La legislatura llega a su final, la coalición de gobierno aún no

La legislatura llega a su final, pero al contrario de lo que pudiera parecer con la reforma de la ley del solo sí es sí, son los dos acuerdos alcanzados esta semana y no la polémica los que pondrán punto final a la legislatura: la ley de vivienda y, sobre todo, el acuerdo para la reforma de las pensiones.

Al igual que el tipo de competición electoral cambió tras el final del “bipartidismo imperfecto” que caracterizó nuestro sistema de partidos, las reglas del juego parlamentario y, sobre todo, las reglas de gobierno son otras cuando quien gobierna es, de facto, un tripartito sustentado por una mayoría parlamentaria fragmentada y a corta distancia electoral de la oposición.

Vivienda y pensiones, los 'acuerdos' de final de legislatura

En otro momento, una ley como la del solo sí es sí con tan graves consecuencias no deseadas, con la fractura pública del Gobierno, el incremento de las tensiones en el movimiento feminista, en medio de una enorme repercusión pública, habría provocado una crisis de gobierno. Pero esta es una coalición acostumbrada a las crisis, las naturales, las sistémicas, las políticas, incluso las impostadas, y, sobre todo, acostumbrada a anticipar su impacto en el estado de ánimo de una opinión pública tan polarizada que lo que crispa a una parte de la población suele servir de regodeo a la otra. Las encuestas muestran cómo los electores de Podemos, de un lado, y los socialistas, de otro, se han visto movilizados por la confrontación a favor de sus respectivos partidos, como, me temo, todos los demás electores en contra de ellos. De no ser por la angustia de cientos de mujeres y sus familias ante la salida de prisión de delincuentes sexuales, decidida por unos jueces frente al criterio de otros, esta crisis parecería una broma pesada.

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Los partidos de la coalición saben que sus márgenes son pequeños y sus electores volátiles. Para Podemos, salir del Gobierno tiene ventajas, recuperar la calle, pero también significa desaparecer de la opinión pública, pues es en el Gobierno donde se gestiona la agenda política, pacíficamente o mediante confrontación, y eso es lo que sus electores esperan de ellos. Para el PSOE, prescindir de su socio minoritario tiene ventajas, recuperar parte del voto más centrado, hoy desmovilizado, pero también significa gobernar sin el apoyo del Parlamento y, por lo tanto, dar por finalizada la agenda reformista en la que se asienta el Gobierno.

Para Podemos, seguir en el coche oficial es un lastre y una oportunidad, pero al final de la legislatura podrá mostrar a su electorado el triunfo de la ley de vivienda. Para el PSOE, soportar la tensión identitaria a la que sus socios han arrastrado la política española le supone un duro desgaste, pero también le permitirá aprobar la mayor reforma de la legislatura, la ley de pensiones, sin la cual flojearían el apoyo de la Comisión Europea y la llegada de los fondos de recuperación.

El final de la coalición, o no, antes del verano

Tras la aprobación de las leyes de vivienda y pensiones, la legislatura, en términos parlamentarios, habrá acabado, pero no así la coalición, que se enfrenta a otra lógica: de su duración, dependen la supervivencia de Podemos, el nacimiento de Sumar y las posibilidades de reeditar una nueva coalición que permita la reelección del presidente Sánchez. A menos de 100 días de las elecciones municipales y autonómicas, la ruptura de la coalición está descartada. Los electores de ambas formaciones son mayoritariamente partidarios de esta fórmula de gobierno, pero, además, es la única que garantiza la gobernabilidad de miles de ayuntamientos, diputaciones y de todas las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en coalición.

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La duración del Gobierno de coalición dependerá de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, de cuál sea la debilidad relativa del PSOE respecto del previsible avance del PP y, por lo tanto, de cuántos gobiernos de izquierda se esté en condiciones de formar. Pero, sobre todo, la coalición dependerá de la posición relativa de Podemos respecto de Izquierda Unida, una formación con peso propio en ayuntamientos y alcaldías, y respecto de sus antiguos aliados: Compromís, los comunes, En Marea, Més per Mallorca y, sobre todo, Más Madrid. Podemos, con escasísima representación territorial autónoma, deberá poner sobre la mesa su peso electoral para negociar una coalición con la plataforma de Yolanda Díaz.

Si Podemos se integra en Sumar, algo realmente difícil, la coalición puede llegar unida a las elecciones generales. Si no es así, las ministras de Podemos supondrán un peso innecesario tanto para un PSOE necesitado de recuperar la centralidad como para la propia plataforma de Yolanda Díaz, que competirá por cada uno de los votos de la formación política que la llevó al Gobierno. Esta es la clave, junto con la situación de la economía, con que dará inicio la campaña de las elecciones generales.

Economía y encuestas y la ocurrencia de Vox

Hoy, al PSOE las cosas no le van bien. La economía no va mal, pero tampoco bien. El empleo aguanta, la subida del salario mínimo ayuda a mantener el consumo, pero la inflación sigue castigando la cesta de la compra y la economía doméstica, que pierde renta disponible a un ritmo peligroso. Estamos dejando atrás un nuevo invierno sometidos a las tensiones de la guerra de Ucrania, con mejores datos económicos que nuestros socios europeos. Pero la sensación de que el proceso hacia la recuperación será largo y lento pesa en el ánimo colectivo. Las encuestas para los socialistas tampoco van mal, pero no van bien. El PP sigue liderando la intención de voto a escasos puntos del PSOE, pero sin sumar apoyos suficientes para gobernar. La mayor preocupación para los socialistas es la desmovilización de casi cuatro de cada 10 de sus propios electores (datos del último barómetro del CIS).

Con el frente catalán desactivado y las medidas de protección social en su máximo histórico, el Gobierno se la juega en el plano económico, por eso, el anuncio de Ferrovial de abandonar España en búsqueda de “acceso a financiación y mayor seguridad jurídica”, pero también camino a un país con menos presión fiscal, es una amenaza a la credibilidad de la política económica socialista, pese al sólido respaldo de la Comisión Europea.

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Al PP las cosas tampoco le van bien. Salvo el nombramiento de Borja Sémper como portavoz de campaña, son pocos los éxitos del actual equipo de la dirección Popular. Al igual que el Gobierno tiene dificultades para rentabilizar su gestión, a la oposición le cuesta rentabilizar el malestar e incertidumbre que genera la situación económica. Sin embargo, el esperpento de moción de censura de Vox, con el economista Ramón Tamames como candidato imposible a la presidencia del Gobierno, puede ser uno de esos escasos regalos que la torpeza de tus enemigos deja en el camino. Los electores de Vox aspiran a sacar a Sánchez de la Moncloa, algo que parece que esta moción no pretende. El PP solo tiene que esperar el regreso de una parte de sus antiguos electores, preocupados por tanto postureo, que, sumados a los de Ciudadanos, pueden hacerle despegar electoralmente del PSOE y cobrarse, gratis, la tradicional prima de mayoría con la que siempre ha logrado gobernar.

En algún momento, el PSOE deberá girar hacia su centro para movilizar a buena parte de su electorado, hoy incómodo con la alianza con Podemos. En algún momento, Podemos y Sumar deberán decidir coómo afrontan las elecciones generales. En algún momento, el PP deberá decidir si le da la mano o garrote a Vox. Por suerte, las elecciones municipales y autonómicas son ese momento, una gran conquista de la democracia.

*Joan Navarro. Sociólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UCM. Socio y vicepresidente de LLYC.