El enrocamiento de UP y la pobreza jurídica del debate

Con el patente enfrentamiento entre PSOE y UP a causa del tema, el Gobierno se dispone a cumplir con su promesa de reformar la desgraciada ley llamada del sí es sí, que tan indeseados resultados ha dado en su corto tiempo de vigencia, y el 7 de marzo de 2023 empieza en el Congreso el debate sobre la admisión de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual. La reacción de UP es también conocida: la apasionada Montero anuncia que luchará por preservar su gran ley, convencida de que se trata de un hito histórico que se debe a su esfuerzo al frente del movimiento feminista, papel que no le reconoce un buen sector del feminismo.

Flota en el aire, a su vez, la amenaza del locuaz Pablo Iglesias, que advirtió al PSOE de que se habría de arrepentir si modificaba la ley prescindiendo de lo que opinara UP. Detalles sobre cuál será la venganza no se han divulgado, aunque, para decepción de muchos, alguna portavoz de UP ya ha advertido que en ningún caso renunciarían a sus Ministerios, cosa sabida de antemano por todos. Por su parte, el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, ha añadido un comentario más a la relación de despropósitos que desde UP se han dicho sobre la reforma de los delitos contra la libertad sexual, cual es el de que el Gobierno desea regresar al Código Penal “de la Manada”, invectiva compartida por todo el grupo, lo que quiere decir que resume la “esencia” de su pensamiento jurídico.

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Lo que esos y otros personajes entienden por “Código Penal de la Manada” es difícil de entender, hasta que ellos mismos lo describen, con Iglesias a la cabeza, como el Código que diferencia entre agresiones y abusos y obliga a la mujer a poco menos que a pasar por ordalías medievales para demostrar que no consintió la relación sexual, con normas penales que no colocan en su justo lugar el consentimiento. Eso es sencillamente falso, y solo lo puede decir quien ni sabe derecho penal ni en su vida ha seguido un procedimiento por delito de agresión sexual. Pero, y eso es lo único importante en estos tiempos de apoteosis de la simplificación y la deformación, los de UP se ufanan de haber acuñado con facilidad una etiqueta “clara y contundente”.

Los fiascos generados por la vigente versión de los delitos contra la libertad sexual proceden (y salvo la Sra. Montero y su gabinete de guerra, nadie lo niega) de la absurda supresión de la diferencia entre agresiones y abusos, o, si se prefiere, de haber borrado la función diferencial de la violencia o la intimidación, en el entendimiento de que eso ha de tener una obligada traducción en lo punitivo, que refleja, a su vez, y aunque algunos se empeñen en negarlo, una diversidad cualitativa. No es de extrañar que la reforma que se va a aprobar (parece) regresa a las diferencias de pena anteriores a la malhadada reforma.

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Hasta ahí tenemos lo “razonable” en la reacción de la parte del Gobierno perteneciente al PSOE, sensible a la alarma provocada por las conocidas excarcelaciones provocadas por la reforma y su “marco punitivo único” común a agresiones y abusos. Dicho esto, obligado es también señalar la persistencia en algunos dislates con que se presenta la iniciativa reformadora. Eso se plasma en su reivindicación, en la que ha participado el Sr. Sánchez, de que la reforma que ahora se propone “no altera la filosofía de la norma porque no cuestiona el consentimiento”, que seguirá estando en el centro de la norma porque, según declaró el Sr. Bolaños, "no se puede permitir nuevamente que en juicios con agresiones sexuales se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas, y, por lo tanta, ninguna modificación habrá en lo que se refiere al consentimiento de la mujer". Es evidente que el ministro no ha asistido a juicios por esos delitos, o, si lo hizo, no se enteró de nada.

Pero no hay motivos para la extrañeza, pues a pesar de que con el tiempo todo se diluye, no hay que olvidar que la sentencia del llamado caso de la Manada se presentó como una cuasi absolución en una violación en grupo y no una condena a más de 15 años de prisión (pena propia del asesinato) a cada uno de sus integrantes. Las reacciones de protesta porque la Audiencia en el primer fallo apreció abuso y no agresión, como luego haría el TS, dio lugar a un movimiento a cuyo frente destacó especialmente la Sra. Calvo, a la sazón Vicepresidenta del Gobierno, y es fácil encontrar sus sentenciosas declaraciones en orden a la necesidad de que la ley penal dejara claro que “el no es no y el sí es sí”, doble pleonasmo simplón que se presentaba como un revolucionario aforismo comparable a los brocardos con que Feuerbach describió el contenido del principio de legalidad a partir del básico nullum crime sine lege. Y lo cierto es que eso consiguió que la (innecesaria) ley reformadora fuera denominada ley del sí es sí.

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De esa absurda manera se llegó a traer el tema del consentimiento al centro del debate, propiciando que se dijera, y se siga diciendo, que ese ha de ser el “eje” o “corazón” de la norma, como si antes de la reforma no hubiera sido así. No voy a volver a exponer el complejo tema del consentimiento, pero explica, sin especial necesidad de indagar en sus motivos, la airada reacción de diferentes colectivos judiciales que han recordado que, en la aplicación de la ley penal a los ataques a la libertad sexual, la cuestión del consentimiento ha estado siempre en el centro del análisis de los hechos que deben realizar los juzgadores, careciendo absolutamente de base todo el discurso organizado en torno a la necesidad “colocar el consentimiento en el centro de la norma”.

Para redondear la cadena de despropósitos se crea, y se mantiene, una especie de descripción de los elementos que han de concurrir para poder apreciar o denegar la concurrencia de consentimiento, y que, siendo objetivo, puede considerarse absolutamente superflua, pero que, incluso, puede ser distorsionadora por introducir otra norma a interpretar en un problema en el que estaba sobradamente consolidada en la interpretación del CP y en la praxis jurídica lo que significa el consentimiento en estos delitos (y en otros muchos), sin que esta reforma aporte nada.

Lo curioso es que este tema haya dado lugar a un enfrentamiento tan severo entre los partidos de la coalición gobernante

Por lo tanto, todas las jactancias de haber colocado la importancia de la obvia diferencia ente el sí y el no, y, con ello, del consentimiento en el “corazón de la noma”, merecen muy poco respeto, pues solo revelan una obsesiva necesidad de traducir el lógico rechazo a las agresiones sexuales en una reforma de la ley penal, venga o no a cuento, y, cómo no, buscando rédito electoral.

Lo curioso, pero eso nos llevaría a otra clase de análisis, es que este tema haya dado lugar a un enfrentamiento tan severo entre los partidos de la coalición gobernante. Ciertamente, no es preocupante la bronca, considerada como parte de la crónica de esa coalición, pero sí lo sería si sus protagonistas de verdad creen que están marcando un nuevo rumbo en la historia del derecho penal.