"Aceite y pasta alimenticia" frente a los golpes de Estado institucionales

El Gobierno afronta 2023, un año superelectoral, con buena parte de los deberes hechos. El maratón legislativo de diciembre no tiene precedentes en nuestra democracia. Solo el pasado martes 27, el Consejo de Ministros aprobó 22 reales decretos y mandó al Congreso cuatro anteproyectos de ley. En este último mes, el Congreso ha aprobado los terceros presupuestos generales del Estado, siete leyes y seis proyectos de ley. A la legislatura aún le queda casi un año y son muchas las iniciativas listas para su aprobación, entre ellas la ley de vivienda, pero el tono ya será otro, las medidas más difíciles debían quedar aprobadas antes del inicio de la larga carrera electoral.

En España ya no existe el delito de sedición, lo que facilitará, a este o a cualquier otro Gobierno, resolver la anomalía y el desprestigio internacional que, para un país de la Unión Europea, supone contar con políticos prófugos de la justicia. Las sentencias previstas sobre delitos de malversación para dirigentes políticos catalanes de segundo nivel supondrán penas de cárcel e inhabilitación ya vigentes en España antes de 2015, pero no supondrán un nuevo problema político para el Estado y para una gran parte de la población catalana y española, que ha asumido que los líderes del procés deben pagar su insensatez con el ostracismo político, pero no con la ruina económica y la privación de libertad. Sí, a quienes no opinan igual, la aprobación de estas reformas les ha permitido ensayar los más disparatados alegatos guerra-civilistas y declamas de "golpe de Estado", pero como ya pasó con los indultos y con otras medidas del Gobierno de coalición, los ciudadanos, alarmados unos días con tanto ruido e insulto parlamentario, pasan página con asombrosa rapidez. Pocos votos habrá ganado el Gobierno con estas medidas, pero ha logrado evitar nuevas crisis que podrían dar al traste con la legislatura.

La inflación y los precios de la energía siguen siendo una pesadilla, pero van a costar 40.000 millones menos a los ciudadanos

Pero y con todo, lo más relevante de este final de año ha sido la elevación del "aceite y la pasta alimenticia" a política de Estado. A los políticos y a los expertos les cuesta mucho hablar de cosas cotidianas, populares, es como de mal gusto, algún periodista decano les podría acusar de peronismo. Cuando tienes a la mitad de la clase política y mediática española alertando del final de la democracia por el asalto a la independencia de unos jueces con su mandato caducado y la rendición total del Ejecutivo a los intereses de los sediciosos catalanes, que la respuesta del Gobierno sea suprimir el IVA a la cesta de la compra no es suficiente, porque nadie va al supermercado a comprar una cesta de la compra, pero sí aceite y pasta, y es útil resaltar que el Gobierno reduce a la mitad su IVA mientras planea un "golpe de Estado a las instituciones".

¿Es esto una broma? No, es algo muy serio, es una forma distinta de entender el estado de ánimo de un país con escasa confianza en los expertos, nula confianza en los políticos, harto de los medios de comunicación y cansado de sacrificios (lean a William Davies en Estados nerviosos, ed. Sexto Piso, 2018). El Gobierno sabe que lo más duro de la crisis provocada por la guerra de Ucrania ha pasado, al menos, de momento. La inflación y los precios de la energía siguen siendo una pesadilla, pero van a costar 40.000 millones de euros menos a los bolsillos de los ciudadanos, gracias a ayudas más o menos directas que, con todos sus problemas, son la vía utilizada por nuestros vecinos europeos para hacer frente a la crisis. La creación de empleo da también un respiro al Gobierno, no solo por la eficacia de las medidas transitorias como los ERTE, que evitan la destrucción de puestos de trabajo en momentos de crisis puntuales, sino gracias a que la reforma laboral está logrando aumentar la contratación fija de una forma desconocida en nuestra economía, casi 14 millones de contratos fijos es un dato que deberíamos celebrar.

