El Gobierno tiene un plan económico, pero todo lo demás es ruido

El Gobierno tiene un plan económico. No resulta difícil identificarlo. Es una línea recta y definida. Pero el resto de su acción es un constante zigzag.

Algunas de las líneas maestras de ese plan económico son: convertir las pensiones en el gasto del estado de bienestar al que deben someterse todos los demás. Aprovechar los fondos europeos y el relativo consenso acerca de la transición energética y las industrias estratégicas para aumentar el proteccionismo. No hacer grandes reformas y mantener una economía de servicios y turismo, pero impulsar la generación de unas nuevas élites del conocimiento y la energía. Reprender simbólicamente a las rentas altas por no contribuir lo suficiente y obligarlas a que aporten más, pero hacer equilibrios para no romper el sector privado. Y postergar sin fecha la disciplina presupuestaria porque esta ya es, o al menos parece, algo del pasado.

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No es un plan excéntrico en los tiempos actuales. No es tan distinto de lo que Joe Biden ha incluido en el presupuesto que acaba de presentar en Estados Unidos, ni contradice en esencia las guías de la Comisión Europea, aunque esta, para evitar líos políticos, parece dispuesta a dar por buena casi cualquier cosa. De hecho, el plan ha tenido varios éxitos: preservar precariamente la economía en tiempos de pandemia; desvincular del trabajo, con el ingreso mínimo vital, algunos aspectos del estado de bienestar, y mejorar un poco el mercado laboral. Tiene enormes riesgos. Quizá a usted le guste, quizá no (a mí no me encanta), pero es la nueva ortodoxia de izquierdas. En eso, España no es diferente.

Una gestión basada en el ruido

Pero sí es distinta en el ruido enorme, ineficiente y destructivo que genera el Gobierno en los demás aspectos de su gestión. Alteró gravemente la equidad del sistema, y corrió el riesgo de irritar a sus propios votantes, al derogar el delito de sedición y cambiar el de malversación. Y no ha servido para nada: ni para mejorar la situación del país en general ni el clima político en Cataluña, y ni siquiera para lo más vergonzoso: el beneficio personal de unos cuantos miembros de un partido aliado del Gobierno, ERC. Ha convertido el debate sobre el feminismo, que es necesario en un momento en el que persisten desigualdades endémicas, en una batalla sin sentido en la que altos representantes del Estado se dedican a hacer rotundas recomendaciones a las mujeres sobre sus prácticas sexuales y, al mismo tiempo, desconocen los efectos de las leyes que impulsan para protegerlas. Ha hecho que una de las primeras promesas electorales del presidente Pedro Sánchez, la necesaria derogación de la llamada “ley mordaza”, no solo no se lleve a cabo, sino que se convierta en un símbolo de la deslealtad de los aliados del PSOE.

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En el plano judicial, el Gobierno propuso medidas, que felizmente no prosperaron, que reducían aún más la ya precaria independencia del poder judicial, mientras la prensa de izquierdas acusaba a este de dar un golpe de Estado. El presidente y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cambiaron de forma radical el aspecto más delicado de nuestra política exterior, la relación con Marruecos, sin dar ninguna explicación convincente sobre las razones de fondo. Son cinco temas claves —conflicto territorial, igualdad de género, libertades públicas, independencia judicial, política exterior— en los que el Gobierno ha tomado malas decisiones que luego ha tapado con ruido y una gestualidad ineficaz. Un encuestador cercano a La Moncloa me decía que nada de eso, singularmente la cuestión catalana, iba a desanimar a los votantes de izquierdas. Es posible. Pero ha dañado mucho a la política española.

El embrutecimiento del debate llega a las leyes

Porque esta se ha vuelto adicta a ese ruido. También es ruido, por supuesto, la ridícula moción de censura de Vox y la triste sobreexposición mediática de su candidato. Son ruido las excusas del PP para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es ruido la iniciativa de la Generalitat de ERC para crear un grupo de expertos que elaboren un Acuerdo de Claridad con el Gobierno con el fin de celebrar un referéndum pactado. Son ruido las presiones públicas de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz para que en su próximo y aún misterioso proyecto político esta dé más espacio y relevancia a la pyme en que se ha convertido Podemos. Hay tanto ruido que, asombrosamente, hace meses que no oímos al mayor generador de ruido del último lustro en la política española, Carles Puigdemont.

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El debate democrático nunca es angélico y ordenado, pero en España su pésima calidad ya no solo afecta a la conversación pública y los medios de comunicación —que algo de culpa tienen en todo esto—, sino que tiene un impacto evidente en el respeto a los reglamentos y las costumbres democráticas y, más grave aún, en la calidad de unas leyes cada vez peor hechas. Los Gobiernos, también este, son siempre los principales responsables de esta situación.

Energía política que se pierde

Se podría disculpar esta cantidad colosal de ruido estéril recordando que estamos ante el primer Gobierno de coalición de la democracia española moderna; sabíamos que no iba a ser un proceso fácil y, en efecto, no lo está siendo. Se podría desdeñar tanta discusión absurda e inane afirmando, como hacen algunos bienintencionados partidarios del Gobierno, que debajo de todas esas meteduras de pata y gestos teatrales se encuentran medidas valiosas en favor de la igualdad económica. Hay algo de cierto en estos argumentos, pero no sirven de excusa.

Es posible que el Gobierno genere mensajes confusos sobre cuestiones importantes porque no sabe muy bien cómo abordarlas. A fin de cuentas, así son las democracias mediáticas y comunicativas de los países relativamente ricos. Sin embargo, estamos ante algo más que eso. Con la relevante salvedad de sus planes económicos, que tienen la virtud de la claridad y algunos logros, pero también innumerables riesgos, el Gobierno se ha quedado sin ningún relato creíble acerca de casi todo lo demás. Tiene un plan y, después, una inmensa máquina de malgastar energía política en ruido.