El apabullante silencio de los socialistas españoles ante el acoso judicial de Marruecos a un periodista

Nunca se me pasó por la cabeza que algún miembro del Gobierno español o algún alto cargo socialista evocara en público, refiriéndose a mí, el respeto de las libertades de expresión y de prensa en España. Sabía que no dirían nada que pudiera disgustar al vecino marroquí. Sí me imaginé que alguno me daría una discreta palmada en la espalda y me desearía suerte en voz baja. Nadie lo ha hecho.

Si no hay sorpresas de última hora, el 13 de enero se celebrará el juicio tras la demanda por “acción de jactancia” que me puso en junio el Reino de Marruecos. Me habría jactado de haber sido espiado con el programa malicioso Pegasus que los servicios secretos de Marruecos intentaron introducir en centenares de móviles de políticos europeos, empezando por el presidente Emmanuel Macron, de exiliados marroquíes y de periodistas.

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Los abogados de Marruecos piden a la jueza que me retracte, que exonere a Rabat de haber espiado con ese malware y que sea condenado a pagar las costas judiciales. Barajaron solicitar también que indemnizara al Reino de Marruecos por los daños causados, con mis artículos sobre Pegasus, en materia comercial o turística, pero renunciaron a ello. Es la cuarta vez desde 2014 que las autoridades marroquíes me llevan a los tribunales en España, dos por la vía penal —me denunciaron por apología del terrorismo— y otras dos por la civil.

Varios diarios europeos publicaron, el 18 de julio de 2021, la investigación del consorcio periodístico Forbidden Stories. Mi número de móvil figuraba entre los objetivos del espionaje marroquí. Un mes antes, el 20 de junio, Hassan Alaoui, director de Maroc Diplomatique, un medio afín a las autoridades de Rabat, se hizo eco en su columna, titulada “Cembrero, el ectoplasma de la Moncloa”, de dos mensajes de WhatsApp que intercambié, en mayo de 2021, con miembros del Gobierno español. Ese mes se alcanzó el apogeo de la crisis entre España y Marruecos. Tenía motivos de sobra para pensar que estaba siendo espiado.

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No recibí esa palmadita en la espalda, pero algunos miembros socialistas del Gobierno sí me hicieron comentarios en privado sobre la demanda del vecino marroquí. “Marruecos, políticamente hablando, no tiene más remedio que acudir a los tribunales contra quien le imputa un delito”, me dijo uno de ellos. “Marruecos tiene derecho a defenderse”, insistió otra.

Quizá no sepan todos ellos que la media docena de demandas por vulneración del derecho al honor que interpuso el Reino de Marruecos, a finales de 2021, en París, contra medios de comunicación franceses, fueron desestimadas por los jueces y ni siquiera hubo juicios. Quizá no sepan tampoco que en abril pasado la Comisión Europea presentó una batería de propuestas para impedir los procedimientos judiciales abusivos contra periodistas y activistas por parte de Estados extranjeros y de multinacionales.

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Solo hubo un socialista español con carné que me escribió para interesarse por el juicio y desearme suerte. Reside fuera de España y está apartado desde hace años de la política española. Otro miembro del PSOE, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, recogió una demanda. Preguntó en la comisión Pegasus de la Eurocámara, el 29 de noviembre, a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, si el Centro Criptológico Nacional podría ayudar a algunos periodistas a protegerse del espionaje. No recibió respuesta alguna.

El silencio de los socialistas contrasta con las muestras de solidaridad de otros partidos políticos. Bildu y Compromís formularon preguntas al Gobierno en el Congreso y en el Senado, que recibieron respuestas evasivas. Ciudadanos y Podemos hicieron otro tanto en el Parlamento Europeo. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa evocó el “acoso sistemático” que padezco, en el pleno de la Eurocámara, ante el comisario de Justicia, Didier Reynders. Escribió además una carta a Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE. En mi correo hay también un buen número de mensajes privados de apoyo de políticos de otros partidos, sobre todo del PP y alguno de Vox.

Desde que el presidente Pedro Sánchez se alineó, en marzo de 2022, con la solución propugnada por Rabat para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, España y Marruecos viven una auténtica luna de miel. Hubiese bastado con que, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sugiriera a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en una de sus numerosas reuniones, que retirara la demanda para que, probablemente, accediera a ello. No lo intentó.

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No es de extrañar. Pedro Sánchez y Albares aceptaron reconciliarse con Marruecos sin supeditarlo a que los abogados y clientes afines al servicio secreto exterior marroquí (Dirección General de Estudios y Documentación) retirasen las denuncias que habían puesto en un juzgado de Zaragoza tras la llegada a España, en abril de 2021, de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario enfermo de covid.

La eexministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fue su jefe de gabinete, Camilo Villarino, estuvieron imputados por un juez de Zaragoza, hasta bien entrada la primavera de 2022, por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento por organizar la acogida de Ghali en un hospital riojano. La denuncia fue puesta por el abogado valenciano Juan Carlos Navarro a instancias de dos clientes, el empresario hispano-marroquí Rachad Andaloussi y el exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras. Todos ellos formularon la denuncia “por cuenta de la DGED”, según un informe reservado del Centro Nacional Inteligencia (CNI) del 24 de junio de 2021. “La oficial de la DGED que dirige esta línea de trabajo es Imane Kanjaa”, precisó el servicio secreto español.

Si, tras reconciliarse con Rabat hace 10 meses, el Gobierno de Sánchez no dio un toque a su socio marroquí para que pusiera fin al acoso judicial de una exministra suya, no cabe esperar que mueva un dedo ante Marruecos para que un periodista pueda seguir ejerciendo libremente su oficio.