Democratizar el 'lobbying' para salvar nuestra democracia

Desde hace un tiempo, la democracia representativa vive una severa crisis que se extiende a todos los niveles de gobierno: local, nacional y supranacional. La evidencia más alarmante de esto no es tanto la baja participación electoral, sino la incapacidad de la política para abordar algunos de los desafíos sociales más apremiantes de nuestro tiempo. Mientras históricamente los partidos políticos supieron actuar como intermediarios entre la ciudadanía y el poder, hoy están experimentando una fuerte decadencia, no solo en términos electorales, sino también de consenso y de reconocimiento entre la población. Más que promover el cambio, sus mecanismos de acceso y funcionamiento son un obstáculo para el propio cambio. Esta incapacidad de los partidos para renovarse ha provocado grandes impulsos hacia formas de democracia directa, antagónicas a la representativa, pero —como se observa tras la experiencia pionera de Podemos en España (pero también tras la del Movimiento 5 Estrellas en Italia o tras la de los Partidos Piratas en otros países europeos)— han demostrado ser ilusorias en su capacidad de traducir las preferencias populares en acciones de gobierno. Al mismo tiempo, estos movimientos han tenido el mérito de ilustrar la creciente necesidad de nuevas formas de participación capaces no solo de facilitar el acceso a la política a nuevos segmentos de la población, sino también y sobre todo de reconectar a los representantes electos con su público: los ciudadanos.

Son numerosas las iniciativas surgidas recientemente que, si bien confirman la democracia representativa como método preferente para gobernar democráticamente, reconocen la necesidad de crear nuevas formas de participación —y, por tanto, de escucha y activación ciudadana por parte de los decisores— que sean complementarias y no antagónicas a la democracia representativa.

En la elaboración de una política pública, el objetivo es la identificación del interés público

Se trata de reconocer, también en España, que la democracia no termina con el momento electoral, sino que, por el contrario, se alimenta de otras formas de intercambio y contacto entre los cargos electos y los electores que se producen en el espacio existente entre una elección y otra. Ahora bien, este espacio, muchas veces definido como democracia participativa, es mucho más amplio que el de la política (politics) y se extiende al de las políticas públicas (policies). Si el primero nos permite elegir a nuestros representantes, es el segundo el que determina la calidad del aire que respiramos, la seguridad de los alimentos que comemos, la calidad de los servicios que recibimos y, por tanto, las oportunidades de vida que se nos ofrecen.

En la elaboración de una política pública, el objetivo es la identificación del interés público, lo que la sociedad debería perseguir para mejorar el bienestar general. Pues bien, para identificar de qué se trata, es necesario e imperativo recurrir a la ayuda de todos los afectados por una determinada política pública. Sin embargo, históricamente el proceso de formación de estas políticas ha permanecido oculto a la mayoría, quedando como prerrogativa de unos pocos sujetos —es decir, los cuerpos intermedios como sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, cámaras de comercio y asociaciones patronales— cuya actividad es comúnmente liquidada y, por lo tanto, estigmatizada como lobbying. Sin embargo, a pesar de ser utilizado con un significado a menudo negativo, "hacer lobbying" significa sobre todo participar y, por lo tanto, contribuir al proceso de toma de decisiones, ocupando ese precioso espacio de escucha e intercambio entre los funcionarios electos y los votantes. Como tal, no solo es una actividad legítima, sino necesaria en toda democracia y ello independientemente de la naturaleza de los intereses representados, privados o generales, como la salud o el medio ambiente. Visto desde esta perspectiva, hacer lobbying permite a quienes están fuera del "centro de mando" informar al decisor de cómo sus elecciones, en el proceso de formación de las políticas públicas, afectan a los intereses y, por lo tanto, a las oportunidades de los diversos sujetos presentes en la sociedad.

