La mentira política, ¿frivolidad o posible traición?

Donde dije digo, digo Diego, ese el aforismo que recoge el cambio de opinión que vemos un día sí y otro no en este país. Los ya constantes del presidente Sánchez son de ese estilo, y no nos referimos a las rectificaciones que requiere todo Gobierno, que son sanas y de sabios, sino a la frivolidad de la mentira: las hemerotecas de muchos medios han puesto esto de relieve. Aquí en El Confidencial, también. Hasta mis alumnos de 2º de Audiovisual que no han votado nunca todavía me han recordado eso de que “con Bildu no vamos a pactar”, y eso que esta no es la más relevante.

La mentira en política es ética y lícita dentro de ciertos límites, como parte quizá de la estrategia para llegar al poder, pero su abuso es dañino. Léase a Hannah Arendt, si se tiene tiempo y humor. No sirve mucho decir que se ha hecho siempre, aunque sea verdad o que todos mentimos en la vida cotidiana, pues no todos los líderes políticos faltan a su palabra o no por los mismos motivos.

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La ética política de una reforma penal

Deberían considerar también sus señorías que solo por dictar leyes no se resuelven los problemas; si entran en vigor tras su publicación en el BOE y tienen efectos (véase la reducción de condenas por la ley del solo sí es sí), debemos exigir a los miembros de las Cortes Generales que voten con la cabeza, calculando los estragos que una ley puede hacer y no solo fiados en su disciplina de voto. Si las normas que se tocan o retocan son de las importantes, el Código Civil, el Código Penal, la separación de poderes o la propia Constitución, pues la cuestión ya apela al corazón mismo de la función del derecho.

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“Hay cuestiones de ámbito público —ha escrito Ollero— que se pueden resolver solo procedimentalmente, por ejemplo, el tráfico: decidir si en una calle se circula en una dirección o en la otra es un problema meramente procedimental. En cambio, hay otros problemas que obligan al Estado a una toma de partido desde un punto de vista ético”.

Tienen los grupos de PSOE y Unidas Podemos posibilidad de obtener mayoría absoluta, con 176 votos, pero cuando lo que se sustancia es un cambio legislativo de la entidad que se discute en estos días, en especial la reforma de delitos como el de sedición y malversación, pensada y calculada para aliviar las penas de cárcel e inhabilitación a personas ya condenadas, se comprende que haya alertado a distintos partidos, a la opinión pública, asociaciones de jueces y a muchos ciudadanos.

No es verdad que en otros países los hechos que condena el delito español de sedición no sean equiparables en Europa. Aunque el nombre sea diverso, todos tipifican esas acciones vividas en Cataluña como posibles atentados a la integridad del Estado. Aquí lo explican en RTVE. Podemos enredarnos en las palabras y tener un interesante diálogo en democracia, pero hablamos de cambiar valores jurídicos. También en esa irracionalidad hay quien puede sostener que el ataque al Capitolio de Washington que se sigue investigando por haber sido orquestada por Trump no fue más que una algarada callejera.

El Gobierno ha elegido tramitarlo como proposición de ley de su grupo, el PSOE, con Unidas Podemos, y no hacerlo como proyecto de ley. ¿Por qué? Ellos lo saben, se ahorra el Gobierno los dictámenes preceptivos, incluidos los de los letrados y expertos de los ministerios concernidos. El debate en la opinión pública puede incluso llegar a ser breve y rentable a corto plazo, pero su gravedad es máxima por el fondo y por la forma.

Moción de censura o delito de traición

El sistema constitucional español no prevé sanciones políticas ni jurídicas a la mentira ante el Estado, eso que en otros países como Estados Unidos o Brasil se llama impeachment, o inhabilitación en Perú, y que es el equivalente a nuestra moción de censura.

Opinión

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La manera de controlar y dimitir del Gobierno es la moción de censura —como le ocurrió a Mariano Rajoy por hechos de corrupción de dirigentes de su partido—, aunque queda también por supuesto la retirada de la confianza en las urnas, que es la auténtica democracia.

De nuevo cito a mis estudiantes, porque no sabiendo mucho o nada de derecho, tienen ese sentido común natural sobre lo justo e injusto, y preguntan si se puede acusar al presidente de Gobierno de traición. La traición, les decía, no es solo una palabra cargada de contenido ético que se ha usado en redes sociales o por la oposición. Es también un delito contra el Estado que pueden cometer el presidente y su Gobierno.

Si, de acuerdo con el art. 102 de la Constitución, que juzgaría el Tribunal Supremo, la “acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”. Importante, termina el 102: es un delito que no podrá indultarse.

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El Código Civil, como el Penal, se puede reformar por ley orgánica de acuerdo con nuestra Constitución, por tanto, con mayoría absoluta, como se está haciendo en temas clave, casi sin estar alertados. Se legisla técnicamente mal y se erosiona la democracia.

Afortunadamente, la Constitución tiene un sistema de reforma constitucional exigente, especialmente para los títulos preliminares, I y II, para cuya reforma se requiere un sistema reforzado de cambios (art. 168) que exige una mayoría cualificada (de 3/5), lo que exige unos difíciles 210 votos en el Congreso y 125 en el Senado, disolución inmediata de las Cortes y nuevas elecciones.

Puestos a cambiar el orden constitucional, siempre cabría, claro, modificar el propio Título X, que regula la reforma constitucional; con unas Cortes tan fragmentadas y una sociedad saliendo de una crisis tras otra crisis, para aflojar el sistema de reformas y colarnos otro gol.

Cosas mayores veredes, frase por cierto falsamente atribuida al Quijote.

*Loreto Corredoira. Profesora de Derecho de la Información, UCM. Jean Monnet Chair.