Nos toca ya ser sede europea

Leo que la semana pasada el alcalde de Madrid presentó la candidatura de esta ciudad como sede de la próxima autoridad europea anti blanqueo de capitales (AMLA en sus siglas en inglés). Como aún no se ha abierto el plazo oficial de presentación de candidaturas para la sede, no existe un listado oficial de la propia Unión Europa que indique qué ciudades ya se han postulado, pero han surgido algunas que ya estarían en la casilla de salida, como Viena, París, Frankfurt, Luxemburgo, Vilna y Riga.

Ya se han publicado varios artículos apoyando la candidatura de Madrid, explicando las razones por las que la capital española debería ser sede de esta autoridad, como la larga tradición de nuestro país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; la legislación avanzada en la materia; las altas calificaciones recibidas por parte del GAFI; la existencia de una potente UIF (el SEPBLAC) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo; o la existencia de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pioneros a nivel internacional.

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Hay que recordar que se trata de una entidad europea especializada en la aplicación de la normativa preventiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y que, precisamente, esa especialización ha sido buscada por la Unión Europea, desgajándola del Banco Central Europeo (BCE) y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que es una red articulada sobre tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES), para entidades financieras (ABE), para entidades de seguros (AESPJ) y para mercados de valores (AEVM).

Una simple búsqueda en internet nos permite saber que entre Alemania y Francia ya concentran esas cuatro entidades supervisoras prudenciales. Ambas ciudades argumentan como ventaja para ser sede del AMLA que ya disponen de experiencia en supervisión prudencial de estos sectores. Pero, lo que ellos ven como una ventaja es un inconveniente, ya que el objetivo del legislador es precisamente crear una autoridad totalmente independiente de las entidades supervisores prudenciales. Si el legislador hubiera querido que fueran los supervisores prudenciales los que se encargaran de cuestiones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, no hubiera creado esta autoridad independiente. De hecho, ubicar la sede de la AMLA en cualquier de esas dos ciudades sería supeditar la supervisión en materia de blanqueo a la supervisión prudencial, y cualquiera que haya trabajado en estos temas sabe que son dos ámbitos muy distintos, con objetivos diversos que, además, no son siempre compatibles cuando los desarrolla una misma persona o instituciones interrelacionadas.

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Asimismo, recordemos que las funciones del AMLA no se limitan al ámbito meramente supervisor, sino que deberá ejercer funciones de coordinación entre las Unidades de Inteligencia Financieras europeas (UIF's), porque lo que se pretende es crear una estructura de inteligencia financiera común.

Es decir, la AMLA va a tener capacidad de coordinación de análisis entre las UIF´s en aquellas operaciones que afecten a más de un país. ¿Esa labor de coordinación la van a hacer personas vinculadas al Banco Central Europeo, o a alguna de los supervisores prudenciales? Desde mi punto de vista, sería un error.

Asimismo, y a pesar de no ser la intención inicial, el Reglamento de creación de la AMLA no impide que, en el futuro, pueda incluirse la supervisión directa de otros sujetos no financieros, como notarios, abogados, asesores fiscales, casinos, entre otros. Parece evidente que esa labor de supervisión prudencial de entidades financieras nada tiene que con la supervisión en estos temas de un abogado o un notario.

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El SEPBLAC, como unidad de inteligencia financiera española, es un ejemplo de buen funcionamiento de este tipo de entidades, dado que tiene competencias en análisis y en supervisión de todos los distintos tipos de sujetos obligados.

Podemos estar escribiendo artículos como éste durante meses, pero la decisión se adoptará en el ámbito político, y es preciso que España y las diferentes Administraciones Públicas demuestren habilidad, no solo en presentar un frente común, sino en su capacidad de convicción en las instituciones de la Unión. Según la sentencia del Tribunal de Justicia en diversos asuntos acumulados sobre las decisiones de las sedes de las agencias europeas, de 14 de julio de 2022, este tipo de decisiones respecto de las agencias de la UE deben tomarse conjuntamente por el Parlamento Europeo y por el Consejo.

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Si son ellos los que deciden, habrá que ir a verlos, para lo que debería ponerse en marcha de forma inmediata un plan integral, con todas las Administraciones implicadas para convencer a quienes tienen que tomar esa decisión. No será tarea fácil, pero si queremos tener alguna opción hay que empezar a viajar.

Hace unos días, hablando sobre el tema con un eurodiputado español, reconoció que desconocía que España quisiera presentar a Madrid como sede de la AMLA. En mi opinión, si queremos tener alguna opción, es fundamental que cada eurodiputado español, cada funcionario de las instituciones europeas de nuestro país, cada miembro de la clase política, incluso todos los que tenemos alguna relación con instituciones europeas, conozcamos las características de esta candidatura para poder colaborar en la misión de convencer a nuestros homónimos europeos de la necesidad de que la sede no vuelva a situarse en los mismos países.

España es la cuarta potencia por producto interior bruto de la zona euro; es, igualmente, el cuarto país en población. Madrid no es sede de ninguna institución de la Unión, pero sin embargo, atesora múltiples ventajas de todo orden para ser la candidata elegida. Solo resta unión en el ámbito interno y trabajo en el externo.