Sin embargo, sigue existiendo una fuerte resistencia cultural al fenómeno del lobbying. Aunque esta resistencia tenga múltiples explicaciones de carácter mediático, político y social, representa un claro obstáculo a un proceso legítimo y necesario del que nos privamos como nación. La narrativa periodística dominante todavía hoy está relegada a la ilación, los tejemanejes o, en el peor de los casos, a la conspiración y el escándalo. Lobbies, no lobbying; corruptos manipuladores, no lobistas, rezan los titulares de los medios nacionales cuando informan sobre las interacciones entre intereses y decisores.

Opinión

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Es por ello que, por un lado, la crisis de representación y, por el otro, la progresiva erosión de la intermediación, exigen hoy una democratización del lobbying; y esto solo puede llevarse a cabo por medio de una desmitificación del fenómeno, normalizándolo en el imaginario colectivo.

Esto es lo que yo llamo lobbying ciudadano, en contraposición al actual ejercicio de lobbying por parte de quienes representan un pequeño número de intereses mayoritariamente particulares y bien organizados. Esta forma de movilización se diferencia del lobbying corporativo en que persigue objetivos de interés público, que trascienden los puramente privados. Podría citar como ejemplo una organización no gubernamental (ya sea Greenpeace España o Save The Children) que promueven cambios legislativos en beneficio de la comunidad (protección del planeta o de la infancia), o un movimiento cívico que pide el cierre de una fábrica contaminante.

El lobbying ciudadano, en cuanto a forma de participación destinada a informar e influir en los decisores, ayuda a movilizar a los ciudadanos que, con demasiada frecuencia, se sienten impotentes y desalentados, involucrándolos en los procesos de toma de decisiones, creando un nuevo vínculo entre la sociedad civil y las instituciones. Los ciudadanos lobistas ayudan, no obstaculizan, el trabajo de nuestros representantes políticos, informándolos con puntos de vista no menos relevantes que los de las corporaciones y otros intereses organizados.

Si España tiene un futuro democrático, este solo puede pasar por la revisión en positivo de un fenómeno como es el 'lobbying'

En un contexto caracterizado por la infrarrepresentación de los intereses públicos (lo que conduce inevitablemente a una sobrerrepresentación de los intereses particulares), la proliferación de lobbies ciudadanos tendría el mérito de ofrecer al decisor una imagen más fiel de la realidad sobre la que incide con sus disposiciones y decisiones políticas o, también, le daría indicaciones útiles antes de emprender una nueva política pública o su reforma. De esta manera, el lobbying ciudadano permitiría igualar el acceso a los procesos de toma de decisiones, en línea con el principio de igualdad política mayormente olvidado en nuestro país. Este principio no solo se descuida, sino que se subvierte por completo: el poder político que cada uno de nosotros ejerce en la sociedad no es igual, no tiene el mismo peso, pero a nadie parece importarle. La desigualdad política no es más que la otra cara de la desigualdad económica.

De ahí la necesidad de grupos y movimientos que, no persiguiendo objetivos electorales —como Fridays for the Future—, sean capaces de participar y, por tanto, influir desde abajo en los reguladores. Actuando como enlaces (feedback loop) entre la sociedad y los cargos electos, llevarán a los partidos a adaptarse a nuevas formas de escucha y activación. Solo nuevas formas de participación podrán reactivar el imaginario colectivo y apoyar procesos virtuosos de cocreación junto a nuestros representantes, generando nuevas visiones de la sociedad hoy inimaginables.

Si España tiene un futuro democrático, este solo puede pasar por la revisión en positivo de un fenómeno percibido como sospechoso como es el lobbying; esto permitiría a la mayoría acercarse a ello, con consecuencias concretas sobre nuestras prácticas participativas, las interacciones con la administración y, por ende, sobre la misma cultura política que impregna la representación.

*Alberto Alemanno es el autor de The Good Lobby. El cambio social a tu alcance, Nola Editores, 2023, y fundador de la organización homónima con sede en Bruselas, París, Bilbao y Milán. Es profesor catedrático, titular de la cátedra Jean Monnet en la École des hautes études commerciales (HEC) de París, donde dirige el departamento de ciencias jurídicas, y profesor invitado en el Colegio de Europa de Brujas.