Los bomberos, por la Constitución

Frente a quienes aseveran que la Constitución está agotada, que no cabe otra opción que reformarla o ir hacia un proceso constituyente para erigir en su lugar otra nueva, los acontecimientos evidencian con la fuerza incontestable que solo a los hechos acompaña, que lo que está agotado es abusar de ella, tomársela como un coladero por el que puede deslizarse cualquier cosa con tal de respetar cuatro reglas formales; el viejo truco de acatar las formas para burlar los fondos. Y cuando digo los hechos, me estoy refiriendo a las necesidades efectivas de la vida, aquello que Maquiavelo llamaba verità effettuale delle cose. Y como prueba, baste solo un dato: la manifestación de bomberos que el martes recorrió las calles de Madrid pidiendo el urgente dictado de una ley marco del artículo 150. 1 CE.

Podríamos acudir a muchos otros ejemplos, pero el del martes es palmario en su sencillez. En medio de crecientes reclamaciones económicas de todos los sectores económicos del país, en medio de un panorama político cada vez menos comprensible, en medio de una realidad a cada momento más lábil, los bomberos españoles —todos nuestros bomberos— solo piden una cosa: una ley marco. Frente a la sobreabundancia de leyes, decretos leyes y normas de todo tipo que duermen la noche de los justos antes de nacer incluso, por su vacuidad o ineficiencia a priori, los bomberos españoles, titulares de un servicio público esencial, nos dicen que no soportan más el ejercicio separado del poder hacia el que una interpretación, a mi juicio unilateral y errada de la Constitución, pero en ningún caso la única posible, nos ha conducido. Y ¿qué es lo que está sucediendo para que los bomberos exijan acudir a la Constitución para poder ejercer su oficio?

Opinión

Hacia la extinción de la Constitución de 1978

José Antonio Zarzalejos

El artículo 150.1 de la Constitución se encuentra prácticamente inédito. No solo no ha sido empleado, es que prácticamente no ha sido estudiado por nuestra doctrina constitucional. La ley marco, que en este precepto se prevé, es un tipo normativo que permite coordinar el ejercicio de las competencias entre el Estado, las CCAA y los municipios. A su través, es posible que una competencia estatal (por ejemplo, la financiación del transporte urbano) se vea reglamentada de manera que los sucesivos gobiernos no puedan hacer en cada legislatura de su capa un sayo usando su potestad a modo de fondo de reptiles que favorezca sus respectivos intereses momentáneos (lo que viene sucediendo en los últimos tiempos con el transporte de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias en relación con el resto de España). A cambio de esta normativización de las atribuciones estatales, es posible introducir, a través de esa misma ley marco, una coherencia común de principios en las disposiciones de los distintos entes territoriales que les obligue a dotar sus disposiciones de una unidad de principio que impida la creación de compartimentos estancos que operan con total independencia, riego del que el gran teórico del federalismo Daniel Elazard nos había advertido en el momento de iniciar nuestra vida democrática.

Un ejercicio separado del poder frente al que, como ha demostrado la reciente pandemia, las conferencias sectoriales ministerios-CCAA nada pueden, habida cuenta de su carácter voluntario, es decir, de que allí no se decide, solo se habla, o mucho peor solo se escenifica. Algo que urge corregir con la introducción de mecanismos democráticos de coordinación cooperativa.

Nuestra Constitución no está agotada. En palabras de Calamandrei, en muchos sectores yace simplemente inattuata … y, por consiguiente, urge actuarla como nos advierten nuestros bomberos.

*Eloy García. Catedrático de Derecho Constitucional.