evaluarse en el debate.

* Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada y Secretaria de Unión Europea en la ejecutiva del PSPV-PSOE.