Estas medidas "transitorias y excepcionales" son eso, transitorias y excepcionales, pero ayudan a llegar a final de mes

Pero el Gobierno también sabe que los salarios de la clase media y trabajadora no se recuperan, no al ritmo de los salarios altos (11,5 veces más que los salarios medios —datos de Hacienda—) o los beneficios empresariales (6,7% por encima de los niveles prepandemia —datos del Banco de España—). Los cheques y las bonificaciones fiscales, sin crecimiento de empleo y con la inflación desbocada (comportamiento tradicional de la economía española en las crisis anteriores), no evitarían un colapso social, al igual que, en la situación actual, no afrontan la creciente desigualdad de rentas, siendo incluso posible que contribuyan algo a ella, pues es más fácil que las clases altas reciban ayudas que no necesitan (como demuestra la corrección de los 20 céntimos de la gasolina) que lograr que las personas realmente pobres se empadronen para recibir el ingreso mínimo vital. Estas medidas "transitorias y excepcionales" son eso, transitorias y excepcionales, pero ayudan a llegar a final de mes a quienes tienen un trabajo que no da ni para eso, y esta es la situación de casi la mitad de las familias españolas, familias a quienes las promesas de "reformas fiscales" o de "cambios del modelo productivo" les suenan, y con razón, a tecnocracia, recortes sociales y salarios más bajos.

No tiene nada de broma que un Gobierno recurra al abono para el transporte público, la limitación de subidas de alquiler, la reducción del IVA en el supermercado, de la luz y el gas, más un cheque de 200 euros para 4,2 millones de españoles, es decir, no tiene nada de broma que el Gobierno eleve a política de Estado el "aceite y la pasta alimenticia". Por supuesto que son legítimas las críticas de electoralismo, pero ni la crisis, ni las elecciones las decide el Gobierno, más bien se enfrenta a ellas, y siempre es mejor hacerlo mirando los intereses de la gente más vulnerable. Además, no creo que estas medidas den votos, andamos ya con estos muy decididos, pero desde luego no dan excusas para ampliar la desafección ciudadana a unos políticos que solo saben hablar de sus temas. Esta forma de conectar con el electorado no es exactamente lo que reclama Esteban Hernández en El rencor de la clase media alta y el fin de una era (Ed. Akal, 2022), pero sí es una vuelta a la política centrada en la nación, en el consumo, el trabajo y definida en términos de vida cotidiana.

Sumar tendrá que calcular bien en qué provincias suma con Podemos y en cuáles, simplemente, Podemos resta

Así arranca la campaña electoral, con un Gobierno anticipando conflictos que le pueden hacer descarrilar y entendiendo que, esta vez, el debate no va de miedo al populismo, sino de protección y estabilidad. Y también con una oposición anticipando apocalipsis económicos que nunca llegan o golpes de Estado institucionales que se desmontan con una simple votación. Nada de esto dará al Gobierno un solo voto entre antiguos electores de Ciudadanos, PP o Vox. La polarización artificial a la que llevamos años sometiendo la política española impedirá nuevos trasvases de votos entre bloques, hoy prácticamente empatados en las encuestas.

Para la derecha y la extrema derecha, Sánchez es ya el supervillano, el ser más odiado. Sin embargo, con una fidelidad de voto por encima del 80%, al PP y a Vox les va a resultar difícil incrementar la movilización, mientras Feijóo acumula rechazo social en las encuestas, atrapado en la contradicción entre la moderación conservadora y la crispación populista, a la que nada ayuda la deriva existencialista de Ciudadanos y Vox. A la derecha, la campaña electoral se le puede hacer muy larga.

Tampoco lo tiene fácil el bloque de centro izquierda. Sumar tendrá que calcular bien en qué provincias suma con Podemos y en cuáles, simplemente, Podemos resta. Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas despejarán esta duda y también la continuidad, o no, de parte de la coalición de gobierno, hoy ya convertida en un sólido tripartito. El PSOE y UP arrancan con una fidelidad de voto baja, por debajo del 70%, pero con eficientes resortes institucionales, fondos europeos, presidencia española de la UE, además de con un firme propósito de no perder las elecciones y el acierto de anteponer el aceite y pasta alimenticia a las derivas guerra-civilistas.

*Joan Navarro es sociólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UCM, y socio y vicepresidente de LLYC.