En la renuncia de Carlos Lesmes

El cese, por renuncia, de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), supuesto contemplado en el artículo 126.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en condiciones normales, esto es, si viviéramos en un país con fuerte tradición democrática, no pasaría de un mero suceso. Pero, por la misma senda, el problema con el que nos encontramos es el de la perversión del sistema de gobierno del Poder Judicial, situación que nos lleva al trance de que ni podemos seguir con lo puesto ni tampoco vestir de otra manera.

En este sentido, la marcha de Carlos Lesmes, según pienso, tal y como se ha producido, es una pésima noticia. No ignoro que a lo largo de su existencia, el CGPJ ha sido un órgano fácil de sucumbir en guerras políticas donde no hay sitio para armisticios, pero el espectáculo ofrecido durante los últimos meses y hasta años, a propósito de la renovación del CGPJ, ha sido muy triste, aunque no falten quienes opinen lo contrario e incluso pueda ilusionar a cierto personal ávido de emociones fuertes.

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Cuentan algunas crónicas que la ministra del ramo, o sea la de Justicia, ha venido a decir que cuando viaja en metro escucha a la gente que siente vergüenza de lo que está ocurriendo con el CGPJ. Esto que la señora Llop dice no es cierto; o, al menos, no lo es del todo, o no lo es en el sentido que ella expresa. La vergüenza que los ciudadanos padecen, incluidos los más de 5.000 jueces que hay en España, es por la institución en sí misma, por un CGPJ en el que las instancias políticas que designan a sus miembros lo manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio, o más, que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

Desde sus comienzos hasta nuestros días, los siete consejos generales del poder judicial no han pasado de la más grotesca de las representaciones y sus vocales han sido marionetas movidas por los mandamases políticos de turno. Sí, ya sé que todos no, y unos menos que otros. Pero, en conjunto, el CGPJ ha sido, es y seguirá siendo una trampa para confiados, pues quien lo controla sabe que domina el poder judicial. Así lleva el CGPJ 42 años; tantos como grados de confianza perdidos. Quizás este ejemplo, con otros cuantos, sea el espejo de la España judicial en que se vive. El CGPJ podría ser más respetable de lo que merece si quienes tienen la obligación de hacerlo se propusiesen que la dignidad de la institución reemplazase el carrusel de filias y fobias en que gira desde su constitución. Lo malo es que a estas alturas algunos sigan sin convencerse de que el edificio de Marqués de la Ensenada 8, en Madrid, no puede ser sucursal de los partidos políticos. En el mundo de la política y también en el judicial, la gente sabe quién sirve para dar brillo a un órgano constitucional y quién para sacárselo a los zapatos de quienes mandan y se empeñan en marcar el camino de la Justicia.

Cuando fui vocal del CGPJ (1990-1996), unos periodistas me preguntaron qué opinión tenía del órgano al que pertenecía. Les dije que me parecía una institución hipotensa, o sea, falta de emoción, sin pulso. Si la pregunta me la hicieran hoy, la respuesta sería otra; más dramática. Y lo peor es que nadie o casi nadie se da todavía cuenta de que la Justicia se contamina y pudre cuando se entrevera con la política. Y es que mientras no se tengan la coherencia y el coraje para restablecer el equilibrio constitucional en la elección del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces seguirá siendo el germen del que surgen todos los males que corroen a nuestra doliente y desacreditada Justicia.

En varias ocasiones he felicitado a Carlos Lesmes por su trabajo. Unas, de forma abierta, y otras, personalmente. Hoy, cuando está a punto de dejar el cargo, repetiría muchas de las cosas que le he dicho y alguna nueva añadiría. Por ejemplo, que nada hay que reprocharle por lo que ha hecho o dejado de hacer en este tiempo, pues, por experiencia, comprendo lo complicado que le habrá resultado vivir en ese coso. Carlos Lesmes ha participado en una feria en la que no ha sabido torear con temple y al natural a un morlaco manso y resabiado. Presiento que hoy sí es consciente de ello y que lo lamenta. Le envío mil deseos de que en un futuro próximo tenga muy poco de que arrepentirse. Sé por experiencia que, en ocasiones, es difícil resistir, pero pienso que si las explicaciones ofrecidas sobre su renuncia —¡quién puñetas le habrá asesorado!— hubieran sido de otro tenor, tal vez habría podido soportar la deshumana presión política y mediática.

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Hace un mes y tres días, en el Tribunal Supremo, tuvo lugar el acto de apertura del año judicial 2022-2023. Al encuentro, presidido por Felipe VI, asistieron relevantes miembros de la judicatura española, con los magistrados del Tribunal Supremo español a la cabeza. Hace 200 años, el 20 de junio de 1812, el primer presidente de nuestro más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, don Ramón de Posada y Soto, pronuncio el discurso inaugural. De él tomo prestadas estas palabras: “La Justicia es la reunión de todas las virtudes, y la misma prudencia no sería de provecho sin justicia”. Luego, a renglón seguido, al referirse a los jueces, dice de ellos: “Nuestras leyes quieren que (…) sean omes buenos para mandar, é facer derecho (...) que los primeros y más honrados sean los que juzgan en la corte del rey (…): que sean leales é de buena fama, e sin mala cobdicia, é sabidores, é mansos, é de buena palabra á los que vinieren ante ellos (…) [sic]”.

Carlos Lesmes es un hombre que nació para juez y estoy seguro de que habrá de morir sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y lo injusto, qué se puede hacer y qué es, por el contrario, lo que se debe cuidadosamente evitar. Me consta que prácticamente su vida entera ha discurrido por el diáfano sendero de la justicia y creo que este comentario que le otorgo pudiera extenderse a quienes, con la toga puesta, se obstinan en pelear por la Justicia sin volver la espalda a la independencia. Carlos Lesmes no puede lamentarse de haber pasado cerca de 40 años con la ley en la mano. Y respecto al oficio que ejerce, creo que, como la gran mayoría de los jueces españoles, de él recibió cuanto le pidió y más, sin duda, de lo que hubiera merecido.

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Nadie como un juez sabe que la vida es un raro tejer y destejer de azotes y perdones. Y nada más triste y deprimente que un CGPJ convertido en un sórdido y penoso depósito de togas destruidas por el ácido de la política.

*Javier Gómez de Liaño es abogado. Fue magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial.