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Vuelve la política del ruido, esa que vuelve a opacar el sonido metálico de las adjudicaciones, los chantajes y las grabaciones

Foto: José Manuel Villarejo. (EFE/Luis Millán)
José Manuel Villarejo. (EFE/Luis Millán)

Comienza el año con el espeso silencio sobre uno de los más paradigmáticos casos de corrupción de los últimos años. Uno de esos silencios ruidosos de mirada inmóvil ante una opinión pública que no debe enterarse siquiera de que algo está pasando.

La Audiencia Provincial de Madrid ha exonerado al comisario jubilado Villarejo, a su esposa y a uno de sus periodistas afines de cualquier responsabilidad en una grabación ilegal que el tribunal reconoce que existió, que se difundió, que benefició a quienes querían obstruir una investigación y que, finalmente, terminó en el archivo de la misma por el método del cambio de juez.

Conviene, desde luego, ser extraordinariamente prudente a la hora de criticar cualquier sentencia. Los fundamentos jurídicos tienen un amplio —pero no infinito— margen de interpretación y es aún más aventurado cuestionar el relato de los hechos probados ante quienes tienen todos los medios y la capacidad para conocerlos. Es además imprescindible seguir manteniendo una actitud garantista, muy especialmente en el ámbito penal, que exija la certeza de la culpabilidad del acusado antes de su condena. Pero ni ser prudente implica renunciar a nuestro derecho a valorar los actos de los poderes públicos, ni ser garantista supone vestir la indiferencia de ingenuidad.

Foto: El comisario jubilado José Villarejo. (EFE/Moya)

Lo cierto es que se trata, como mínimo, de una sentencia inquietante por parte de un tribunal que pretende construir un mundo probatorio en el que es prácticamente imposible la condena. La multiplicidad de indicios debe suponer y supone una prueba suficiente para la existencia de una sentencia condenatoria cuando se alinean en un relato con sentido, un relato de hechos en el que las acciones buscan un fin efectivamente sucedido por parte de quienes están acusados de cometerlas. Los hechos indubitados, las consecuencias de los mismos, los indicios, los testimonios y los informes policiales deben permitir llevar a cabo una condena independientemente de quiénes sean los acusados. De lo contrario, significaría no solo consolidar la necesidad de pruebas diabólicas, sino consolidar la versión de los acusados como suficiente, dependiendo de la importancia del tribunal, la coyuntura política o la trascendencia mediática del proceso. Sería revestir la impunidad de justicia.

La sentencia que absuelve a Villarejo parece envolver en su incuestionable formalidad garantista el intento constante de desconectar las pruebas de cualquier sentido probatorio, hasta el punto de llegar a confundir la propia presunción de inocencia con la de veracidad, otorgando a los acusados la segunda por mor de la primera para, llegado el momento, justificar una sentencia absolutoria por una demanda excesiva e imposible de pruebas directas que exigiría que solo los delitos flagrantes pudieran, si acaso, ser sancionados.

Foto: El comisario jubilado José Manuel Villarejo. (EFE)

Pero no pasa nada. Para eso está el derecho a recurrir las sentencias, un derecho consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles como parte del núcleo de los derechos fundamentales en un Estado de derecho. Pasa, eso sí, que para recurrir hay que querer recurrir.

Y eso, no la sentencia, sí que es realmente inexplicable. Que ninguna de las acusaciones públicas y privadas, ni el Ministerio Fiscal, ni la Abogacía del Estado, ni la acusación popular ejercida por el partido político Podemos, hayan ejercido su derecho al recurso en una discutible sentencia que tiraba por tierra el trabajo de años de investigadores y acusaciones. ¿Por qué? ¿Por desidia? ¿Por cálculo político? ¿Por mercadeo mediático?

Quizá simplemente porque ya no interesa otra cosa que volver a esconder bajo la manta la basura del viejo bipartidismo, mientras los que hicieron de la regeneración política e institucional una bandera de identidad prefieren mirar para otro lado o centrarse en otras batallas políticas de consumo rápido y metabolización gaseosa.

Foto: El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. (EFE/Manuel Bruque) Opinión
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Seamos claros, eso es lo verdaderamente indignante en un asunto de la gravedad y claridad del presente. Haber renunciado a la regeneración de un sistema, a construir la versión limpia de nuestra institucionalidad y nuestro espacio social a cambio de ocupar un lugar en ese sistema, por sucio que sea.

Y claro que hay toda una red de intereses privados detrás de la inacción procesal frente a esa sentencia que, como ha recordado Javier Ayuso, parecen activarse y desactivarse a conveniencia. Pero es precisamente porque subsiste esa red por lo que era imprescindible llevar los resultados de esa investigación ante el Tribunal Supremo.

Foto: La Audiencia Nacional inicia el juicio del caso Gürtel al expresidente valenciano Francisco Camps. (EFE/Pool/Zipi) Opinión
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No pasa nada. Las voces habituales vuelven a resonar en medio del eco de las polémicas gaseosas. Vuelve el ruido de la política, ese que esconde la impunidad de los que mueven en la sombra imputaciones y archivos penales. Vuelve la política del ruido, esa que vuelve a opacar el sonido metálico de las adjudicaciones, los chantajes y las grabaciones. El juego político vuelve a ser eso, un juego que amaga y no hace, anuncia y no cumple, protesta y no cambia nada en los esquemas de corrupción que se fortalecen en el silencio de lo que empezó siendo una llamada hacia otra forma de hacer política, una revuelta cívica contra la corrupción, y ahora es otra vez silencio y gesto inmóvil, mientras esperas el próximo titular, mientras los mismos de siempre vuelven la vista a sus clientes y les dicen que business as usual, que no pasa nada, que pueden volver tranquilamente a sus negocios.

La judicialización de los casos de corrupción se debate entre la intrascendencia y el escamoteo cada vez más evidente

No pasa nada. Desde la salida de prisión de Villarejo, apenas por una agenda imposible para el señalamiento de su juicio, se difuminan en el gaseoso mundo de la Audiencia Nacional las piezas de Tándem. El relato no puede ser otro: no pasa nada. La judicialización de los casos de corrupción se debate entre la intrascendencia y el escamoteo cada vez más evidente. El juego trilero de manejar lo que se juzga y lo que no, la verdad como producto mediático construido con esmero a golpe de euros y llamadas de teléfono.

No pasa nada. España seguirá siendo diferente.

Según el Eurobarómetro, los españoles no son ya solo los europeos que menos confianza tienen en sus partidos políticos, son ahora también los que menos hablan de política. Adormecida en la impotencia, sumida en la precariedad, ensordecida de insultos y cincelada por la desigualdad, la silueta de España se dibuja otra vez por el desinterés mutuo entre la política y la ciudadanía.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el estado de la nación. (EFE/Huesca)

Quizás haya llegado el momento de hacer algo. La democracia no es solo economía. No habrá recuperación económica sin transparencia, ni honestidad sin compromiso por parte de una ciudadanía crítica. Abandonar la regeneración democrática en un país como España supone condenarnos no solo al subdesarrollo de nuestras capacidades económicas, sino renunciar a una política abierta en la que la ciudadanía debe jugar un papel más allá de votar —o ni siquiera— cada cuatro años.

Si a los partidos políticos no les interesa lo que le interesa a la ciudadanía, es obligación de la ciudadanía crear nuevos espacios políticos

La democracia representativa había de ser el procedimiento por el cual el interés general y las demandas de la ciudadanía en la calle se debatieran en las instituciones. Pero si los partidos políticos se desconectan de esas demandas, los ciudadanos se desconectan de esas instituciones. Esta es la historia de España, y de esta historia vino el respaldo que los nuevos partidos recibieron y que hoy languidece. Pero la clave sigue estando en la ciudadanía, la única capaz de romper el círculo vicioso. Desigualdad, precariedad, pobreza, vivienda, derechos, paz, recursos naturales... Y también transparencia, honestidad, desarticulación de las redes de corrupción —caiga quien caiga— y regeneración democrática.

Foto: Foto: iStock.

Listas, portavocías, grupos parlamentarios... Si a los partidos políticos no les interesa lo que le interesa a la ciudadanía, es obligación de la ciudadanía crear nuevos espacios políticos, imprimir nuevas demandas y abrir electoralmente opciones que empujen al menos el debate sobre lo que los ciudadanos necesitan que hagan sus instituciones y no lo que los políticos necesitan que esas instituciones hagan.

Lo que está claro es que no podemos quedarnos otra vez en el silencio de la decepción: si los partidos no funcionan, habrá que cambiarlos.

Y no pasa nada. Es la democracia. Y es nuestra.

*Gloria Elizo es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

Comienza el año con el espeso silencio sobre uno de los más paradigmáticos casos de corrupción de los últimos años. Uno de esos silencios ruidosos de mirada inmóvil ante una opinión pública que no debe enterarse siquiera de que algo está pasando.

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